La Guardia Civil investigó a implicados en la venta de explosivos un año antes del 11-M

La comisión del 11-M ha estudiado esta tarde un informe secreto elaborado el 27 de febrero de 2003 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que, según ha podido saber este periódico, revela que se investigó el tráfico de explosivos en Asturias. El documento, de dos folios, detalla la investigación que se siguió sobre algunos de los implicados en la venta de los explosivos empleados el 11-M, con concreto los contactos entre el confidente Rafá Zohueir y Antonio Toro Castro.

El encuentro entre Zohueir y Toro Castro (preso desde esta semana por narcotráfico), se celebró en Avilés el 5 de febrero de 2003, es decir, un año antes de los atentados, y fue vigilado por agentes de la UCO, que elaboraron el documento, titulado "supuesta red de tráfico de explosivos". Zohueir y Toro Castro hablaron de un intercambio de dinamita Goma 2 por hachís y cocaína. El informe detalla las operaciones de seguimiento que se montaron después de que el confidente Zohueir informara de la existencia en Asturias de una trama de venta de explosivos. También se indica que Toro es propietario de un garaje y se señalan los domicilios a los que ha acudido durante los días de seguimiento policial.

La Guardia Civil tenía ya entonces el número de teléfono móvil que utilizaba habitualmente. Según este informe de dos páginas, la Guardia Civil calcula que Antonio Toro estuvo introduciendo en Asturias cada diez días una cantidad aproximada de entre 50 y 100 kilos de cocaína. El documento confirma que la UCO investigó a algunos de los implicados un año antes de los atentados. Sin embargo, no tuvo trascendencia ni continuidad en una investigación judicial porque no se consideró importante.

Las declaraciones de los agentes al juez

El portavoz socialista en la comisión, Álvaro Cuesta, ha afirmado que tanto éste como otros documentos secretos presentados esta tarde por el Gobierno vienen a confirmar la "importante responsabilidad" del Gobierno del PP, ya que había "alarmas" que no se atendieron y el 11-M se gestó "ante sus narices". Según ha explicado, los documentos de la Guardia Civil sobre la trama asturiana demuestran que había "gran descoordinación" en el seguimiento de la red de venta ilegal de explosivos, que había información sobre esa red y que sin embargo no logró evitarse el tráfico de explosivos. "Algunos responsables políticos no tomaron las medidas adecuadas", ha subrayado.

Además, ha indicado que los documentos de Europol confirmaban que desde 2001 venía aumentando la amenaza de ataques terroristas de corte islamista, un "riesgo creciente y con gran intensidad" ante el que, a su juicio, el Gobierno de Aznar no se dio por aludido. En resumen, ha destacado la existencia de "suficientes alarmas", la "gran descoordinación" de las Fueras de Seguridad y "la falta de instruccuiones" por parte de sus superiores.

Por su parte, el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte ha asegurado que el informe de la UCO "contradice directamente" las declaraciones de agentes de esta unidad ante el juez Juan del Olmo, que investiga el 11-M. Pujalte ha explicado que este documento demuestra que el conocimiento que tenía la UCO sobre la posesión de dinamita por parte de Toro Castro "era clarísimo". Pujalte ha recordado que un agentes declaró ante el juez que la red de traficantes de Asturias tenía tres o cuatro kilos de dinamita. Pujalte ha explicado que luego otro compañero le corrigió y manifestó que la cantidad de explosivo ascendía a 150 kilos, "una diferencia que para hacer un atentado va de la noche al día".