Defensa aparca la destitución de militares para no cargarles la única responsabilidad

El ministro de Defensa, José Bono, ha optado por aparcar nuevas destituciones de militares por el caso Yak-42. Aunque el jueves en el pleno del Congreso sugirió la adopción de medidas disciplinarias en el ámbito del Estado Mayor de la Defensa, encargado de fletar los vuelos, la negativa del ex ministro Federico Trillo-Figueroa a asumir cualquier responsabilidad, derivándola hacia la "jerarquía militar", ha llevado a considerar que "no sería justo que sólo paguen militares". Bono ordenó ayer una "reorganización profunda" del Estado Mayor de la Defensa para antes del próximo 1 de enero.

Bono dijo el jueves en el Congreso que, "en el Ministerio de Defensa hemos tomado medidas que tienen un fuerte calado, como el pase a la reserva de determinados generales. Es probable que mañana [por ayer] el Consejo de Ministros me autorice a continuar en esa dirección".

"¿Es doloroso? Claro que sí, porque a nadie le agrada ejercer esa función disciplinaria, que no se ejerce para hacer daño sino justamente para corregir la gravedad de unos hechos que costaron la vida a 62 soldados españoles", agregó. Tras evitar pronunciarse sobre las responsabilidades políticas o judiciales, concluyó: "Las que corresponden al ministerio, que ustedes me pueden exigir, las tomaremos, las hemos tomado y las vamos a seguir tomando".

Bono aludió expresamente a las jefaturas del Estado Mayor Conjunto y de la División de Operaciones como dos organismos que "no hicieron adecuadamente su trabajo". Sus responsables en el momento del accidente eran el teniente general Juan Luis Ibarreta y el vicealmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas, quienes pasarían forzosamente a la reserva.

Ayer, Defensa dio marcha atrás a este planteamiento. La intervención de Federico Trillo-Figueroa en el Congreso fue decisiva para ello. El ex ministro atribuyó a la "jerarquía militar" la responsabilidad exclusiva en la contratación del Yak-42 y aseguró que la "cúpula política" del ministerio no conocía las quejas sobre las condiciones de los vuelos. Entre los militares cundió un fuerte malestar ante la idea de que serían "los únicos paganos" del caso, sin que ningún político asumiera su responsabilidad.

El pase forzoso a la reserva de los dos generales que firmaron las identificaciones fraudulentas -Vicente Navarro y José Antonio Beltrán-, decidido por el Gobierno en junio pasado, fue bien recibido en las Fuerzas Armadas, como también se aceptó de buen grado la sustitución de la cúpula militar, que depende de la confianza política del Gobierno. En cambio, la destitución de militares que pudieron cometer errores -como el cambio del Tupolev 154 por el Yakovlev 42 para ahorrar 6.000 euros en el viaje de vuelta de Afganistán- se percibía como excesivo, sobre todo ante la falta de sanción a los responsables políticos.

Bono optó ayer por aparcar las medidas disciplinarias y, en su lugar, encargó al jefe de la cúpula militar, general de Ejército Félix Sanz, una "reorganización profunda" del Estado Mayor de la Defensa, que deberá estar concluida antes del 1 de enero. Esta reorganización afectará especialmente a la División de Operaciones, la más directamente implicada en el caso.

"Las responsabilidades por las negligencias en el accidente del Yak-42 no pueden situarse exclusivamente en el ámbito militar", dijo ayer la vicepresidenta primera del Gobierno. Preguntada por la posible renuncia al escaño del ex ministro Trillo, Fernández de la Vega dijo que "eso ya pertenece al ámbito de la autoexigencia o de la conciencia personal de cada uno". Respecto a eventuales destituciones de militares, se limitó a indicar que el titular de Defensa, José Bono, "tomará las decisiones que considere oportunas a la vista de las circunstancias que se han dado en este caso".