Un torpedo a la política del Ejecutivo

La doble reacción del Gobierno al rechazo en el aeropuerto de La Habana del diputado y secretario de relaciones internacionales del PP, Jorge Moragas -un varapalo a la intransigencia de Fidel Castro, pero también un tirón de orejas al partido de la oposición para que secunde la acción exterior del Ejecutivo- se explica porque el incidente representa un torpedo en la línea de flotación de la política de José Luis Rodríguez Zapatero hacia Cuba.

Más allá de las reacciones cubanas adversas que provocará la obligada intervención de las autoridades españolas en apoyo del parlamentario vejado, ¿quién puede pensar en pedir a Bruselas que relaje sus medidas de presión contra el régimen castrista cuando dos diputados de Holanda, país que ostenta ahora mismo la presidencia de la UE, han recibido el mismo maltrato que Moragas?

El propio Zapatero ratificó esa intención política el pasado viernes en Hungría, casi a la misma hora en que los acontecimientos se desataban en La Habana. Reiteró también que el cambio de enfoque se debe a que el Gobierno estima que la situación de aislamiento de los embajadores europeos en Cuba, producto de la actual posición comunitaria, no favorece a los cubanos ni a Europa. E insistió, una vez más, en que las medidas europeas no podrán ser modificadas mientras Castro no haga suficientes gestos de apertura. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha pedido a su homólogo cubano, Felipe Roque, la liberación de importantes disidentes. Muchos socios en la UE, entre ellos los nuevos del Este y fundadores como Francia, han dejado claro que, sin ese paso, de modificar el enfoque ni se habla.

Hay pocas dudas de la voluntad del PP de convertir este proyecto del Gobierno en piedra de choque para la política interna. Sin decir, como en otros casos, que lo único que pretende Zapatero es deshacer lo hecho por Aznar, gran inspirador de la actual posición comunitaria, el tono de la pregunta formulada en la sesión de control del pasado 6 de octubre sugería una acusación más grave: que el Ejecutivo es cómplice de la dictadura castrista.

Los populares anunciaron simultáneamente que, si los disidentes no eran invitados el 12 de octubre a la Embajada española, irían a solidarizarse con ellos a La Habana. El Gobierno cursó, finalmente, la invitación, pero el PP mantuvo la polémica con la petición de destitución del embajador Carlos Alonso Zaldívar, porque expuso los principios de la política de Zapatero en la fiesta de la Embajada.

El desenlace de la misión de Moragas era absolutamente previsible desde que anunció que viajaría a ver a los disidentes en Cuba con un visado de turista. Moratinos reprocha ahora al PP esta política de hechos consumados que compromete al Estado y le deja poco margen de maniobra.