Ex ediles del GIL declaran que las licencias de obra se decidían en el despacho de Roca

Varios ex concejales del GIL que formaron parte de las comisiones de gobierno del Ayuntamiento de Marbella entre 1999 y 2003 declararon ayer ante el juez que las licencias de obra se decidían en las oficinas del ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, actual asesor de la alcaldesa, Marisol Yagüe. Ocho antiguos concejales del Grupo Independiente Liberal, entre ellos el ex alcalde, Julián Muñoz, comparecieron como imputados por autorizar unas obras en unos terrenos de propiedad municipal, cedidos a la empresa Helio Ponto Marbella S.L., vinculada a Roca. Todos ellos están acusados de un delito contra la ordenación del territorio.

Los imputados son, además de Muñoz, José Luis Troyano, Alberto García, Javier Lendínez, Marisa Alcalá, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones y Rafael González, los tres últimos miembros del equipo de gobierno. Los concejales señalaron ante el juez que votaron a favor de la licencia de obras "porque les dijeron que tenía un informe positivo", pese a que el que está en poder del juez es, según José Luis Sierra, abogado de Alberto García y Javier Lendínez (Grupo mixto D), "radicalmente negativo". García reconoció que las licencias no se decidían en las comisiones de gobierno.

Mecanismo normal

José Luis Sierra aseguró también que los concejales desconocían lo que votaban cuando concedían una licencia de obras. Explicó que "el mecanismo normal" consistía en que "el día antes de que se reuniera la comisión de gobierno, los siete tenientes de alcalde se reunían en las oficinas de Planeamiento 2000", ante el gerente de la sociedad Juan Antonio Roca y la abogada Raquel Escobar. "La abogada leía la lista de licencias, explicaba cuáles tenían informe favorable y a continuación se decidía", dijo Sierra. Señaló también que "nadie explica cómo siete tenientes de alcalde se personan en el despacho de uno de sus técnicamente subordinados a discutir allí".

La denuncia es una ampliación -a petición de la Fiscalía- de la querella interpuesta en mayo del pasado año por la entonces concejal del PSOE, Isabel García Marcos, contra el alcalde, Julián Muñoz, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. García Marcos acusó a Muñoz de ceder a dedo unos terrenos municipales, de 13.800 metros cuadrados, a la empresa Helio Ponto Marbella S.L. para la construcción de un helipuerto particular por 50 años y un canon total de 6.000 euros.

El pleno aprobó en mayo de 1995 la cesión administrativa de la parcela para la instalación del helipuerto. El concurso se declaró desierto en agosto y seis años después, Muñoz, que ocupaba el cargo de alcalde accidental, decretó la "cesión directa" de los terrenos. La comisión de gobierno aprobó luego la licencia de obras para diferentes reformas en el solar, que ha hecho que el fiscal haya pedido la ampliación de la denuncia.