El Gobierno trasladó al Superior que tenía previsto "liquidar" este año las cámaras de la Propiedad Urbana

El Gobierno se comprometió ante el Tribunal Superior vasco a "liquidar" las cámaras de la Propiedad Urbana antes de finales de este mismo año. El acuerdo para liquidarlas se produjo en septiembre de 2003, en una reunión entre los departamentos del Gobierno afectados, presumiblemente los de Hacienda y Vivienda, según relata la Administración vasca en un documento judicial, y a partir de ese momento el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe encargó a un auditor que estudiase el proceso.

El acuerdo fue trasladado al Tribunal Superior cuando éste recriminó al Ejecutivo en mayo pasado que después de 16 meses no había cumplido una sentencia en la que le obligaba a convertir en funcionarios a varios trabajadores de las cámaras.

El Gobierno solicitó en su escrito de respuesta más tiempo para cumplirla y explicaba al Superior que, además de la decisión de liquidar las Cámaras, había desarrollado un borrador de decreto que tenía previsto aprobar antes de finales de año. Curiosamente, este año se cumple una década desde que el Gobierno central aprobase un real decreto que obligaba a liquidar las cámaras, a asumir su patrimonio como público, y a convertir en funcionarios a sus trabajadores. Después de diez años, el Gobierno vasco no ha aprobado el decreto cuyo borrador remitió al Superior. El Departamento de Vivienda ni siquiera ha prorrogado desde 1997, a través del Boletín Oficial, el mandato de los miembros de las Juntas de Gobierno que fueron elegidos en 1988 para cuatro años, y todavía siguen, después de casi tres lustros.

En diciembre de 2003, el Gobierno recibió el informe de una importante auditora sobre la situación económica, financiera, patrimonial, y de actividad de las cámaras en el que se ponen de manifiesto importantes deficiencias en la gestión de las de Vizcaya y de Guipúzcoa. En 2002, estas dos cámaras perdieron 886.000 euros, sobre un patrimonio total de 18 millones. Aunque las cámaras han perdido parte de sus funciones, los sueldos de sus máximos responsables ascienden a entre 78.000 y 120.000 euros anuales.