35 teólogos reclaman que la Iglesia católica se autofinancie y renuncie a sus "privilegios"

Los obispos insisten en que detrás de las reformas del Gobierno socialista se esconden "persecución" y un "laicismo agresivo". Ayer recibieron la réplica desde sus propias filas, en una "declaración" firmada por algunos de los teólogos cristianos más conocidos: José María Díez-Alegría, Margarita Pintos, Casiano Floristán, José María Castillo, Juan José Tamayo y Enrique Miret, entre otros. "Hablamos desde el interior de la Iglesia, de la que formamos parte"; "nos duele que nuestros obispos cierren filas con los votantes de la derecha", dicen y piden que la Iglesia se autofinancie y ponga fin a sus "privilegios". También alaban el "proceso de secularización", que "encierra enormes posibilidades para vivir la fe en un mundo adulto".

Son 35 y representan a numerosas sensibilidades de la Iglesia, a la que sirven como profesores de teología en numerosas universidades, incluso católicas, como las pontificias de Comillas y Salamanca, la de Deusto en Bilbao, y las famosas gregoriana y salesiana de Roma. Además, hay varios representantes de colectivos de mujeres, el gran viñedo del catolicismo español. También hay investigadores sociales, como José Antonio Gimbernat, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La "declaración" se titula Cristianismo y sociedad no confesional y empieza así: "Las teólogas y los teólogos españoles abajo firmantes estamos asistiendo, alarmados y preocupados, a la polémica entre obispos y políticos del actual Gobierno, a propósito de leyes que afectan a la enseñanza de la religión, la ayuda económica estatal a la Iglesia católica, las investigaciones con células madre embrionarias, y las leyes de divorcio, aborto y matrimonio entre homosexuales. Frentes católicos conservadores han entrevisto un laicismo agresivo en los intentos gubernamentales -no siempre bien formulados-, contenidos en una supuesta hoja de ruta socialista, elaborada para perseguir y destruir la Iglesia. Dichas apreciaciones no responden a la realidad ni se compaginan con otras declaraciones de socialistas que han expresado su respeto por las creencias religiosas y el compromiso de cumplir los acuerdos con las distintas religiones".

Insensibles al pluralismo

Más tarde, se declaran "partidarios del diálogo interreligioso y comprometidos intelectualmente en la sociedad laica que nos toca vivir", y dicen observar "con preocupación y desconcierto la posición de la jerarquía católica, que admite a regañadientes la modernidad, rechaza los postulados básicos de una ética no religiosa, se muestra insensible al pluralismo religioso, se obsesiona en imponer su código moral y cosmovisión social, considerados los únicos verdaderos, y tiende a poseer el monopolio de la ética". Añaden: "No creemos función de los obispos decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, y menos aún negar al Estado la capacidad para legislar sobre cuestiones relacionadas con la igualdad de los ciudadanos".

Entre los firmantes de la declaración hay algún teólogo de otras iglesias cristianas -como José Luis Andavert, de la Iglesia bautista de Madrid-, y todos dicen hablar "como teólogos y teólogas desde el interior de la Iglesia", y desde "la libertad" en el ejercicio de su actividad intelectual, "pero sin pretender imponer sus puntos de vista a nadie". También dicen pronunciarse "en nombre de muchos católicos que acogieron gozosamente el Vaticano II, del que parecen estar alejados no pocos obispos españoles, y saludaron con aplausos el final del totalitarismo franquista, el derrumbe de una cristiandad sin cristianismo, la llegada titubeante pero esperanzadora de la democracia, la devolución del derecho de ciudadanía a los derrotados y marginados, y el progreso logrado entre todos".

La declaración apoya "el proceso de secularización de la sociedad española porque "es un fenómeno positivo que encierra enormes posibilidades para vivir la fe en un mundo adulto, sin necesidad de las condiciones de plausibilidad procedentes del Estado en forma de apoyos económicos, exenciones fiscales u otro tipo de privilegios, que alejan a las religiones, y a la Iglesia católica en particular, del testimonio de pobreza y de la opción por los pobres".

Después de pedir la revisión de los acuerdos de 1979 firmados entre España y el Estado de la Santa Sede -"no se corresponden con los cambios producidos en la sociedad durante los últimos 25 años", dicen-, la declaración apela a la "coherencia con el espíritu de Jesús de Nazaret" y pide en consecuencia "la autofinanciación de la Iglesia católica como muestra de autonomía, de madurez institucional y de libertad del poder político". Es un planteamiento "más conforme con el principio de libertad religiosa, el pluralismo religioso que caracteriza a la sociedad española, y la autenticidad a los orígenes del cristianismo", concluyen.