El sector minero propone cerrar 5.000 polvorines para evitar robos de dinamita

La industria minera y los fabricantes de explosivos han propuesto el cierre de los 5.000 minipolvorines distribuidos por toda España para evitar robos como el que supuestamente se produjo en la mina Conchita de Asturias y que facilitó la comisión de los atentados del 11-M. Los minipolvorines suelen estar en el campo, pegados a la bocamina, sin vigilancia, cerrados sólo por una llave. Los fabricantes se comprometen a distribuir los explosivos a la carta, con sus propios medios, antes de tener que aumentar el número de vigilantes privados, ya que creen que dispararía sus costes y crearía nuevos riesgos.

El sector de la minería y los fabricantes de explosivos han visto con preocupación los pasos dados hasta ahora por el Gobierno para incrementar la seguridad de los polvorines a raíz del robo de no menos de 210 kilos de dinamita que supuestamente fue perpetrado en la Mina Conchita por la llamada trama de Avilés, clave para la perpetración del ataque combinado a cuatro trenes con 13 bombas el 11 de marzo.

Los cambios comenzaron con una orden ministerial de Presidencia del Gobierno, del pasado 21 de julio, pero ahora se prepara una reforma urgente de los Reglamentos de Seguridad Minera y Explosivos "con el fin de incrementar la presencia de vigilantes de seguridad privada en la custodia de dichas materias en los lugares de consumo". Los cambios afectarían también al Código Penal, de forma que se podría encarcelar a quien faltara a sus labores de custodia. y registro de los explosivos.

Cartas a dos ministerios

La Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y Metalurgia (Confedem) ha enviado sendas cartas a los ministerios del Interior y de Industria, departamentos que tienen encomendados el velar por la seguridad en este tipo de asuntos, en la que reclaman que se cuente con ellos para dichas reformas, a fin de evitar que la reforma tenga "una ineficacia por nadie deseada".

Los empresarios mineros, que cuentan con el apoyo de los fabricantes de explosivos -Unión Española de Explosivos tiene la mayor parte del mercado español-, relatan en la carta que el control de los explosivos "ha sido ejercido siempre con eficacia probada por el Cuerpo de la Guardia Civil, que ha tutelado tanto la seguridad en su fabricación, almacenamiento y transporte como su empleo en los lugares de consumo".

Sin embargo, añaden, "la salvaguarda de ese control se ha ido derivando en los últimos cuatro años hacia las empresas usuarias, a las que se ha cargado con la gravísima responsabilidad de prevenir y evitar las conductas que utilizan los explosivos en delitos de extrema gravedad (terrorismo". Esta derivación ha supuesto una elevación de costes y "una significativa pérdida de la eficacia alcanzada por la seguridad pública".

La Confedem explica que esa seguridad pública ha sido sustituida por "una seguridad privada que se basa en medidas burocráticas y en una seguridad física prestada por jóvenes vigilantes", con los que no se ha conseguido "mantener los niveles de seguridad que le son exigibles". Estos jóvenes, añade, suelen tener entre 20 y 30 años y "sólo han dispuesto de una preparación superficial" y no tienen la condición de agentes de la autoridad". Este sistema se pone en contraste con lo que se hace en países de nuestro entorno, "en los que la protección de todo el sector es encomendada, incluso, a las fuerzas armadas". España no había sufrido ningún robo de explosivos en los últimos 32 años, hasta el que fue perpetrado para el 11-M.

Los mineros y los fabricantes de explosivos ven "de difícil comprensión la actitud de dejación manifestada por el Estado al atribuir a las empresas la responsabilidad inmediata de la seguridad de los explosivos y, en definitiva, de evitar los actos en los que pudieran emplearse". Tras estas líneas, los empresarios piden entrevistarse con la subsecretaria de Interior, Soledad López Fernández, y con el director general de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva.

Operación Lechera

La propuesta que le llevarán consiste básicamente en el cierre de los 5.000 minipolvorines que almacenan explosivos y detonadores en las propias minas. Las más de 1.000 industrias extractivas de mineral que utilizan explosivos pueden tener como máximo diez de estos cofres y, en el caso de la Mina Conchita, la explotación disponía de ocho (cinco para Goma 2 Eco y tres para detonadores). Los minipolvorines son cajas fuertes encastradas en las faldas montañosas próximas a las bocas de las minas que albergan, como media, 50 kilos de dinamita cada uno o 500 detonadores.

Los informes de la Guardia Civil sobre el 11-M enviados al juez Juan del Olmo revelan que estos cofres de seguridad -con una sola llave de seguridad, sin vigilancia continua, situados en zonas aisladas donde nadie acude tras acabar la jornada laboral- son muy vulnerables a un posible robo. Sin embargo, dichos informes agregan que el robo en la fábrica o en los depósitos intermedios se considera casi imposible por las enormes medidas de seguridad dispuesta en torno a los búnkeres en los que se guardan los explosivos. Además, las llaves de la mayoría de ellos están en poder de la Guardia Civil, encargada de abrirlos.

La propuesta se llama Operación Lechera y consiste básicamente en distribuir a la carta los explosivos, con furgones privados de los productores, de forma diaria y cada vez que se vaya a hacer una voladura. La carga sería entregada y los sobrantes serían recogidos en la ruta de vuelta. Lo que se trata de evitar es que el explosivo "duerma en el campo sin seguridad". Unión Española de Explosivos dispone de 28 depósitos de seguridad y de 12 fábricas desde los que se podrían distribuir los explosivos a la carta, ya que ninguno de ellos dista más de 40 kilómetros de las principales minas españolas.