La familia en España: dos décadas de cambio

El pasado mes de junio, la Fundación Acción Familiar publicó su primer informe anual, con el título que encabeza este artículo, en el que distintos catedráticos y profesores expertos en la materia hacen un análisis de la realidad familiar española y de su evolución en los últimos 20 años. Pasada la etapa estival, es conveniente hacer una reflexión sobre las principales ideas y conclusiones que se deducen del citado informe, no por el hecho de su publicación, sino por el importante mensaje de clarificación de ideas y datos que contiene.

El primer aspecto a destacar es el hecho de que las personas que no forman parte de un hogar o familia representan únicamente el 0,7% de la población, no obstante lo cual nuestro país presenta importantes carencias en la política de familia.

La proporción de familias con ambos cónyuges empleados ha crecido notablemente

Una buena política de familia es aquella que la convierte en el centro de sus decisiones

La edad de creación de una familia, que comienza con el matrimonio, se ha retrasado en 4,2 años en los últimos 25 años y el número de hijos por mujer ha disminuido de 2,8 a 1,25. Sin embargo, a partir de 1993 la tasa de nupcialidad se ha mantenido prácticamente constante en cinco matrimonios por cada mil habitantes, no viéndose afectada ni por el coste de la vivienda ni por la precariedad del mercado laboral. Podríamos decir que "sigue estando de moda casarse".

España, por el contrario, tiene una de las tasas de fecundidad mas bajas del mundo y ello debe ser un especial motivo de preocupación de nuestra sociedad y uno de los aspectos más relevantes a abordar dentro de la política de familia.

Aunque la principal fuente de ingresos del 46% de las familias sigue siendo el trabajo por cuenta ajena, en un 36% de los hogares los ingresos proceden, mayormente, de pensiones (contributivas o no). Por su parte, el principal sustentador de las familias es un varón (en el 80% de los casos) ocupado (casi el 57% del total), de entre 36 y 55 años (más del 40% de los hogares), y con estudios de primer grado (el 38,5%). No obstante, destaca que más de cuatro millones de hogares (el 31% del total) tienen como sustentador principal a un jubilado.

La estructura de gasto de las familias españolas corresponde, en la actualidad, a los de una sociedad desarrollada con nivel de renta alto; entre 1991 y 2001, el porcentaje del gasto en alimentación, vestido y calzado ha pasado del 40% al 25%. Por otra parte, todas las mujeres han incrementado su participación en el mercado de trabajo; sin embargo, son las mujeres casadas las que más han cambiado sus patrones de actuación para buscar la conciliación simultánea y no secuencial entre el trabajo remunerado y el realizado en el seno de la familia.

¿Cuál es la actitud del cónyuge varón frente a esta nueva situación? Salvo excepciones, es mayoritariamente positiva, si bien en paralelo no se ha asumido un reparto igualitario en cuanto a las tareas del hogar. Es importante señalar que las mujeres que se dedican enteramente a la familia no presentan familias apreciablemente más numerosas frente a aquellas que compatibilizan ambos proyectos, pero sí se traduce en un adelanto de la edad de maternidad.

Una de las carencias que más destacan en nuestra sociedad es la poca extensión del trabajo a tiempo parcial y del teletrabajo, siendo éste una de las asignaturas pendientes de desarrollo adecuado en nuestra legislación laboral. Y lo mismo sucede con la flexibilidad de horarios. Ello hace que muchas familias opten por la interrupción de la carrera laboral de la mujer mientras los hijos son pequeños o al menos hasta el inicio de la actividad escolar.

La proporción de familias en las que ambos cónyuges tienen un empleo ha crecido sustancialmente durante los pasados años. No obstante, dado que en todos los países de la UE las nuevas madres han tendido a conciliar vida familiar y vida laboral, en un entorno más favorable, España continúa siendo el país donde menor proporción de familias hay en las que ambos padres están empleados (43%), incluso por debajo de Grecia, Italia e Irlanda (alrededor del 45%) y muy lejos del 70% o más que cabe encontrar en los países del centro y norte de Europa (además de Portugal). En España, por tanto, así como en los demás países del sur de Europa (a excepción de Portugal) e Irlanda, la proporción de familias con una sola fuente de renta son mayoritarias.

Aunque se haya producido una creciente y casi plena incorporación al mercado de trabajo de la mujer casada, las tareas del hogar y el cuidado de la familia sigue recayendo, casi en su totalidad, sobre ella. Existe la creencia de que por ello la mujer pierde más horas laborales que el hombre; sin embargo, la encuesta de tiempo de trabajo en España pone de manifiesto que las ausencias al puesto de trabajo no se producen fundamentalmente por maternidad, sino por incapacidad temporal, y son protagonizadas mayoritariamente por hombres.

