Algo más que una foto

DE LAS MENTIRAS y falsedades que se cuentan de la transición y que han acabado por circular como moneda corriente, una -la otra es la de calificar como amnésico un periodo en que no dejó de hablarse y publicarse sobre el pasado- consiste en atribuir la decisión de generalizar las autonomías a ciertos miedos y temores a los "poderes fácticos" que habrían obligado a diluir en un magma las reivindicaciones de los nacionalistas vascos y catalanes. En realidad, sin embargo, antes de que se iniciara el proceso, antes aún de la muerte de Franco, en los documentos elaborados por partidos y plataformas se reclamaba invariablemente, y designándola con esos términos, la autonomía para "todas las nacionalidades y regiones": amnistía y autonomía fueron las dos grandes banderas movilizadoras de aquellos años.

Se repetía así una historia iniciada en 1931, cuando los partidos de izquierda -incluida Esquerra- dispusieron de ilimitada capacidad de iniciativa para elaborar una Constitución democrática sin interferencias de mandos militares, obispos, banqueros o cualquier otro poder, fáctico o no, y con una derecha por completo desarbolada. En aquella ocasión, el resultado fue prácticamente el mismo que se pondría en marcha 47 años después. Más aún, si algo copiaron literalmente los constituyentes de 1978 de la Constitución de la República fue lo relativo a la organización territorial del Estado cuando atribuyeron a "las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes" el derecho a constituirse en Comunidades (regiones en 1931) Autónomas.

De manera que la transición reanudó el proceso de construcción de un Estado autonómico exactamente donde había quedado truncado por la Guerra Civil y la dictadura. Y no es extraño que así fuese porque por muchas vueltas que se den -y por mucho que un historicismo esencialista haya pretendido basar en unas identidades singulares e "infungibles", depositarias de "derechos históricos", un pacto entre cuatro naciones: catalana, vasca, gallega y española-, es impensable que una entidad llamada Estado español, cuando pretende constituirse como Estado democrático, reconozca el "hecho diferencial" gallego, vasco o catalán sin reconocer al mismo tiempo, aunque fuera de otra manera, el navarro, el canario, el andaluz, el aragonés... Así ocurrió en 1873, así de nuevo en 1931, así por última vez en 1978.

Sólo que la Constitución de 1873 se quedó en proyecto, la de 1931 fue arrasada por la guerra y únicamente la de 1978 ha gozado de suficiente fortaleza para expandir todas sus potencialidades: 25 años han cumplido los estatutos de autonomía vasco y catalán que sólo ella hizo posibles. Es tiempo más que suficiente para tomar nota de que éste es el único Estado que, desde la revolución liberal, ha conseguido un razonable grado de eficacia y estabilidad sostenido en una Constitución democrática. Es hora también de que se robustezca en todos sus ciudadanos la convicción de que éste es el Estado, con las reformas constitucionales que sea menester, llamado a perdurar. Y como lo es, poner manos a la obra en todo aquello que contribuya a aumentar su eficacia a la vez que se refuerza la participación del conjunto de comunidades en la elaboración de sus políticas.

En esa dirección, la mera celebración, por vez primera en la historia del Estado español, de una Conferencia de Presidentes de los diversos territorios que lo componen es una excelente noticia. La foto vale, al menos, una página en cualquier futuro libro de historia: que haya sido necesario el transcurso de un cuarto de siglo para sacarla, que un presidente haya mantenido hasta el final la incertidumbre sobre su asistencia, que otros hayan pretendido hacerla naufragar por medio de la presentación de un documento alternativo, partidista y, por tanto, divisorio, y que al fin se haya celebrado con mejor resultado del previsto prueba bien su alcance histórico. Pero prueba también la existencia de dificultades y obstáculos para poner en marcha lo que el Estado está pidiendo a gritos: la sustitución, en todo aquello que afecte a su conjunto, de las relaciones bilaterales entre el Gobierno central y cada uno de las comunidades autónomas por una institucionalizada relación federal.

Instituciones federales más que fotos presidenciales será lo que se necesite a partir de ahora para garantizar el desarrollo del Estado surgido y afianzado gracias a la Constitución de 1978. Pero, en fin, habiendo costado 25 años obtener la foto, habrá que conservarla como oro en paño hasta que la rutina vaya depositando sobre su superficie la pátina que sólo da el tiempo. ¿Te acuerdas?, preguntará alguien entonces: fue hace 25 años cuando de una foto presidencial salió una institución federal. A ver si es verdad.