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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Código televisivo

El acuerdo entre las cadenas de televisión y el Gobierno para redactar un código de conducta que proteja a los niños frente a la telebasura -la zafiedad de algunos programas llamados rosas, la violencia gratuita, el lenguaje degradado y degradante, el tratamiento morboso de temas sexuales- es un paso en la buena dirección. Pero llamarlo corregulación parece excesivo. Debe evitarse toda connotación que implique censura o autocensura. Tras la reunión ayer con las tres cadenas privadas nacionales, la vicepresidenta Fernández de la Vega aseguró que "el Gobierno no va a entrar a programar". Sólo faltaría.

Hay una ley nacional y europea que cumplir y que ya contempla la limitación de este tipo de emisiones a la franja horaria entre las diez de la noche y las seis de la madrugada. Las cadenas, incluidas las públicas, deben acatar esta regulación. Debe contribuir a reforzarla este código que un comité integrado por operadores y administraciones ha de redactar en las próximas semanas para que entre parcialmente en vigor, como pretende el Gobierno, antes de Navidad.

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La protección de niños y adolescentes -y de todos los consumidores de televisión- debe ser una prioridad dada la degradación a la que se ha llegado en algunos casos. Pero hay que ser sumamente cuidadoso con la preservación de la libertad y pluralidad de la información. La manipulación informativa es un mal antidemocrático frente al que nadie está inmunizado. Desgraciadamente, hace tiempo que la realidad que reflejan los telediarios es más terrible que muchas ficciones. Y la formación de los niños implica que conozcan también en qué mundo viven.

El código de conducta deberá ser juzgado a la luz de estos principios y de la propia concreción de esas líneas rojas a no cruzar por los operadores en horario de máxima audiencia infantil. Las televisiones públicas son las que mejor pueden marcar una pauta, como propone la propia directora general de TVE. La creación de una comisión de operadores y de usuarios con capacidad de denunciar los eventuales incumplimientos de lo pactado sólo puede ser temporal, a la espera del urgente consejo audiovisual independiente. De haber existido, el pacto de ayer no hubiera sido necesario.

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