La policía detiene en Jaén al jefe de la Oficina de Extranjería por supuesta extorsión a inmigrantes

La policía ha desarticulado en Jaén una supuesta red dedicada a la extorsión de inmigrantes, a los que cobraban entre 3.000 y 6.000 euros por acelerar la tramitación de sus permisos de residencia. La investigación, que se inició antes del verano tras la alerta dada por el sindicato CC OO, ha permitido, por el momento, la detención del jefe de la Oficina de Extranjería, J. B. S., y de un marroquí residente en Jaén que, al parecer, era el que captaba a las víctimas.

El jefe de la Oficina de Extranjería, J. B. S., fue detenido la tarde del martes y ayer mismo fue interrogado por la policía a la espera de pasar a disposición del Juzgado número 2 de Jaén, que mantiene abierto el secreto de sumario de este caso desde el pasado 23 de septiembre. La detención del ciudadano marroquí se produjo el lunes y también se espera que pase a disposición judicial en las próximas horas.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Fernando Calahorro, compareció ayer para anunciar que, al tener conocimiento de la detención del funcionario, ordenó el cese fulminante "por pérdida de confianza" del mismo, aunque matizando que "dejaba a salvo su presunción de inocencia".

Calahorro desvinculó también "de cualquier indicio de sospecha" a la Oficina de Extranjería de Jaén, que ayer mismo siguió funcionando con normalidad a la espera de contar en las próximas horas con un nuevo responsable.

Fuentes policiales informaron que se están investigando si el funcionario, de cuya detención informó ayer el diario Jaén, habría incurrido en los delitos de falsedad, cohecho, prevaricación y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Al parecer, las pruebas de la policía se habrían obtenido tras intervenir los teléfonos de los detenidos.

Fue el sindicato Comisiones Obreras el que puso en alerta a la policía hace varios meses al recibir las quejas de varios inmigrantes que aseguraban ser víctimas de extorsiones para acelerar su regularización.

El secretario provincial de CC OO, Miguel Ángel Soto, informó de que estas supuestas víctimas accedieron a denunciar los hechos y aprovechar así el actual marco legal que les ayuda a regularizar su estancia en España si colaboran con la policía. "Les pedían entre 4.000 y 6.000 euros para tramitarles sus permisos con celeridad y hasta 3.000 euros para renovarlos", indicó Soto, quien calificó de "trama de corrupción mafiosa" la red desarticulada. Según el dirigente sindical, en la trama existía un "corredor lucrativo", puesto que "algunos profesionales tenían en la Oficina de Extranjería un trato preferente", por lo que sospecha de que puede haber más implicados.

Miguel Ángel Soto explicó que el sindicato empezó a sospechar sobre supuestas irregularidades al comprobar cómo a muchos inmigrantes que accedían a la Oficina de Extranjería con la documentación en regla "se les retrasaba cada vez más la tramitación" y a otros "se les negaba pese a tener toda la documentación entregada". Por el contrario, tenían conocimiento de que a otros inmigrantes se les concedían los permisos "a una velocidad sospechosa".

Soto denunció la "actitud miserable de los que explotan a los que menos tienen y se aprovechan de su situación irregular".

La Abogacía del Estado ha anunciado su intención de personarse en la causa abierta contra el funcionario, mientras que la Fiscalía no adoptará una decisión hasta que reciba las diligencias instruidas por la policía.

Calahorro, destacó ayer la "diligencia y eficacia" con la que se ha actuado desde que se tuvo conocimiento de la denuncia.

No obstante, Calahorro expresó su "confianza" en los funcionarios de la Oficina de Extranjería y abogó por preservar la presunción de inocencia del funcionario detenido, que llevaba un año y medio al frente de este departamento adscrito a la Administración central. "No queremos hacer juicios de valor pensando en presunción de inocencia", declaró Calahorro, tras admitir que hace un mes se le comunicó la apertura de diligencias por esas presuntas irregularidades.