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Un juez investiga la pérdida del sumario de la contaminación del Segura

El Juzgado afirma que envió la causa a la Audiencia por mensajería y la empresa lo niega

El Juzgado de Lo Penal 1 de Orihuela investiga la desaparición del extenso sumario sobre el caso de los vertidos al río Segura, en el que están imputados el ex presidente de la Confederación Hidrográfica, el ex comisario de Aguas y once empresas. Después de tres años de instrucción en Orihuela, el juez sostiene que en diciembre de 2003 ordenó el envío de la causa a la sección séptima de Audiencia de Alicante, con sede en Elche, a través de una empresa de mensajería, pero ésta nunca llegó a su destino. La empresa aseguró ayer, en cambio, que no fue requerida para ese servicio.

La desaparición de la causa sobre la contaminación del río Segura, un asunto de gran impacto social en la comarca de La Vega Baja por su carácter medioambiental, ha obligado al titular del Juzgado de Lo Penal 1 de Orihuela a abrir una investigación. No obstante, según garantizó ayer el juez, existe una copia de la documentación. El extravío ha supuesto un nuevo episodio que contribuye a dilatar en el tiempo un proceso que se prolonga ya tres años.

El anterior Juzgado de Instrucción número 6 de Orihuela, actualmente convertido en el número 1 de Lo Penal, ordenó remitir el extenso sumario, [compuesto por más de diez tomos con miles de folios], a la Sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche. Según fuentes judiciales, la orden de traslado de los legajos data del 3 de diciembre de 2003. Pero ahora, diez meses después, la Audiencia de Alicante sigue sin recibir la documentación.

Durante los diez meses que permanece perdida la causa nadie, ni si quiera el fiscal responsable de delitos medioambientales y personado en la causa, Ricard Cabedo, se interesó sobre el retraso del procedimiento. Sólo la insistencia ante la Audiencia de la acusación particular, la comisión Pro-Río, para conocer el estado del procedimiento, destapó el asunto.

El traslado fue realizado supuestamente por la empresa Crono Express, firma de ámbito nacional contratada por la Consejería de Justicia para trasladar la mercancía de gran envergadura. El jefe de operaciones de la delegación de Alicante aseguró ayer, sin embargo, que "no existe constancia de que la firma recibiera el encargo desde el juzgado de Orihuela". En cualquier caso, el responsable de la firma reclamó el albarán al órgano judicial para descubrir si hubo error en la entrega del paquete. "Hemos comprobado los reenvíos desde el uno de diciembre hasta el 21 de ese mismo mes y no consta", dijo. El juzgado, por su parte, carece de justificante que acredite el envío de la documentación a través de Crono Express.

La pérdida de la documentación fue calificada ayer de "extraña" por el fiscal Cabedo: "Por su volumen es complicado de perder", dijo. El portavoz de Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, reprochó al fiscal su "dejadez" en el caso, y le acusó "de falta de celo" por su parte. Para Muñoz Grau, no es lógico que como parte personada en el proceso Cabedo no "se preocupe" del desarrollo del mismo. En opinión de Pro-Río, "la desaparición cuestiona a la justicia en una zona donde ya está muy cuestionada en lo relacionado con el envenenamiento del Segura". Según Muñoz Grau, varios procesos han debido abrirse en Madrid por la "inactividad" del fiscal en las provincias de Alicante y Murcia.

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Copia de seguridad

Una simple visita por las inmediaciones del río Segura, a su paso por La Vega Baja, fue suficiente para sensibilizar a Francesca Martínez, la "única" juez que "se atrevió" a abrir de oficio, en 1998, una investigación para dirimir responsabilidades sobre la contaminación del cauce. Martínez, titular entonces del Juzgado de Instrucción número 6 de Orihuela, desafió múltiples presiones políticas y empresariales y, al contrario que otros colegas, se enfrentó a un complicado asunto rodeado de "oscuros intereses". Su persistencia le llevó a seguir adelante con las acusaciones al entonces presidente del CHS, Juan Cánovas, y al comisario de Aguas, pese a que el fiscal del caso, Ricard Cabedo, retiró la acusación. El celo de Francesca Martínez, ante "las extrañas circunstancias" que, según la comisión Pro-Río, siempre han envuelto a este proceso, le llevó a realizar una copia del sumario, una práctica poco habitual en los juzgados de instrucción. Ahora, esta copia garantiza la continuidad de un proceso, que se instruye desde hace tres años. El abogado de la acusación particular garantizó ayer que no existe riesgo inminente de que ninguno de los delitos imputados prescriban debido a la dilación en el proceso judicial.

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