Ley de violencia de género

El Parlamento ha hablado de forma unánime: quiere resolver de una vez por todas una de las lacras de nuestra sociedad que más nos avergüenzan, es decir, lo que definitivamente han decidido llamar "violencia de género". Por mi parte, lamento que al final nuestros políticos, y ya sin poder alegar desconocimiento, hayan escogido esta denominación puritana y reaccionaria, calcada de otro idioma que cometió el mismo error hace ya mucho tiempo.

Pero, yendo al fondo del asunto, y aunque celebro la iniciativa del legislador de afrontar definitiva e integralmente este complejo asunto, hay dos aspectos que debo criticar. Uno de ellos es instrumental y se refiere a la creación de nuevos órganos judiciales especializados. Considero que cualquier juez español está suficientemente capacitado para tratar estos casos cumpliendo con las exigencias de la nueva ley, y los recursos que se habrán de destinar a la creación de los nuevos juzgados podrían servir para descongestionar la saturada administración de justicia, tan carente de medios como sobrada de asuntos que resolver. Ahora además tendrán que resolver los numerosos problemas prácticos que supondrá la aplicación de esta norma y que sólo un legislador ajeno al mundo judicial ha sido incapaz de prever. El otro aspecto es de índole material y llega nada menos que a la base del sistema democrático: no puede haber una ley que, para acabar con una generalidad de casos de discriminación, consagre la discriminación contraria.

La víctima de los delitos es siempre un ser humano, una persona en toda su plenitud de derechos y de dignidad, y bajo ningún concepto se pueden hacer distinciones en función de su sexo (perdón, "género"). A quien ha sufrido maltratos en el ámbito doméstico o por su pareja sentimental no se le puede amparar menos por ser hombre, ni se le pueden negar los derechos que consagra este proyecto legislativo en cuanto a prestaciones sociales y protección laboral. La ley no necesita hacer estas distinciones, porque está claro que en la inmensa mayoría de los casos se tratará de mujeres, pero ¿sería lícito negar a los pocos hombres que puedan encontrarse en idéntica situación (igual de dolorosa, igual de humillante) unos beneficios que necesitan tanto como si fueran mujeres?