Huerta y cemento en torno a La Torre
PSPV y Per L'Horta se oponen al plan para construir 3.100 viviendas protegidas en la pedanía de Valencia
El Ayuntamiento de Valencia prevé construir cerca de 3.100 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la pedanía de La Torre, situada al sur del nuevo cauce del Turia. Un plan que ha cosechado el rechazo de la oposición política y del colectivo Per L'Horta en base a dos argumentos. De un lado, porque implicaría recalificar 382.019 metros cuadrados de huerta protegida; y de otro, porque en su opinión crearía un gueto de VPO en una zona mal comunicada del extrarradio.
Las alegaciones al Plan Especial de Reserva y Ordenación de Usos del barrio de La Torre presentadas por el portavoz municipal del PSPV, Rafael Rubio, y de Per L'Horta, coinciden al criticar la urbanización de huerta cuando, según sus cálculos, la ciudad dispone de 65.000 viviendas deshabitadas. A lo que Rubio añade la existencia de suelo urbano para construir otras 42.000.
Un informe municipal estima desaparecida el 60% de la huerta que existía en 1990
Y mientras el movimiento ciudadano recuerda que un informe del Consejo Agrario Municipal de 2003 señalaba que Valencia había perdido 2.400 hectáreas de huerta en 13 años -lo que suponía aproximadamente el 60% de la superficie existente en 1990-, los socialistas hacen lo propio respecto a la política de vivienda de la alcaldesa Rita Barberá.
Según sus datos, en los últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular sólo se han destinado a VPO 1.670 de las 17.853 viviendas construidas, lo que representa el 9,3% del total. En los siete primeros meses de 2004, ese porcentaje se redujo al 3%: sólo 66 de las 1.998 licencias municipales concedidas fueron para VPO.
Per L'Horta opina que la "única justificación" del Plan Especial consiste en "concentrar" la construcción de viviendas protegidas en una zona de extrarradio separada de la ciudad por el nuevo cauce del río Turia, lo que "minimizará la competencia de estas VPO sobre los precios de venta de las viviendas de renta libre en el resto de la ciudad". Y en las alegaciones socialistas se defiende que el crecimiento de la ciudad debería producirse, en todo caso, "de dentro hacia fuera", sin dejar "grandes bolsas de suelo junto al núcleo urbano" mientras "se desvirtúa gravemente la tipología" de barrios como La Torre.
La Pedanía hace frontera con los términos municipales de Paiporta, Sedaví, y está rodeada por varias carreteras, entre ellas la V-30, y por una línea férrea. Para llegar desde la ciudad hay que recorrer hasta el final de la calle de San Vicente, y continuar recto por la Avenida Real de Madrid, antigua carretera de dos carriles que parte en dos el núcleo urbano de La Torre. No tiene acceso por metro ni por tren de cercanías y los vecinos consideran escasa la frecuencia de paso de los autobuses de la EMT.
El PSPV considera por ello en sus alegaciones que "en caso de ser necesaria una actuación" como la proyectada en La Torre, ésta se ejecute en la zona de L'Oceanogràfic. "No parece lógico" continúa el documento "reservar espacios junto al núcleo consolidado de la ciudad para futuras recalificaciones destinadas a generar negocio y trasladar la edificabilidad residencial protegida al extrarradio", como ocurre en La Torre. Una pedanía "alejada de la ciudad, mal comunicada, y cuyos servicios para sus 4.950 vecinos se verían seriamente alterados con un crecimiento de al menos 9.000 vecinos más".
Los socialistas entienden, además, que el Plan Especial "minimiza" los gastos reales de urbanización al no haber calculado, por ejemplo, el soterramiento de una línea eléctrica de alta tensión.
Rubio aprovecha las alegaciones para plantear su política de vivienda protegida. Afirma así que las VPO deben estar distribuidas por toda la ciudad "para evitar la dualidad social", y que en cada barrio debe haber un porcentaje "en torno al 30%".
Para ello, los socialistas proponen aplicar la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) para llevar a cabo actuaciones en suelo urbano, incluidas la adquisición y expropiación de terrenos. Y proponen en este sentido utilizar la figura de planeamiento del Patrimonio Municipal de Suelo para adquirir parcelas urbanas y destinarlas a VPO. Un sistema que, recuerdan, sólo se ha utilizado una vez, en el barrio marítimo de El Cabanyal, "con la pretensión de expulsar a sus vecinos" dentro del proyecto de prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez.
Un "borde urbano"
Pepe El Garro lleva 73 años viviendo en la alquería de Les Ànimes, en La Torre, y recuerda perfectamente cuando allí sólo habían "cuatro casas" y mucha huerta, y que antes de la construcción del nuevo cauce del río Turia los cultivos llegaban más allá de la calle de San Vicente. "Entonces esto era otra cosa". Al contrario que en La Punta, la zona de huerta expropiada para construir la Zona de Actividades Logísticas del Puerto, no se aprecia en los residentes de La Torre la férrea voluntad de oponerse a la nueva intervención pública.
El motivo, opina Alejandro Alfaro, jubilado de 66 años, tiene que ver con el grado de arraigo de los habitantes con su entorno. En la pedanía, al margen de las masías más antiguas y de algunos de los edificios de la Avenida Real de Madrid, que comunicaba a Valencia con la capital de España pasando por Albacete, la mayor parte de las construcciones no son anteriores a 1950. La política desarrollista del régimen franquista, cuyos símbolos pueden verse todavía en varios inmuebles, y los efectos de la riada de 1957, llevaron a La Torre a familias no vinculados con su entorno.
Entre los argumentos de los partidarios de edificar está la degradación del espacio. Una razón rebatida por el colectivo Per L'Horta, que asegura que el propio Plan Especial establece que "el 75% de los terrenos afectados corresponden a cultivos altamente productivos". Caminando por la zona, pueden encontrarse campos en perfecto estado junto a otros llenos de malas hierbas o basura. Es lo que el Plan considera propio de los "bordes urbanos" en los que la ciudad toca los terrenos cultivados. Frente a esta lectura, el colectivo advierte de que edificar sólo serviría para trasladar el problema al siguiente segmento de huerta, y recuerda que en estos casos el PGOU impone a la Administración "poner en práctica las medidas apropiadas para la regeneración de las condiciones originarias".
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