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La Generalitat quiere retirar las placas franquistas de las viviendas protegidas

El Ejecutivo ofrecerá otra placa para sustituir las del yugo y las flechas que aún se conservan

El yugo y las flechas, el símbolo de Falange, siguen colocados en muchas de las viviendas de protección oficial construidas durante el franquismo casi 30 años después de la muerte del dictador. El Gobierno catalán quiere poner fin a esta situación y promoverá su retirada ofreciendo gratuitamente a los propietarios una nueva placa democrática, en la que se recalcará que se trata de una vivienda protegida pero sin ningún símbolo político. "Nos parece un sarcasmo que a estas alturas algunas personas que sufrieron el franquismo vivan en edificios que todavía tienen el símbolo de Falange en la fachada", explica el secretario de Vivienda del Ejecutivo, Ricard Fernández.

El primer Gobierno catalán de izquierdas desde la Segunda República ha situado entre sus prioridades lo que llama la "recuperación de la memoria histórica". El Departamento de Relaciones Institucionales y Participación está preparando incluso la Ley del Memorial Democrático, con la que pretende recompensar -básicamente en el terreno simbólico- a los que lucharon por la recuperación de la democracia y eliminar cualquier vestigio que aún persista del régimen franquista.

Entre los vestigios, uno de los más visibles es la placa con el yugo y las flechas de Falange colocada todavía en muchas de las viviendas sociales construidas pricipalmente en las décadas de 1950 y 1960. No existe un censo de viviendas que aún conservan el símbolo franquista en la fachada, pero la secretaría de Vivienda afirma que son "centenares".

El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) ya retiró algunas de las placas en edificios gestionados por la empresa pública Adigsa o con participación mayoritaria de la Generalitat. Pero ahora el Ejecutivo quiere ir más allá y promover su retirada de todos los edificios que la conservan.

El proceso, sin embargo, será voluntario. No habrá ningún decreto que obligue a retirar los símbolos del franquismo, pero la Generalitat promoverá su sustitución por una nueva placa que ha encargado en la que sólo aparecerán las siglas HPO -habitatge de protecció oficial, en catalán- y el recordatorio de la ley que regula este tipo de edificios. No habrá, en principio, ningún símbolo de la Generalitat. "No vamos a aprovechar la ocasión para hacer propaganda", asegura Fernández.

El Gobierno catalán ofrecerá gratuitamente las nuevas placas y espera convencer a las comunidades de propietarios para que retiren el yugo y las flechas. Fuentes del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, dirigido por Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), explican que algunos propietarios han preferido hasta ahora mantener el símbolo falangista por el miedo infundado a perder algunos de los beneficios a los que tienen derecho al tratarse de viviendas de protección oficial, tanto respecto a precios como al pago de impuestos.

Otro temor extendido, explican las mismas fuentes, es que algunos propietarios piensan erróneamente que un cambio de placa sería contraproducente para ciertas reclamaciones judiciales en curso, por ejemplo ante casos de aluminosis. La Generalitat pondrá el máximo empeño en explicar que el cambio de placa no supone la pérdida de ningún derecho para sus propietarios.

"Es importante que no aparezcan símbolos fascistas en nuestras casas", opina el secretario de la Vivienda del Gobierno catalán, quien considera que su retirada es otra forma de hacer justicia a la gente que sufrió la represión: "Muchas de estas viviendas están en barrios obreros que fueron de los más represaliados; mantener aún estos símbolos de la opresión parece un escarnio", añade.

Contra los "actos fascistas"

Asimismo Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), que al frente del departamento impulsa la retirada de las placas de Falange, mostró ayer su malestar porque la Delegación del Gobierno en Cataluña autorizó finalmente el acto de "homenaje a la bandera" que tradicionalmente organizan grupos de extrema derecha coincidiendo con el 12 de octubre. En esta ocasión, no obstante, el acto se celebró sin incidentes el pasado domingo.

Bosch impulsó una proposición no de ley en el Parlament para reclamar que se prohíban estos "actos fascistas", pero por problemas en su tramitación no se debatirá hasta el día 21, cuando dichos actos ya se han celebrado. Con toda seguridad, la proposición será aprobada porque finalmente fue presentada conjuntamente por ICV, el Partit dels Socialistes (PSC), Esquerra Republicana (ERC) y Convergència i Unió (CiU).

Bosch dijo comprender los argumentos jurídicos esgrimidos por la Delegación del Gobierno para autorizar el acto, pero lamentó que no tuviera en cuenta la proposición parlamentaria que aún no se ha aprobado en la Cámara.

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