¿Nuevo pucherazo en Florida?

El estudio efectuado por los ex presidentes Jimmy Carter y Gerald Ford, encaminado a introducir los cambios necesarios para perfeccionar el sistema electoral estadounidense, tras la desastrosa experiencia del año 2000, se tradujo, entre otras cosas, en la Ley Help America Vote Act, aprobada por el Congreso en 2002. Sin embargo, increíblemente, y pese a los 3.900 millones de dólares asignados por dicha ley a la mejora de los sistemas de voto y escrutinio, tales reformas han sido insuficientes, tardíamente aplicadas y prácticamente nulas en ciertos estados de la Unión. El país que encabeza a gran distancia los avances científicos y tecnológicos, la cuna de la informática y de la automatización, el alma máter de Internet y demás prodigios del silicio, se muestra sospechosamente incapaz de desarrollar un sistema moderno, unificado, fiable, de rápida y segura computación, que permita contabilizar sin lugar a dudas el número de votos obtenidos por cada candidato presidencial.

Jamás hubo un fraude electoral tan obsceno como el de las elecciones de EE UU en 2000

En estas condiciones, la desgracia de una "muy probable repetición" -nada menos- del vergonzoso proceso electoral de noviembre de 2000 es anunciada públicamente a la sociedad norteamericana, y no por un cualquiera: lo ha dicho y escrito el hombre que más sabe de procesos electorales dudosos, amenazados por la falsedad y la manipulación, y que no es otro que el ex presidente demócrata Jimmy Carter, especializado en supervisar, con los expertos de su Carter Center, los procesos electorales más conflictivos que puedan celebrarse en cualquier problemático lugar del planeta.

Pero antes de seguir recordemos, aunque sea brevemente, aquellos increíbles errores y horrores -involuntarios los primeros y absolutamente voluntarios los segundos- cuya repetición se nos anuncia como posible e incluso como "muy probable" cuatro años después. El mundo ha conocido cientos de fraudes electorales. Pero jamás uno tan inaudito, tan obsceno, como el perpetrado en las elecciones presidenciales estadounidenses del 7 de noviembre del año 2000. Mientras se proclamaba a George W. Bush triunfador oficial en el Estado de Florida por el raquítico margen de 537 votos, al mismo tiempo y en el mismo Estado, sólo en el condado de Palm Beach, nada menos que 22.537 ciudadanos ponían el grito en el cielo, reclamando con toda justicia la repetición del acto electoral en aquella circunscripción (posibilidad prevista por la ley) por el falseamiento de su voluntad de voto, motivado por un tipo de papeleta propicia a la confusión. Confusión que les hizo votar a otros candidatos cuando su voluntad era votar a Al Gore. Obsérvese la proporción: más de 22.000 voluntades de voto violentadas, deseosas de votar a un candidato concreto -y exigiendo la oportunidad de hacerlo- frente a esos supuestos 537 votos favorables a otro distinto candidato en el falso balance general del Estado de Florida. Falso balance que le otorgó su triunfo, igualmente falso, en el conjunto de la Unión.

Análogamente, se impidió completar el recuento manual de los miles de votos que las máquinas no pudieron contabilizar por sus perforaciones imperfectas, pero cuyas marcas y señales -orificios incompletos, deformación curva del papel por presión insuficiente, marcas con lápiz o bolígrafo, etcétera- dejaron, en muchas de ellas, la muestra inequívoca de la intención del votante. Pero cuando se inició el recuento manual de las 10.750 papeletas dudosas del condado de Miami-Dade, los resultados obtenidos en aquellos sucesivos intentos -interrumpidos repetidamente por las autoridades republicanas locales- mostraron la irresistible tendencia hacia el resultado real: el insoslayable triunfo de Gore. Cuando tales recuentos fueron finalmente frustrados por la Corte Suprema Federal, aquella falsa ventaja de 537 votos de Bush sobre Gore en toda Florida había descendido, primero, a 383; después, a 154, y al producirse, poco rato después, la anulación definitiva de todos los recuentos, estaba ya situada por debajo de 100. La evidencia era incontestable: la continuación del recuento significaba la victoria imparable de Gore. Sólo su interrupción permitía mantener la ficticia victoria de Bush. Fue entonces cuando llegó la orden de anulación final del recuento, que permitió la falsa proclamación de Bush como ganador, con aquellos 537 votos de ventaja oficial, cuya falsedad era ya -y sigue siendo- un dato histórico para la vergüenza nacional e internacional. El resultado final fue patético: ni recuento, ni repetición. Se asumió el resultado falso, aun a sabiendas de su falsedad.