Otro de los grandes temas que se abordan en el informe es el del grado de satisfacción alcanzado en las familias. Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (2002) pone de manifiesto que las familias monoparentales presentan un menor grado de satisfacción existencial que las familias biparentales. El grado de satisfacción con la vida familiar tiende a ser mayor que con la vida en general, tanto para las mujeres como para los hombres (aunque en mayor medida para éstos), y las personas separadas tienden a tener un menor nivel de satisfacción con su vida familiar que las divorciadas y viudas, y éstas, menor que las casadas o en pareja en los tramos centrales de la biografía familiar (25 a 55 años).

De las respuestas ofrecidas a través de la encuesta sobre calidad de vida en el trabajo se deriva que los niveles de satisfacción vital de hombres y mujeres trabajadores son similares, y en el caso de los varones la satisfacción es incluso algo mayor cuando la esposa tiene un empleo que cuando no lo tiene. Por tanto, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo no comporta por sí misma una reducción de la satisfacción general con la vida de los maridos; antes bien al contrario, una mejora en la misma, relación que se mantiene incluso cuando se controla por los ingresos del hogar, lo que evidencia que la mayor satisfacción no está asociada sólo con los mayores ingresos y la mayor capacidad de consumo que ello conlleva.

Por otra parte, aunque las mujeres casadas o en pareja y sin hijos que trabajan evidencian un grado de satisfacción existencial algo mayor que cuando tienen hijos, las diferencias no son muy grandes incluso cuando se controla por la fase del ciclo familiar, por lo que los eventuales problemas de conciliación de vida familiar y laboral, a diferencia de lo que sucede con la satisfacción con el trabajo, no se traducen necesariamente en una menor satisfacción con la vida en general. Las situaciones familiares más claramente asociadas con menores niveles de satisfacción vital son las familias monoparentales, tanto entre los varones como entre las mujeres.

Hasta aquí, los principales datos que se desprenden del informe.

Estamos empezando un nuevo ciclo político en el que se anuncian importantes reformas legislativas en el entorno de la familia; en el que las fuerzas económicas y sociales deberán abordar paquetes de negociación laboral que introduzcan reformas que aumenten nuestra productividad y en los que debería abordarse con serenidad y equilibrio el tema del trabajo a tiempo parcial y teletrabajo, y en el que se van a aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, a través de los que se definirán qué políticas y con qué medios se va a implantar la política de familia.

Parece por ello muy oportuno al recordar estos datos que hemos expuesto para reflexionar, colectivamente, sobre las políticas que deberían implantarse para satisfacción de ese 99% de españoles que de una manera u otra viven en familia.

Para ello nada mejor que recoger, en forma análoga a como se ha hecho para las sociedades cotizadas, un "código de buenas prácticas en materia de política de familia", que podría resumirse así:

1. Transparencia y claridad en establecer y explicitar los objetivos que se persiguen.

2. Evaluación periódica de los resultados alcanzados, para que la sociedad conozca quiénes son los beneficiarios reales de la política aplicada y cuáles han sido sus efectos sobre sus comportamientos.

3. Fomentar una clara cultura de familia como pilar de nuestra sociedad, sin que ello suponga olvidarse de otros colectivos minoritarios.

4. Atender prioritariamente a las familias más necesitadas, entre las que quizá se encuentren, con carácter destacado, las familias de los inmigrantes.

5. Ayudar a las familias con personas dependientes, facilitando, cuando sea posible, su permanencia en el hogar familiar.

6. Eliminar los obstáculos que impiden ejercer el derecho al trabajo de las personas -hombres y mujeres- y a la vez respetar todos y cada uno de los derechos de la unidad familiar y de los miembros que la configuran.

7. Implicar y comprometer a la sociedad civil -empresas, asociaciones sin ánimo de lucro, voluntariado, comunidades de vecinos, etcétera- en la mejora de la sociedad, ayudando a construir una sociedad más humana y solidaria.

8. Creer que la familia es el primer espacio de libertad en el que se desenvuelven los individuos y, por tanto, respetarlo limitándose a eliminar los obstáculos que existen para que pueda tomar decisiones libremente.

9. Reconocer el papel que juega la familia en el crecimiento económico y valorar su utilidad como espacio de redistribución de renta y riqueza.

En definitiva, una buena política de familia es aquella que cree que la familia es un elemento imprescindible para la permanencia y solidez de la sociedad y, por tanto, convierte a ésta en el centro de sus decisiones.

Enrique de Aldama es presidente de la Fundación Acción Familiar.