El plan de saneamiento del Consell elude asumir su responsabilidad en el aumento del déficit

El consejero de Economía de la Generalitat, Gerardo Camps, defenderá hoy en el pleno de las Cortes el plan de saneamiento financiero presentado en vísperas del 9 d'Octubre, en el que asume que hasta el año 2007 sólo podrá reducir en un tercio el déficit de 971 millones de euros acumulado al final del ejercicio de 2003. El resto lo reclama al Gobierno central mediante cambios en el sistema de financiación. El plan elude asumir la responsabilidad de los gobiernos del PP desde 1995 y achaca la mayor parte del déficit al incremento del gasto sanitario derivado del aumento de la población y de desplazados.

El impuesto sobre los carburantes sólo se aplicará si baja el precio del petróleo

El programa presenta a la sanidad como principal fuente del déficit

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, afirmó el pasado día 8 de octubre, al presentar el Programa de Estabilidad 2005-2007 que el pleno del Consell aprobó ese día, que se trata de un plan "riguroso y realista" que prevé "medidas correctoras" a través de las cuales el déficit disminuirá hasta 2007 en 305 millones de euros. El resto sólo se podrá enjugar "si por parte de la Administración central también se actúa", dijo Camps, quien insistió en que el equilibrio presupuestario está condicionado a que "el esfuerzo" del Consell se vea complementado con medidas por parte del Ejecutivo central.

El análisis de la situación que se hace en el plan señala que el déficit se ha incrementado año a año "a pesar de las mejoras introducidas por el actual sistema de financiación" de las comunidades autónomas. Un modelo de financiación que el PP aprobó en el año 2002, con datos correspondientes al año 2000 y que el PP no pretende corregir, ni modificar, ni revisar, sino sólo desarrollar, para ajustarlo mejor a la realidad presente.

El análisis aporta seis razones para el incremento del déficit: la falta de actualización de las variables del modelo, especialmente la de población; las tensiones financieras que genera la población desplazada; el envejecimiento de la población; el incremento de la misma como consecuencia de la inmigración; la creciente demanda de servicios sanitarios; y los mayores costos de los tratamientos terapéuticos y farmacológicos. Ese análisis presenta a la sanidad como la principal fuente del déficit.

Pero el plan no asume la cuota de responsabilidad que pueda corresponderle al Consell del PP por su acción de gobierno desde que en 1995 los populares asumieron la Generalitat. Así, no hay referencias a los ruinosos proyectos faraónicos, ni al constante incremento del número de cargos públicos, como tampoco se menciona los crecientes gastos en publicidad y propaganda y, en definitiva, en gasto corriente, a pesar de que entre las medidas que después propone sí que incluye la reducción de algunas de estas partidas.

Respecto a las medidas correctoras que el programa pretende aplicar en el periodo 2005-2007, el documento señala que ya se han iniciado este año, en que la inversión prácticamente no ha crecido con respecto al ejercicio anterior. Para el citado trienio el programa propone una decena de medidas: reprogramación de la inversión presupuestaria manteniendo los actuales niveles; disminución de un 3% de los gastos de funcionamiento discrecionales; disminución del 3% del total consignado en el capítulo IV (transferencias a instituciones) a excepción de los programas de acción social; adopción de medidas adicionales de control interno del gasto sanitario; implantación de nuevos sistemas de gestión sanitaria; disminución de seis millones de euros en gastos de promoción y publicidad institucional; aplicación del tramo autonómico del impuesto sobre carburantes; medidas adicionales de control de los gastos de personal; disminución de las aportaciones de capital a empresas a razón de cinco millones de euros anuales.

"La aplicación del actual modelo de financiación hasta sus últimas consecuencias, dando al mismo tiempo mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas, puede aportar una estabilidad clara", según el Consell, que también espera la compensación de 270 millones de euros por infraestructuras adelantadas.

Las "medidas correctoras" del Consell para reducir una parte del déficit incluyen gravar las gasolinas. Camps aclaró que sólo aplicará el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos en el momento en que se cumpla la previsión de los Presupuestos Generales, que calculan un coste de 33 dólares por barril, para no agravar los efectos de la subida. El Consell estima que por este concepto ingresaría unos 66 millones de euros, que se destinarían a la sanidad y a programas relacionados con el medio ambiente.