El Gobierno sólo tiene seis millones de euros para el referéndum de la Constitución europea

Apenas seis millones de euros, unos mil millones de pesetas, suman los fondos que el Gobierno cree que podrá emplear en el principal objetivo de su política exterior en los próximos meses: que los españoles ratifiquen en referéndum, el 20 de febrero, la Constitución europea. La tarea es abrumadora, pues los sondeos indican que poco más del 30% de los españoles ha decidido dar el sí a esa Ley Fundamental. Para el Ejecutivo, una participación por debajo del 40% sería un gran fracaso.

La pregunta será: "¿Aprueba el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa?"

El problema no es tanto el resultado, sobre cuyo sentido afirmativo no caben dudas, sino la afluencia de votantes. El objetivo del 40% es en sí mismo modesto, pues las últimas elecciones al Parlamento Europeo, las de participación más baja de la historia, lograron convocar al 45% de los votantes. Pero la falta de contenido político de este referéndum y la misma cotidianeidad del hecho europeo suscitan dudas sobre si los españoles acudirán espontáneamente a ratificar una Constitución que, hasta aquí, les resulta lejana.

Paradójicamente, las perspectivas de participación pueden verse favorecidas en las comunidades donde el voto es polémico como en el País Vasco y, sobre todo, en Cataluña, porque los partidos nacionalistas se muestran mayoritariamente inclinados a pedir el no, con el argumento de que el proyecto constitucional no recoge sus aspiraciones de presencia europea.

El Gobierno se propone movilizar a la opinión pública y convertir la consulta en una celebración de los grandes avances políticos, económicos y sociales que España ha conocido desde su adhesión, hace 18 años, a las comunidades europeas. En una reunión celebrada la semana pasada entre cuadros de los Ministerios de Presidencia y Exteriores relacionados con el tema, se llegó a la inquietante conclusión de que apenas hay dinero para financiar esa tarea.

Presidencia, que tiene tres millones de euros, asignados a la campaña de cuñas y anuncios en los medios que se realizará a partir de enero, mantiene además el proyecto anunciado por el propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de distribuir unos cinco millones de folletos explicativos de la Constitución. Exteriores espera rebañar otros tres millones de euros de distintas partidas para que la campaña arranque este año. Y hay también un fondo más sustancioso de unos 80 millones de euros en el Ministerio del Interior, pero está destinado a todas las elecciones que se celebren el año próximo y se aplicará, sobre todo, a cubrir los gastos de organización, como la constitución de las mesas, la impresión de papeletas, la comida de los interventores, etcétera. Las cifran cuadran, por tanto, mal con las necesidades de la propaganda.

Zapatero está decidido, por encima de todo, a que España sea el primero de los 25 que ratifique la Constitución europea, y a que el objetivo de celebrar la consulta el 20 de febrero prevalezca sobre cualquier dificultad financiera. De hecho, hoy se enfila la recta final del referéndum con la comparecencia del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ante la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para Europa, donde espera formalizar el consenso de los partidos sobre la fecha indicada y el texto de la pregunta, que será muy simple y similar al que se formuló para el referéndum sobre la Constitución española: "¿Aprueba usted el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa?".

El próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará el mandato para que el presidente del Gobierno pueda firmar el Tratado constitucional una semana después en Roma, y el viernes 29 de octubre, el propio Zapatero abrirá la campaña de referéndum español tras el acto protocolario en la capital italiana.

No será el único acto en el que participe Zapatero. Está previsto que el jefe del Gobierno español intervenga en enero en un acto en Barcelona acompañado por el jefe del Estado francés, Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard Schröder.

En enero será también cuando se convoque oficialmente la consulta, ya que se agotará el plazo mínimo de 30 días que establece la ley del referéndum. El motivo es que la misma norma prohíbe hacer propaganda institucional por el sí una vez convocado el referéndum.

El objetivo primordial de la campaña pública es, no obstante, movilizar a los votantes, aunque con un mensaje positivo que les lleve al voto afirmativo. El Gobierno espera poder difundirlo en parte con dinero comunitario, ya que fondos como el de garantía agrícola (FEOGA) o el de desarrollo regional (FEDER) pueden financiar campañas para realzar su labor y, en este caso, los resultados logrados en España. La propia Comisión aportará los folletos divulgativos que distribuirá el Gobierno, y el Parlamento Europeo aprobará el 15 de diciembre una resolución pidiendo que la Constitución se ratifique en toda Europa.