El ex presidente Carter explica la actual situación con toda crudeza, señalando una serie de factores tan alarmantes como los siguientes: "En Florida", afirma, "faltan algunos requisitos internacionales básicos para una elección justa". "En Florida", añade, "no existe una comisión electoral independiente". Y, al amparo de esta carencia, "los funcionarios electorales de Florida han demostrado ser extremadamente partidistas". Concretando, Carter señala a la actual secretaria de Estado de Florida, Glenda Hood, como radicalmente escorada a favor de Bush, en el mismo grado de sectarismo y tendenciosidad que demostró en sus decisiones su antecesora en el año 2000. Porque, en efecto, ¿quién era la persona a la que correspondía en el 2000 la responsabilidad de supervisar las elecciones en Florida, y cuyas decisiones favorecieron desvergonzadamente a Bush? Era la señora Catherine Harris, que, curiosa coincidencia, era al mismo tiempo la presidenta del comité electoral Bush-Cheney. Ante esta acumulación de factores adversos a unas elecciones fiables, Carter reprocha al gobernador del Estado de Florida no haber actuado enérgicamente en estos últimos cuatro años para corregir todas estas deficiencias. Pero, ¿quién es ese gobernador? Nueva coincidencia: se trata, como es sabido, de Jeb Bush, el hermano del presidente que resultó escandalosamente beneficiado por aquella situación. Y que ahora, en otra situación muy próxima también al empate técnico, podría verse igualmente favorecido por otras actuaciones sumamente similares del mismo aparato electoral y funcionarial.

Lo cierto es que sobre la sociedad norteamericana planea la frase lapidaria del ex presidente Carter: "El hecho perturbador es que resulta muy probable la repetición de los problemas del 2000 incluso cuando muchas otras naciones llevan a cabo elecciones certificadas internacionalmente como transparentes, honestas y justas". Una vez más se impone la pregunta ineludible: Cui prodest? ¿A quién le conviene esa ausencia de unas elecciones transparentes, honestas y justas? Sólo a aquel que hace cuatro años se hizo proclamar presidente impidiendo la transparencia y recurriendo a la injusticia y la deshonestidad, y que nuevamente podría volver a hacerlo apoyándose en las mismas fuerzas que entonces le apoyaron en su usurpación del poder.

¿Por qué el Estado de Florida sigue siendo precisamente el más carente de esos "requisitos internacionales básicos" para un proceso electoral justo y garantizado? ¿Por qué su mecanismo electoral sigue siendo diferente al de muchos otros estados de la Unión, incluso con grandes diferencias entre los distintos condados del mismo Estado, conservando métodos tan tremendamente atrasados e inseguros como la perforación de las papeletas? Pues porque puede ser precisamente allí, en Florida, donde se decida, por un mínimo margen de votos -y como tal fácilmente falsificable-, el resultado final de toda la nación.

A ese núcleo sectario y ultrapartidista que controla el aparato electoral en Florida no le conviene un sistema electoral moderno, sólido y transparente, de imposible falsificación. Con tal sistema, Bush no hubiera llegado a la presidencia en el año 2000. Y ahora, cuatro años después, puede muy bien volver a beneficiarse de las mismas deficiencias, de la misma carencia de sistema unificado, del mismo sectarismo partidista de las autoridades locales republicanas, en unas elecciones que, como entonces, pueden volver a ser manipuladas y falseadas, para desgracia de su país y de gran parte de la humanidad. En definitiva, si el resultado total volviera a depender de Florida, que Dios les coja confesados. Y a nosotros, también.

Prudencio García es investigador y consultor internacional del INACS, y premio de Investigación Ateneo de Madrid 2004.