Las obras públicas y la financiación de los partidos, principales vías de la corrupción

Las contrataciones de obras públicas, la financiación de los partidos políticos y, cada vez más, el sector de la construcción son las principales vías para el aumento y perpetuidad de la corrupción en todo el mundo, según el último índice anual de Transparencia Internacional, presentado ayer. La ONG ha calculado además que las pérdidas para los países por los sobornos en licitaciones públicas alcanzan los 400.000 millones de dólares (casi el 55% del PIB español) anuales. La corrupción sistemática se ve en muchos países, pero en especial en los productores de petróleo.

La corrupción a escala internacional no puede decirse que vaya en retroceso. Algunos países mejoran en el índice de percepción que cada año desde hace 10 elabora Transparencia Internacional, pero aún hay muchos que padecen este mal de forma endémica. En estos últimos, de los cuales el devastado Haití se lleva la palma, los sobornos están presentes en cada acto político, jurídico, social, o del tipo que sea, que se lleve a cabo. Antonio Garrigues Walker, presidente de la Fundación Ortega y Gasset, que colabora con Transparencia y en especial con su sección española, señaló que "no hay nada que deteriore más los sistemas económicos que la corrupción", que es, a su juicio, "una causa de pobreza".

Entre los países que están a la cabeza de los más corruptos se encuentra Paraguay, y basta recordar un hecho reciente para entender lo dañina y cruel que puede llegar a ser una sociedad corrupta: el incendio que en agosto pasado dejó casi 400 muertos en un hipermercado de Asunción, la capital paraguaya. Una semana después de la catástrofe, el propio presidente del país suramericano, Nicanor Duarte, achacó a la cultura de la corrupción que impera en el país la responsabilidad última del siniestro. "Lo que pensé en este momento fue cómo el fraude, la cultura torcida, la falta de respeto a los procedimientos, el soborno, pueden generar una tragedia y un tremendo dolor al pueblo", llegó a manifestar Duarte.

Duarte no es el único presidente suramericano o de un país en vías de desarrollo que ha reconocido corrupción en su país, pero, a pesar de ello, la lucha contra este problema va un poco lenta. Si se observa sólo América Latina, el índice de Transparencia certifica que sólo dos países de la región, Chile y Uruguay, tienen una calificación por encima de la media. Chile incluso supera a España en la clasificación de la ONG.

El resto de los países latinoamericanos deja mucho que desear, en especial Argentina, que, por su puntuación, claramente está en el grupo de países de corrupción sistemática. Pero si la segunda economía suramericana no es un ejemplo de lucha contra la corrupción, la primera, Brasil, tampoco destaca. México, en cambio, ha mejorado un poco. Costa Rica, que está entre los menos corruptos de Latinoamérica, puede perder puestos el próximo año si el escándalo del costarricense Miguel Ángel Rodríguez, el presidente de la OEA al que acaban de echar por aceptar sobornos, salpica la imagen del país centroamericano. El índice destaca además el progreso de El Salvador y de Trinidad y Tobago.

El informe, no obstante, no se acaba en América Latina; de hecho, este año es el más completo hasta el momento, ya que incluye 146 países frente a los 133 de 2003. Del total de países de los que se tienen datos sobre la percepción de la corrupción, un total de 106 "suspenden, ya que están por debajo de los cinco puntos" sobre el total de 10 del baremo realizado, señaló la ONG, subrayando que la situación es aún más complicada en 60 de estos países, donde su puntuación es inferior a tres puntos, lo que pone de relieve que en ellos "la corrupción afecta a todas las esferas".

La ONG hizo especial hincapié en los malos resultados logrados por la mayoría de los países exportadores de petróleo (Angola, Azerbaiyán, Chad, Ecuador, Indonesia, Irán, Irak, Kazajistán, Libia, Nigeria, Rusia, Sudán, Venezuela y Yemen). En estos países "las contrataciones públicas en el sector del petróleo mueven cantidades de fondos que acaban en los bolsillos de ejecutivos del petróleo occidentales, intermediarios y funcionarios locales", pero no repercuten en la población local y en su desarrollo, según el documento.

A pesar de que la Convención Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los 30 países más ricos del mundo, tipifica el soborno como delito, la legislación nacional de algunos países permite "bajo ciertos eufemismos realizar ciertos pagos" que se suelen tipificar dentro de lo que se denominan gastos generales o sin justificar y que en el caso de España pueden ser de hasta el 5%, precisó Jesús Sánchez Lambás, secretario general de la Fundación Ortega y Gasset.

España mejora

En cuanto al caso concreto de España, "es uno de los países que más han mejorado", según la ONG, ya que en los últimos años no ha habido "grandes escándalos". El índice de percepción de corrupción español de los últimos 10 años ha pasado de una nota de 4,35 a 7,1 este año. No obstante, aún no hay suficiente transparencia en las licitaciones públicas, la financiación de los partidos políticos y el sector de la vivienda en España. Transparencia Internacional recordó al actual Gobierno su compromiso de impulsar una ley de información pública, muy necesaria en España.