Un Estatuto mirando al futuro

El próximo día 25 de octubre vamos a celebrar el 25º aniversario del referéndum que aprobó el Estatuto de autonomía de Cataluña. Se trata sin duda del periodo más fructífero de nuestra historia contemporánea. Hoy, en circunstancias históricas muy diferentes, nos encontramos ante el reto de elaborar un nuevo Estatuto para la Cataluña de los próximos años, que como en 1979 requerirá de amplios consensos y de la movilización social.

Un nuevo Estatuto porque el aprobado hace 25 años ya no responde a la Cataluña de hoy; porque nos encontramos ante realidades sociales nuevas como la inmigración, las tecnologías de la información y la comunicación o la sostenibilidad ecológica, y realidades políticas como la Unión Europea, que hace 25 años no se planteaban; porque la práctica de estos años pone en evidencia que las competencias de que dispone Cataluña, con gobiernos de uno u otro signo, han sido erosionadas permanentemente; porque no contamos con un sistema de financiación justo y suficiente, y porque el Estatuto de 1979 se sitúa por debajo de las aspiraciones nacionales de una mayoría amplia y diversa que aspira a más autogobierno y al reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña.

Las constituciones y los estatutos son pactos para establecer las reglas del juego político y los valores y principios en los que se basan las políticas que se deben desarrollar en todos los campos. El nuevo Estatuto pretende actualizar el pacto con el Estado, de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de la sociedad catalana, y al mismo tiempo supone un pacto entre las fuerzas políticas entre sí y con el conjunto de la sociedad para decidir cuáles son los grandes objetivos compartidos, el modelo de sociedad a la que aspiramos.

No cabe duda de que hace 25 años dimos un paso fundamental, con la Constitución y los estatutos, hacía la democracia y el autogobierno; pero que fue insuficiente para dar acomodo a la pluralidad nacional del Estado. Durante estos años hemos sufrido la constante superposición entre autonomía y centralismo que pervive en la configuración del Estado, con un Senado más propio de un Estado centralista que de uno descentralizado, y sin que las comunidade autónomas puedan participar en la elección de organismos que les atañen directamente, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Un defecto de origen que no sólo comporta conflictos de carácter institucional, sino que tiene efectos negativos en la vida cotidiana, en cuestiones como la inspección de trabajo, la regulación de los horarios comerciales, o la organización de las Cercanías de Renfe. Servicios y políticas que se gestionarían mejor desde la proximidad.

Por otra parte, el déficit fiscal que padece Cataluña y la falta de las competencias son un lastre para el desarrollo del país y para satisfacer las crecientes demandas sociales de una población de siete millones de personas.

El nuevo Estatuto será innovador, con la ambición de hacer de Cataluña uno de los países más avanzados de Europa. El índice de materias del Estatuto elaborado por la ponencia parlamentaria incluye derechos y principios rectores de las políticas públicas como el acceso a la sociedad de la información, el derecho a la participación, a la preservación del patrimonio natural, junto a los derechos sociales fundamentales como la educación, la sanidad, la vivienda o los derechos laborales.

Como hace 25 años, la llamada cuestión nacional no puede plantearse al margen de otros retos, en términos exclusivamente identitarios, al margen de otros retos como son la mejora de la democracia, el desarrollo del Estado de bienestar, el fomento de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible, la construcción europea o la modernización de la economía.

La utilidad del Estatuto es que sirva de paraguas para realizar políticas que mejoren las condiciones de vida de las personas, con nuevas y claras competencias, y con una financiación adecuada. Un Estatuto que permita una mayor identificación de la ciudadanía con sus instituciones, así como acomodar la realidad nacional de Cataluña en el Estado.

La reforma de los estatutos y de la propia Constitución implica un salto cualitativo en el modelo de Estado en la dirección federal, se quiera o no. Tenemos una gran oportunidad que no podemos desaprovechar para avanzar en la solución de viejos problemas históricos, una solución que pasa por el reconocimiento de la pluralidad nacional de España, con fórmulas innovadoras que superen el supuesto dilema entre igualitarismo y diferencia. Todas las comunidades autónomas deben mejorar su nivel de autogobierno sin que ello suponga diluir las aspiraciones de aquellas que, como Cataluña, aspiran a un mayor autogobierno acorde con su realidad nacional.

Es necesario afrontar este reto desde una cultura federalista, una cultura basada en la negociación y el pacto para resolver los conflictos. Una nueva cultura política que valore la diferencia como algo positivo y no como un supuesto pretexto para conseguir unos privilegios, que por otra parte son inexistentes.

Sin duda tendremos que dialogar y pactar sin cesar los próximos meses, primero en el Parlament de Catalunya, después en el Congreso de los Diputados. Y sólo podremos hacerlo con garantías de éxito si contamos con el respaldo mayoritario de la sociedad catalana.

Joan Saura es consejero de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña