El Athletic pasa en tres meses del superávit a la quiebra

Lamikiz intenta forzar que la Liga ejecute los avales de la anterior junta

La asamblea de socios del Athletic se enfrenta hoy a la decisión más complicada de los 106 años de historia del club. El nuevo presidente, Fernando Lamikiz, ha reformulado las cuentas presentadas por la junta anterior, concluyendo en un déficit de 11,8 millones de euros, frente a un superávit de casi 300.000 euros. Si se aprueba la tesis de Lamikiz, la LFP podría ejecutar, por vez primera, los avales de los anteriores directivos rojiblancos.

El detonante es un fraude fiscal iniciado hace nueve años, cuando Lamikiz era directivo

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A 30 de junio de 2004, fecha legal de rendición de ejercicio contable, la Junta Directiva que había presidido Ignacio Ugartetxe liquidaba las cuentas del ejercicio con un superávit de 287.461,50 euros. Las cifras contaban con el beneplácito de la Liga de Fútbol Profesional y de la auditoría externa. Tres meses después, el escándalo se ha instalado en Bilbao con una presunta deuda creciente, un delito fiscal contra la Hacienda vizcaína y la amenaza de ejecución de los avales de la anterior Junta directiva para afrontar el déficit.

Según las cuentas del nuevo presidente, Fernando Lamikiz, el ejercicio 2003/04 se saldó con un déficit de 11,8 millones de euros. Lo curioso del caso es que dicha reformulación ha sido auditada por la misma empresa, Auditoría Macua (que ha realizado habitualmente las auditorias del Athletic), que un mes antes dio el visto bueno a las cuentas de la anterior Junta Directiva. "La aparición de nuevos papeles y datos explican esa situación", comentan desde la nueva Junta, pero lo cierto es que los nuevos dirigentes del Athletic se dirigieron a cinco empresas auditoras de prestigio y todas se negaron a reauditar las cuentas realizadas por otra empresa. Según expertos en auditoría, el argumento de "los nuevos papeles" no eximen a la empresa, obligada a conocer algo tan obvio como los contratos de los futbolistas, el principal capítulo de gastos del club.

Lamikiz ya ha anunciado que no quiere incluir esa deuda anterior en los avales que deberá soportar su Junta directiva (el 15% del presupuesto, según establece la Ley del Deporte) y reclama a los anteriores dirigentes que mantengan en vigor los suyos (que oficialmente vencen el 5 noviembre) en tanto se regulariza la situación.

La guerra de las cifras ha sido precedida de una batalla mediática en la que el déficit señalado por la actual Junta ha ido creciendo día a día. En algunos medios se ha llegado a hablar de una deuda general del club de 27 millones de euros y con un déficit de 4.818.017,18 en los fondos propios de la entidad (frente a una cifra positiva de unos 7.000 millones en las primeras cuentas). De ser cierta esa situación, el Athletic, como sociedad, estaría en quiebra rotunda. "Yo no he dicho ni que el Athletic acumule una deuda de 27 millones de euros, ni que se encuentre en quiebra", afirma Lamikiz, que sin embargo sí ha presentado esas cifras.

Respecto al balance del anterior ejercicio, el desfase entre las cuentas de Ugartetxe y las de Lamikiz se basa en tres conceptos. Lamikiz incluye como gasto de ese ejercicio la reclamación de Hacienda (unos 7 millones de euros) al club por el delito fiscal cometido al declarar sólo los ingresos netos de muchos jugadores y no los ingresos brutos, aunque el requerimiento llegó el 3 de septiembre, posterior a la liquidación. La segunda medida de Lamikiz ha sido borrar del ejercicio de ingresos los 3,3 millones contabilizados como derechos de formación de algunos jugadores, un ardid contable que, sin embargo, recibió el visto bueno de la LFP (y que ya ha sido utilizado por otros clubes). El tercer aspecto se relaciona con un millón de euros recibidos de Audiovisual Sport como premio a la consecución de una plaza en la Copa de la UEFA, que Lamikiz entiende que debe imputarse al actual ejercicio.

La teoría de cuanto peor, mejor parece haberse instalado en una parte del entorno rojiblanco. Los actuales rectores apelan a la transparencia como única guía de esta actuación, los anteriores creen que se está creando una cortina de humo "para que el nuevo presidente construya su imagen de salvador del equipo, salvador, en realidad, de un problema inexistente".

Pero el asunto ha crecido. La LFP, presidida por José Luis Astiazaran (presidente de la Real Sociedad), puede decidir el 4 de noviembre si ejecuta o no los avales, que ascienden a siete millones de euros, una decisión complicada si hoy los socios dan la espalda a Lamikiz, pero muy probable si le apoyan. Ni la LFP, ni el Athletic han ejecutado jamás los avales de una junta Directiva. El Athletic quedaría a los pies de los caballos, con un notable perjuicio en su imagen. "Está claro que se está practicando la teoría del terror", afirman en la anterior Junta.

Vidas paralelas

José Luis Bilbao, actual Diputado General de Vizcaya, y Fernando Lamikiz, presidente del Athletic, nunca ocultan su amistad. Ni siquiera a raíz de que la Diputación vizcaína requiriese al Athletic por un fraude fiscal de unos 7 millones de euros. A los pocos días, José Luis Bilbao se sentaba en el palco de San Mamés junto a su amigo Lamikiz. Entre ambos instrumentan un pago diferido que bien pudiera dilatarse durante 15 años.

En 1993, José Luis Bilbao, entonces diputado de Presidencia de dicha institución, impulsó lo que se llamó el caso Azpiegitura, una presunta estafa en la construcción de una sede de la institución foral, que acabó con algunos imputados en la cárcel y luego absueltos (salvo un constructor) por el Tribunal Supremo. La Diputación perdió el caso -fue obligada a pagar las millonarias costas del juicio- y aún tiene pendientes posibles reclamaciones de daños y perjuicios de aquellos imputados. El abogado privado de la Diputación fue Fernando Lamikiz, que cobró de esta institución las costas millonarias por su trabajo. Ambos perdieron, pero una década después, José Luis Bilbao ascendió (electoralmente) a la categoría de Diputado General y Lamikiz a la categoría de presidente del Athletic.

Bilbao, que ha hecho de la campaña contra el fraude su leit motiv, se ha revuelto contra el Athletic, al que su antecesor (siendo él diputado de Presidencia) le concedió seis millones de euros por un discutible convenio. Curiosamente, el Athletic comenzó su fraude fiscal (declarar ingresos netos y no brutos de algunos de sus jugadores, los más caros), hace 9 años, con el contrato de Julen Guerrero. Es decir, la Diputación no conocía esta práctica fraudulenta, que se inició cuando Lamikiz era directivo del Athletic, siendo José María Arrate presidente. Ahora, casualmente, aquel mandato ha prescrito fiscalmente, aunque no en su vertiente judicial que sube de tres a cinco años. Cuando se inició el fraude era diputado de Hacienda Iñaki Goiri, luego casualmente directivo del Athletic, con José María Arrate. Toda esa época ha quedado exenta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 27 de octubre de 2004.

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