Los pasaportes de la UE tendrán un 'chip' con datos y huellas dactilares

Los pasaportes de la Unión Europea (UE) incorporarán un chip con datos biométricos faciales y huellas dactilares para incrementar la seguridad del documento y garantizar la vinculación entre titular y portador del pasaporte, según el acuerdo adoptado ayer por los ministros de Justicia e Interior comunitarios. Los ministros también acordaron crear una agencia de gestión de fronteras, pero no pudieron superar las objeciones de Chipre, Grecia y Malta al establecimiento de una política de sanciones común contra los vertidos marinos.

La Unión ya aceptó en junio la idea de introducir en sus pasaportes un chip con datos biométricos faciales, que además de la fotografía incluirá datos descriptivos del rostro, aunque el retrato convencional no desaparecerá en el nuevo documento. Se ofreció entonces a los Gobiernos la posibilidad de introducir un segundo elemento identificador, y ayer se decidió que en el chip lleve también una huella dactilar. España defendió esta idea con el argumento de que las fotografías generan un 30% de errores o indefiniciones que quedarán superados con las impresiones dactilares. Además de ser más fiables, las huellas se pueden contrastar con bases de datos en todos los países.

El plazo máximo para incorporar los nuevos datos es de 18 meses para los faciales y de 36 meses para los dactilares, a contar desde la entrada en vigor de la medida, lo que debería ocurrir entre finales de noviembre y primeros de diciembre. "No hemos consultado con Estados Unidos" para la adopción de los acuerdos, señaló el ministro de Justicia holandés, Johannes Remkes, quien subrayó que al introducir un segundo elemento se va más allá de lo que Estados Unidos pedía. Ahora, a quienes viajan a Estados Unidos se les fotografía y toma las huellas dactilares al llegar a los puertos de entrada si proceden de países que están exentos de visado, como España. Los nuevos pasaportes eliminarán ese proceso.

Los ministros decidieron también dotar a la Unión a partir del próximo 1 de mayo de una nueva Agencia de Gestión de Fronteras, que formará funcionarios, ofrecerá apoyo logístico a los Estados y ayudará al retorno de los inmigrantes irregulares. Luchan por ser sede de la agencia Polonia, Hungría, Estonia, Malta y Eslovenia. El Consejo Europeo de diciembre dirimirá la pugna.

También deberán los jefes de Estado y de Gobierno decidir, bien en el Consejo del 4-5 de noviembre o en el de diciembre, sobre la adopción de un plan de sanciones contra la contaminación marina producida por barcos con bandera de la Unión. Chipre, Grecia y Malta se niegan a aceptar lo que quieren todos los demás: dar al mundo un modelo de sanciones penales que incluye penas de cárcel de hasta 10 años, según la gravedad de los daños, y multas que pueden partir de un mínimo de 1,5 millones de euros para los responsables de barcos que contaminen. Alegan estos tres países que sus economías dependen en muy alta medida del negocio marítimo (en el caso de Grecia, con mayores aportes que los del turismo) y que no pueden aceptar un enfoque concebido y apoyado por países sin tradición o sin grandes intereses navales.

Según ellos, las sanciones a imponer a los barcos de la UE recaerían, por la pura lógica de los números, en buques que ondean sus pabellones nacionales. En consecuencia, para evitar las onerosas sanciones, los armadores de terceros países optarán por registrar sus naves en países de fuera de la Unión, dañando gravemente a las economías de los tres pequeños países mediterráneos.

La presidencia holandesa señaló que es un debate político que debe ser decidido por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión.