Valencia consintió vertederos ilegales junto a Mislata durante dos años

En el límite fronterizo entre Mislata y Valencia, justamente donde se dispensa metadona a los que acuden a diario al tristemente famoso "hipermercado de la droga", están instaladas las bases de tres empresas que hasta el sábado, en que el Ayuntamiento de Valencia decidió actuar, se dedicaban a la recogida y quema de escombros sobre suelo no urbanizable de especial protección agrícola.

Las tres mercantiles Secon, SA, Fabado, SL, y Transcric-Levante, SA, no tenían autorización para ello. A ésta última le fue denegado en 1994 mediante resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte por carecer de Declaración de Interés Comunitario, lo cual fue comunicado al Ayuntamiento de Valencia, que consintió la actividad después incluso de haber ordenado el cese inmediato hace más de dos años.

Y parece que la escombrera donde a diario se prendía fuego a cielo abierto a todo tipo de deshechos, PVC, tubos de silicona, plásticos etc. hubiera seguido su curso de no haber sido por la acción de ciudadanos como Humberto Bueno, portavoz de la Plataforma Antivertederos Mislata. Inicialmente, con el trasiego del traslado a su nuevo piso, a los pies del Parque de Cabecera, los vertederos incontrolados pasaron desapercibidos, pero en mayo le empezaron a "incomodar humos, dolores de cabeza y picor de ojos". A partir de ahí, lo denunció al Seprona, al Ayuntamiento de Valencia y a la Policía Autonómica. Consiguió los informes de varias consejerías sobre la ilegalidad de las estaciones de transferencias de residuos sólidos. Se hizo con las actuaciones de los servicios de bomberos en la zona, realizó fotografías y vídeos, consiguió más de 200 firmas, constituyó la plataforma reivindicativa y consiguió que L'Entesa presentara sendas mociones tanto en Mislata como en Valencia.

En ambos plenos todos los partidos aprobaron por unanimidad instar a la Consejería de Territorio y Vivienda a que proceda a la inmediata clausura de las instalaciones de tratamientos de residuos, exigiendo a las empresas la restauración de los daños causados por esta actividad. En una resolución aprobada en febrero de 2002 por el entonces teniente de alcalde, Miguel Domínguez, el Ayuntamiento ordenaba "el cese y desalojo inmediato de la actividad" por carecer de la licencia municipal. Dicho cese debía efectuarse al día siguiente y en la resolución se añadía que "será comprobado por la oportuna inspección" y de no hacerse "tal conducta podría ser constitutiva de delito de desobediencia a la autoridad tipificado en el Código Penal". Sin embargo, el cierre no se produjo. Se calcula que al día pasaban entre 70 y 80 camiones, cargados cada uno de ellos con una tonelada de residuos inertes que vertían en un triángulo de huerta franqueado por Mislata, el parque de Cabecera y el palacio de Congresos. Los vecinos esperan que una vez desmanteladas las empresas se repongan los terrenos para que no fermente la materia soterrada.