El Consell intenta frenar las críticas y envía a los cónsules la nueva LRAU

La Consejería de Territorio y Vivienda ha remitido a los cónsules en la Comunidad Valenciana el anteproyecto de la futura Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), documento que corrige la normativa vigente y refuerza los intereses de los propietarios de los terrenos ante la figura del agente urbanizador. Las "abusivas" expropiaciones desencadenaron hace dos años un movimiento de oposición a la LRAU que ha conducido a una carta de queja, suscrita por 17 embajadores de países europeos, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El titular de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, se ha hecho eco de la oleada de protestas que la normativa urbanística valenciana ha desatado en el colectivo de propietarios extranjeros residentes en la Comunidad Valenciana. El movimiento contra la LRAU surgió hace dos años en la comarca de La Marina Alta en torno a un grupo de propietarios extranjeros que constituyeron la plataforma Abusos Urbanísticos No.

Blasco, aparte de acceder a la demanda de ese colectivo de reformar la LRAU, también ha optado por una postura de diálogo. Según Blasco, el anteproyecto de la nueva LRAU ha sido consultado con un centenar de entidades y organismos, "entre los que se encuentran todos los consulados con sede en la Comunidad Valenciana, a los que se les ha remitido el anteproyecto", precisó el consejero en una nota de la Generalitat.

Blasco resalta que la nueva normativa recoge gran parte de las aportaciones, sugerencias y alegaciones que han presentado las diferentes asociaciones durante el período de exposición pública. El titular de Territorio y Vivienda asegura que la futura ley incluye los mecanismos suficientes para garantizar los derechos de los propietarios de los terrenos. "Con el nuevo texto, los propietarios del suelo podrán ejercitar sus derechos", afirma Blasco. "Una mala aplicación de la norma vigente desde 1994 ha producido efectos no deseados en beneficio e los urbanizadores".

Entre los mecanismos que el nuevo texto incluye para preservar los derechos de los dueños del suelo, el consejero de Territorio y Vivienda resalta una serie de disposiciones legales para garantizar la transparencia en la licitación de los planes, reforzar la protección de los deberes y fijar precios y compensaciones adecuados

Con todo Blasco, precisa que es una norma estatal -la Ley de Régimen Suelo y Valoraciones, vigente desde 1998- la que fija en exclusiva los derechos y deberes de los propietarios del suelo. "Por tanto, la nueva norma en ningún momento podrá eximir de los deberes ni modificar los derechos que les corresponden a los propietarios del suelo, por ser una competencia exclusiva del Estado", recalca el consejero.

El responsable de Territorio y Vivienda también salió al paso de las quejas de los propietarios extranjeros respecto a las cargas urbanísticas que impone la legislación española. "En relación con los países de nuestro entorno, no son [las cargas urbanísticas] ni mucho menos exorbitantes". Para Blasco, algunos países, entre los que citó al reino Unido, cuentan con legislaciones "más exigentes" y con un grado de discrecionalidad en favor de la Administración mucho mayor.