El fin del paraíso australiano

Son 7,6 millones de kilómetros cuadrados y apenas 20 millones de habitantes. Australia, un país fundamentalmente de inmigrantes, se enfrenta al progresivo envejecimiento de su población. Pese a ello, el Gobierno conservador de John Howard, en el poder desde 1996, ha practicado una estricta política migratoria que pasa por el envío a campos de detención a quienes se acercan a sus costas sin permiso o burlan las condiciones y plazos de los visados. "Gracias a nuestra política de fuerza y estricto control de nuestras costas, Australia ha dejado de ser atractiva para los sin papeles", afirma John Nation, portavoz del Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales.

Según Nation, desde 2001 no ha llegado ni una sola patera. La denominada crisis del Tampa, el barco noruego que recogió en aguas australianas a 400 afganos e iraquíes a la deriva, a los que Howard se negó admitir, dejó claro a quienes soñaban con llegar a la isla-continente que ése no era el camino. Howard dijo que no les recibía porque habían tirado a los niños por la borda y ganó las elecciones de 2001. Los sondeos mostraron que la mayoría de los australianos apoyó la decisión del primer ministro, que resumió en una frase que ha hecho historia: "Nosotros decidimos quién y en qué circunstancias entra en este país".

"Gracias a la política de fuerza, Australia ha dejado de ser atractiva para los 'sin papeles"

Quienes desembarcan son enviados a campos de detención privados en Papúa-Nueva Guinea

Australia presume de tener una sociedad multicultural pero, situada geográficamente al sur de Asia, la gran mayoría de sus habitantes son blancos puros debido a los controles impuestos a la inmigración desde que llegaron los primeros británicos en 1788 y, sobre todo, desde el establecimiento de la federación en 1901, bajo la denominada Política de Australia Blanca, que impedía la inmigración de africanos y otras razas. Esa política estuvo vigente hasta 1973, cuando fue derogada por el Gobierno laborista de Gough Whitlam.

"Cuando pienso que enviamos a campos privados de detención a quienes vienen buscando refugio, incluidos los niños, siento vergüenza de ser australiana", afirma Anni Doyle, estudiante de la Universidad de Canberra. Quienes se arriesgan a desembarcar en los 36.735 kilómetros de costas australianas son enviados a campos de detención privados en la isla de Nauru y a Papúa-Nueva Guinea, donde los sin papeles pueden quedarse años hasta conseguir el asilo o ser definitivamente expulsados, según reconoció el portavoz del Ministerio de Inmigración.

Quienes después de mucho litigar logran el asilo, tienen que pagar al Gobierno por los años de hotel. También hay campos de detención en mitad del desierto central, donde la temperatura puede alcanzar los 45º.

El país que fue lejana prisión a cielo abierto de Inglaterra, que se libró de buena parte de su numerosa población carcelaria enviándola a cumplir condena en Australia, y cuya población blanca desciende de aquellos reclusos y de los soldados que les vigilaban -los nativos no contaban en la toma de decisiones ni antes ni ahora-, tiene una de las políticas de inmigración más severas del planeta.

Pese a las críticas de las organizaciones de derechos humanos, buena parte de los australianos considera que la inmigración debe controlarse a toda costa. Los catalanes de origen Josep Viñas y su mujer, Antonia Ciurana, llegaron al país hace 37 años, "cuando se pagaba el viaje a quienes se comprometían a vivir y trabajar dos años en Australia".

Residen desde entonces en la sureña ciudad de Melbourne y piensan como la mayoría de sus compatriotas. "Estrictamente puede haber una violación de los derechos humanos, pero los intereses del país deben ponerse por encima", afirma Viñas, tapicero de profesión.

Hace dos semanas, la Universidad Católica de Australia publicó un informe en el que se denunciaba que, además de lo que pasan los refugiados en esos campos de internamiento, y una vez que se les deniega el asilo, compañías privadas se encargan de repatriarles sin tener en cuenta lo que pueda sucederles a la vuelta y sin que haya el más mínimo control del Gobierno australiano sobre dónde se les deja, cómo y a qué peligros se enfrentan.

John Nation reconoció la gestión de esas compañías privadas, si bien señaló que no se puede acusar a Australia de falta de solidaridad puesto que en 2004, que fiscalmente se cerró el pasado 1 de julio, recibió 13.000 refugiados políticos y 125.000 inmigrantes. De estos últimos, menos del 30% entraron por motivos de reunificación familiar, frente a un 60% que obtuvieron el visado como "trabajadores y profesionales especializados" para desempeñar funciones necesarias para el desarrollo de Australia.

El Gobierno insiste en que la inmigración se hace bajo los principios de "globalidad y no discriminación". Sin embargo, el Partido Laborista, que ha dejado el debate de la inmigración para "más adelante", sostiene que es "discriminatoria" por la misma exigencia impuesta por Howard de hablar inglés antes de iniciar la demanda de la documentación, lo que favorece a los emigrantes de países de habla inglesa.

La corta historia de Australia está jalonada de trabas para los inmigrantes, excepto durante cortos periodos. Tras la fiebre del oro desatada en 1852, decenas de miles de europeos, 40.000 chinos y unas pocas personas de otras nacionalidades desembarcaron en sus costas. En 1901 se cerró la puerta: sólo se permitía la inmigración británica, aunque se colaron algunos italianos, griegos y alemanes. La Segunda Guerra Mundial hizo comprender a Canberra que necesitaba más población y fue entonces cuando invitó a cientos de miles de europeos blancos a venir, pero no pudo impedir que se infiltraran también los asiáticos.

No hay datos del total de australianos de origen extranjero, pero sí de los nacidos en otros países. En el año 2000 eran más de 4,5 millones, entre los que los británicos, irlandeses, neozelandeses e italianos superan los dos millones. En la cifra se incluía a más de 800.000 asiáticos, con los procedentes de Vietnam en primer lugar (174.000), seguidos de los de China (168.000) y los de Filipinas (123.000).

En los dos últimos años, Australia ha aumentado tanto el número de inmigrantes como de refugiados. Los primeros, porque los necesita ante el envejecimiento de su población; los segundos, para acallar las críticas de las organizaciones de derechos humanos. Pero las ONG de apoyo al inmigrante se siguen oponiendo a los estrictos controles que tiene que superar el inmigrante y afirman que, tras ellos, pueden ocultarse actitudes discriminatorias.

Así, el Gobierno apunta la entrada en los últimos años de inmigrantes africanos, pero no matiza que se trata en gran medida de granjeros blancos procedentes de de Suráfrica y Zimbabue.

Rodeada de países con cientos de millones de personas de religión islámica, Australia está muy apegada a sus numerosas iglesias cristianas. Sólo el 1,5% de su población es musulmana, según revela el informe del Departamento de Estadísticas de Canberra.

Los cristianos perseguidos, sea en Sudán o en cualquier otro país, pueden optar con relativa facilidad a beneficiarse de la acogida de este inmenso país. "Australia tiene cuidado para no encontrarse con los problemas que tiene Europa", afirma Antonio Ros, presidente del Consejo de Residentes Españoles y mecánico de aviación jubilado, que llegó a Australia hace 42 años.