El Estado y la restitución, hoy

El pasado septiembre, en su décimo día para ser exactos, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que constituía una comisión interministerial con la misión de "regular las medidas que resulten precisas para lograr la completa rehabilitación moral y jurídica de los afectados por la represión franquista". La decisión del Gobierno indica que tras largos años de inhibición, de ausencia del Estado en la materia, algo comienza a moverse, y aunque sólo sea por eso la noticia resulta alentadora.

Sin embargo, la finalidad de la comisión, en su bondad reparadora, sugiere también un futuro inquietante según se mire y se lea.

Inquietante porque la rehabilitación (restablecer a la persona al estado anterior al daño sufrido) no es posible. Sólo es posible jurídicamente, y si la tendencia es revisar los sumarios y sentencias de los consejos de guerra celebrados durante el franquismo, como ha reclamado hace pocos días un diputado del Partit dels Socialistes (PSC) al Congreso, el resultado será tan absurdo como dañino, pues la simple revisión de un sumario o una sentencia supone reconocer la legalidad de la sublevación militar y sus tribunales, y purgar expedientes u otros documentos del vocabulario humillante y agresivo propio del franquismo, no haría más que borrar de la historia pruebas necesarias para transmitir la realidad de la dictadura, el trato que dio a su oponentes y de qué modo su bajura moral construyó la imagen del enemigo. Parece que ese diputado no tuvo en cuenta la proposición no de ley que su propio grupo presentó y aprobó en el Parlament de Catalunya, junto a Iniciativa Verds (ICV) y Esquerra Republicana (ERC): "Instar al Gobierno de la Generalitat a trasladar al Gobierno del Estado la necesidad de que se adopten las medidas necesarias encaminadas a decretar la nulidad de todos los juicios y subsiguientes sentencias dictadas al amparo de la Instrucción de la Causa General y del Tribunal de Honor y jurisdicciones antimasónicas y anticomunistas, y se declare ilegítimo el carácter de aquellos Tribunales y de las normas en que se amparaban" (BOPC 3-5-2004).

Ya veremos qué sucederá, pero el momento es crucial puesto que va a decidirse si comienza por fin una gestión de la memoria democrática en este país, al igual que en otros de la Unión Europea azotados por el fascismo, o si por el contrario proseguiremos como en los últimos 27 años.

Disponemos de un Ejecutivo que, por primera vez desde 1977, ha detenido su mirada sobre los años de la dictadura y las muescas dejadas en las gentes que decidieron no consentir y oponerse a ella "por defender unos valores que hoy disfrutamos como sociedad democrática", según palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Bien, a partir de ahí el Ejecutivo tiene dos opciones.

La primera consiste en circunscribir la acción gubernamental a la piedad, conmiseración, promover actos de reconocimiento y esparcir dinero y aliento a iniciativas privadas variadas. Esa ha sido, por ejemplo, la tendencia que siguieron los distintos gobiernos de Convergència i Unió (CiU); tuvo sus cosas buenas, por supuesto. Pero creó marasmo, dispersión y niebla sobre lo único que resulta históricamente relevante: el reconocimiento de los valores éticos y políticos del antifranquismo, pues al fin y al cabo eso es lo único que quedará cuando haya desaparecido el último resistente, se haya celebrado el último homenaje y sacado el último hueso de la última fosa. Eso es lo realmente universal de su pasado y a lo que el Estado democrático debe ofrecer un futuro.

La segunda opción consiste en creerse de verdad las citadas palabras de Fernández de la Vega, y comenzar lo que puede ser el proyecto político cultural de la izquierda en esta legislatura: convertir la memoria democrática, la memoria del antifranquismo, en patrimonio cultural nacional. Esa parece ser que es la opción tomada en Cataluña: comenzar la gestión de la memoria democrática a través de institucionalizar los valores de la resistencia en un memorial democrático, una institución de la Generalitat que con su presencia y actividad conmemora el antifranquismo, y por tanto la tradición política y cultural que ha cimentado nuestra democracia, la Constitución y el Estatut. Sin embargo, en los próximos meses veremos qué sucede exactamente, si el proyecto institucional resulta definitivamente asumido y activado por el Gobierno tripartito o si éste aprueba tan sólo una ley de reconocimiento político y moral que avale el desarrollo de un programa de actividades diversas, pero sin el instrumento institucional necesario, el memorial, para hacer eficaz la ley y sus objetivos. Ya veremos.

En cualquier caso, la comisión interministerial debería ser fiel a las palabras de la vicepresidenta primera, y ello requiere cuatro escenarios de actuación por parte del Ejecutivo: a) Garantizar el acceso al conocimiento de lo sucedido. b) Dar apoyo económico y logístico a las instituciones memoriales que se constituyan en las distintas comunidades autónomas y lo precisen. c) Actuar de inmediato en el único espacio emblemático que le es propio, el Valle de los Caídos, y olvidarse de Montjuïc, un verdadero lío. d) Decapitar el tramado legislativo franquista decretando la nulidad de los consejos de de guerra: no se trata de inventar nada nuevo; al fin y al cabo, así actuó el Gobierno democristiano alemán cuando aprobó la Ley de Derogación de los Dictámenes Jurídicos Injustos del Nacionalsocialismo.

En fin, los próximos meses dirán si el Gobierno opta por las palabras emotivas y hermosas y se limita a ellas, o si emprende una política de Estado que ponga orden a la dispersión y el desconcierto actual, que impida que ese asunto sea usado como arma arrojadiza por más de un insensato, y que cuente al ciudadano y al mundo cómo y en qué modo los fundamentos de nuestra democracia se hallan en la ética de quienes defendieron sus principios en tiempos sombríos.

Ricard Vinyes es historiador.