Deriva de tensión

Se multiplican a ojos vistas los signos de un peligroso aumento de la tensión en las relaciones entre el Gobierno socialista salido de las urnas el 14 de marzo y el Consejo del Poder Judicial, de mayoría conservadora, afín al PP, elegido por el Parlamento en 2001. El detonante más próximo de tal deriva hay que situarlo en el acaparamiento por candidatos de esa mayoría de los altos cargos judiciales -magistrados del Supremo y presidentes de tribunales superiores y de audiencias- nombrados el pasado 21 de julio, rompiendo la tendencia a que dichos nombramientos reflejen el equilibrio interno del Consejo y, en definitiva, el pluralismo existente en la carrera judicial.

La decisión del Gobierno de proponer una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que esos nombramientos de carácter discreccional se efectúen por una mayoría de tres quintos de vocales -13 sobre 21- en lugar de simple, como hasta ahora, ha sido sentida o presentada como una agresión por el sector conservador del Consejo. Desde fuera, el PP ha optado por atizar el fuego, acusando al Gobierno de "romper las reglas de juego", y por amenazar, a modo de represalia, con el boicoteo de la renovación de los cargos en otras instituciones. Por su parte, el Gobierno tampoco se ha privado de tensar aún más la cuerda con su decisión harto discutible -quizás acorde con la letra de la ley, pero no con su espíritu- de no enviar a informe del Consejo el anteproyecto de reforma del Código Civil sobre el matrimonio homosexual.

El último salto en esta irresponsable escalada de la tensión lo ha dado la comisión de estudios del CGPJ, cuya mayoría conservadora se ha atrevido a tachar de inconstitucional la reforma del sistema de nombramientos judiciales, extralimitándose en el control de legalidad, y no de constitucionalidad, que cabe atribuir a los informes del Consejo. Una acusación que vocales del mismo sector no han ahorrado extender también a la reforma sobre el matrimonio homosexual. Caben muchas opiniones sobre el cambio de mayoría para los nombramientos judiciales, pero difícilmente que es inconstitucional. ¿En qué violenta la Constitución que los altos cargos judiciales se nombren con la misma mayoría que los vocales del Consejo por el Parlamento? Este sistema de nombramientos es materia de ley orgánica y corresponde al Gobierno adoptar las iniciativas legislativas pertinentes, y al Parlamento, aprobarlas o rechazarlas.

En este clima es oportuna la comparecencia en el Congreso del presidente del Consejo, Francisco José Hernando, solicitada por el PSOE, para informar sobre los mecanismos de designación de los altos magistrados. Puede ser una buena ocasión para suavizar tensiones e insistir en la necesidad de que los nombramientos respondan, más allá de la adscripción asociativa e ideológica de los candidatos, a principios de mérito, capacidad e igualdad de género. Resulta escandaloso que la mujer siga siendo una excepción en la cúpula judicial cuando el 67% de los jueces son mujeres.