La Junta da un giro a su política de salud mental 20 años después de iniciar la reforma psiquiátrica

20 años después de iniciar la reforma psiquiátrica, con el cierre de los ocho manicomios provinciales, la Consejería de Salud anunció ayer que la Administración pública introducirá "mecanismos correctores" para abordar la atención de los enfermos mentales y sus familias. La consejera de Salud, María Jesús Montero, negó que estas nuevas medidas impliquen un reconocimiento de la que la reforma psquiátrica en Andalucía ha fracasado. Según datos de la Junta, se estima que los transtornos mentales pueden afectar a un 25% de la población general.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer una declaración institucional para designar 2005 Año Andaluz de la Salud Mental, un hecho que la Junta aprovechará para aprobar un decreto para dar un impulso a los programas, medios e infraestructuras de los equipos para adecuar los programas de atención en este campo a las necesidades de los pacientes y sus familiares.

La reforma psiquiátrica en Andalucía, desde que en 1984 se decidió cerrar los manicomios, supuso un avance importante en su momento, según admiten los profesionales y la Federación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem), pero "no ha podido alcanzar el objetivo pretendido de sustituir, progresivamente, esa red de macrocentros de internamientos por otra alternativa de pequeños centros y servicios diferenciados y situados en la comundidad", afirmaba el informe elaborado por el Defensor del Pueblo Andalz, José Chamizo, en 2001.

Chamizo daba un fuerte toque de atención y denunciaba las situaciones de "desasistencia cuyas consecuencias han recaído sobre los propios enfermos".

La consejera de Salud afirmó ayer en conferencia de prensa que el objetivo del nuevo impulso al tratamiento de los enfermos mentales tiene como objetivo compatibilizar la vida laboral y familiar, ya que "las administraciones tienen la obligación de promover mecanismos correctores" para hacer compatibles estos derechos. Montero negó que este nuevo impulso se deba a un "fracaso" de la reforma psiquiátrica, aunque reconoció que queda "camino por recorrer".

Informó de que en 2005 se aprobará el decreto de Ordenación de los Servicios de Salud Mental, que permitirá integrar todos los dispositivos de la red de salud mental en el ámbito de la asistencia especializada, para dimensionar de una "forma más adecuada" la prestación de los servicios.

Los Presupuestos de la Junta para 2005 anunció que en 2005 se invertirán 7,4 millones de euros en salud Mental, que permitirán la creación de tres nuevas unidades de hospitalización para enfermos agudos en el Carlos Haya de Málaga; el hospital comarcal de Cabra (Córdoba) y el antiguo Hospital Militar de Sevilla.

La plantilla de salud mental aumentará en 174 plazas sobre la dotación actual y habrá además nuevos servicios de hospitales de día en Motril (Granada), Torrecárdenas (Almería); Vélez-Málaga; Reina Sofía (Córdoba) y Huércal-Overa (Almería), mientras que se dispondrá de 100 nuevas plazas en las unidades de respiro familiar.

El Consejo de Gobierno adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Eads-Casa. Concesión de una subvención de 61,98 millones de euros a EADS-CASA -la mayor ayuda concedida hasta hora por la Junta-, para respaldar la construcción de sus nuevas instalaciones en Sevilla destinadas al montaje final del avión de transporte militar A-400M. La subvención acordada incluye entre sus condiciones el compromiso de que la empresa mantenga al menos 1.420 puestos de trabajo en la provincia de Sevilla hasta 2009, dos años después de la finalización del contrato de fabricación del A-400M.

- Deuda pública. Autorización para la emisión de deuda pública anotada por un importe total de 225 millones euros.

- Educación. El Consejo de Gobierno dio luz verde al anteproyecto de ley de creación del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, que se encargará de gestionar y agilizar los proyectos de construcción y mejora de centros docentes sin necesidad de que los ayuntamientos y las diputaciones, adelanten la financiación, como ocurre en la actualidad.