Los convenios pueden forzar la jubilación si hay pacto de empleo

Los convenios colectivos podrán incluir la jubilación obligatoria a partir de los 65 años de edad siempre que se vincule a compromisos de empleo. Se consideran tales la contratación de nuevos trabajadores, el mantenimiento de la plantilla o la conversión de temporales en fijos. Esa medida se recoge en un anteproyecto de ley que tienen prácticamente ultimado Trabajo, la patronal y los sindicatos en el proceso de diálogo social.

El anteproyecto de ley modificará el Estatuto de los Trabajadores y recuperará una posibilidad vigente hasta el año 2001 y que fue derogada por el Gobierno del Partido Popular. Hasta entonces se podía pactar en convenio colectivo la jubilación obligatoria de los trabajadores de la empresa o sector afectados cuando cumpliesen los 65 años de edad.

Pese a esa derogación, una parte de los convenios -300 del total de 5.000- ha seguido recogiendo la jubilación forzosa, pero esos pactos han quedado en papel mojado por sentencias del Tribunal Supremo que argumentan "la ausencia de una norma legal" y no reconocen la fuerza vinculante de la negociación colectiva.

En la exposición de motivos del anteproyecto de ley relativa al establecimiento de edades de jubilación en los convenios colectivos se afirma que esa "interpretación jurisprudencial ha producido cierta inseguridad jurídica". La norma se está elaborando en el proceso de diálogo social después de que la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT expresasen al Gobierno su "preocupación por los efectos que la doctrina judicial pudiera tener en el desarrollo de las relaciones laborales y, en particular, en la negociación colectiva".

La jubilación forzosa en los convenios colectivos tiene en cuenta "doctrina del Tribunal Constitucional y las prescripciones de la directiva comunitaria relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación". Esa directiva de la Unión Europea permite a los Estados miembros disponer que "las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo".

Pacto expreso

En la norma que ultima el Ministerio de Trabajo con la patronal y los sindicatos, "los objetivos de política de empleo que justificarán la jubilación obligatoria no serán ya de carácter genérico e incondicionado", como eran en la norma vigente hasta el año 2001, "sino que deberán expresarse en el convenio colectivo".

Se trata de una ley con artículo único que irá en el Estatuto de los Trabajadores como disposición adicional décima. En ella se establece que en los convenios podrán pactarse edades de jubilación obligatoria, a partir de la edad ordinaria de retiro -ahora 65 años-, siempre que se cumplan unos requisitos.

La condición imprescindible es que la jubilación forzosa "deberá vincularse a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, la transformación de contratos a tiempo parcial en tiempo completo, el mantenimiento del nivel de empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad del empleo".

La patronal quiere añadir una causa más y que la jubilación forzosa se vincule a "la viabilidad de la empresa", punto que rechazan las centrales porque creen que se trata de "una nueva figura de despido".

El anteproyecto de ley pretende conciliar los derechos individuales con los colectivos. Por ello el retiro obligatorio no se aplicará a los trabajadores que no tengan cubierto el periodo de cotizaciones mínimo -15 años- para acceder a una pensión contributiva. Los sindicatos han propuesto que la jubilación sea voluntaria si el trabajador no ha reunido 30 años de cotizaciones. En esos casos, no podría imponerse antes de los 68 años.

Esas dos propuestas planteadas por la patronal y los sindicatos son los únicos flecos pendientes para que Trabajo y los interlocutores sociales cierren un acuerdo. La previsión es que puedan resolver esas discrepancias en los próximos días y que tengan un pacto a finales de esta semana o en la semana próxima.