El Parlamento de Bolivia autoriza un juicio político contra el ex presidente Sánchez de Lozada

Gonzalo Sánchez de Lozada será el primer presidente constitucional de Bolivia sometido a un juicio político, junto a su Gabinete de 15 ministros, acusado de violar los derechos y garantías individuales consagradas en la Carta Magna. Tras casi 17 horas de debate, el Congreso aprobó, por 126 votos a favor y 13 en contra, la autorización a la Corte Suprema de Justicia para que abra un juicio denominado en este país andino "de responsabilidades" contra el ex presidente Sánchez de Lozada y sus colaboradores.

La decisión fue saludada por el presidente Carlos Mesa minutos después de conocerse el resultado de la votación, porque, dijo, "fortalece la democracia y renueva la fe ciudadana en sus instituciones". Las marchas de productores de coca, que avanzan hacia La Paz, continuarán a pesar de que el motivo de su protesta, el juicio al ex presidente, ha sido ya asumido por el Parlamento boliviano.

El conflicto social en Bolivia estalló en 2003 a raíz del anuncio de venta de gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos. La protesta se plasmó en el bloqueo de carreteras y caminos, paros, cierre de mercados y manifestaciones en casi todo el país, y llegó a un punto culminante entre el 12 y 17 de octubre del año pasado, cuando se produjo un levantamiento vecinal en El Alto, la cuarta ciudad más poblada y la más pobre del país, que fue duramente reprimido por tropas militares con un balance de 58 muertos y más de 400 heridos de bala.

En la sesión parlamentaria que concluyó ayer los diputados pugnaron, en primera instancia, por llevar a juicio político al ex presidente y a dos de sus colaboradores: Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Defensa, y Yerko Kukoc, del Interior, propuesta que no logró los dos tercios (105 votos de los 157 escaños).

Sin embargo, en la segunda vuelta, con 126 votos a favor, se incluyó a todo el Gabinete -que estaba integrado por representantes de los partidos Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), de Jaime Paz Zamora; Nueva Fuerza Republicana (NFR), de Manfred Reyes Villa, y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Sánchez de Lozada- y se anuló así el intento del MIR y NFR de excluirse a toda costa del juicio político.

Uno de los diputados del MNR que defendió a Sánchez de Lozada recriminó a los ex socios gubernamentales señalando que todos habían saboreado "el dulce del poder y la repartición de pegas [cargos en la Administración pública], pero hoy no se quiere asumir responsabilidades".

Los parlamentarios leales al ex presidente Sánchez de Lozada, que reside en Estados Unidos, advirtieron de la insuficiencia de pruebas y los abogados defensores advirtieron de que no se están respetando los derechos de su cliente.

La Corte Suprema de Justicia condenó a 30 años de cárcel sin derecho a indulto al ex presidente de facto Luis García Meza, actualmente en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el páramo altiplánico de La Paz.