¡Visca Espanya!

Así titulaba un magnífico artículo Juan Maragall, recogido en un bellísimo libro que recopila la correspondencia entre éste y Miguel Unamuno. "Porque en este Visca Espanya", decía, "caben todos los que estiman a España en espíritu y en verdad. Los únicos que no caben son aquellos que no quieren caber, los enemigos de la España verdadera". El gran poeta catalán le insistía a Unamuno acerca de la necesidad de desarrollar "el alma ibérica", contestándole Unamuno a este requerimiento: "¡El alma ibérica! ¡Qué ensueño! Pero nos lo turban castellanistas, bizkaitarras, catalanistas, portuguesistas, andalucistas, etcétera, que no castellanos, ni vascos, ni catalanes, ni portugueses, ni andaluces etcétera".

"El Estado anoréxico es un objetivo de los neoliberales y de los nacionalistas"

"La identidad debe estar impregnada por el dinamismo del cambio"

"Decir que España es plural y diversa es una obviedad, no es un sistema político"

Hoy España es un proyecto-realidad de convivencia en libertad para todos los pueblos que la componen. Desde mi punto de vista las prioridades de esta legislatura deberían coincidir con las reivindicaciones más sentidas por los ciudadanos que creo no se corresponden con la necesidad de las reformas estatutarias planteadas por los responsables políticos. En todo caso, la cuestión está sobre la mesa y deberíamos ser capaces de acertar en la solución actualizando el consenso de 1978, empeño éste que no está exento de dificultades y riesgos. En primer término porque puede haber tendencias que de tapadillo o abiertamente (caso vasco), intenten situarnos en un nuevo proceso constituyente, o se abra camino un adanismo que pretenda inventarlo todo otra vez desvirtuando los logros de estos 25 años de máxima descentralización política y administrativa que no tiene parangón en el mundo moderno. En la medida en que tengan audiencia estas posiciones se corre el riesgo de deslegitimar la transición y el proyecto que se desprende de la Constitución de 1978. Dejemos claro de una vez por todas que se trata de una actualización del modelo después de cinco lustros de un satisfactorio funcionamiento.

No he entendido desde hace tiempo por qué la izquierda no ha defendido como plenamente suyo el proyecto de "La España autonómica" que con carácter sui géneris surge del pacto que desemboca en la Constitución de 1978 y que la derecha española no compartió y sin embargo defiende hoy como propio. En muchas ocasiones la izquierda difuminaba este proyecto dándole un carácter federal o federalizante cuando la vía del autogobierno a través de los Estatutos creo que se adecua mejor a las necesidades de los problemas que había y que hay que afrontar en España. De repente la idea "federalizante" ha sido sustituida por la fórmula de "la España plural y diversa", confundiendo inexplicablemente lo que es una realidad social y política con un sistema. España ha sido plural y diversa siempre, incluidas las etapas de autoritarismo en las que el sistema no era ni plural ni diverso pero la sociedad española sí. Decir que España es plural y diversa es una obviedad, es una descripción, no es un sistema político. Si queremos formular un proyecto para esa España plural y diversa tendremos que concretarlo, y desde mi punto de vista no hay mejor camino que el del autogobierno de las nacionalidades y regiones que componen España iniciado a través de los Estatutos de Autonomía que posibilita la Constitución de 1978. La izquierda debería reivindicar como modelo de Estado propio el que se desprende del "Estado Autonómico" sin más adjetivos calificativos que el de la solidaridad específicamente señalado en el artículo segundo de la Constitución. Además se corresponde con la verdad histórica de nuestro proceso democrático.

No debemos constitucionalizar la expresión "nacionalidades históricas". El texto de 1978 no lo hace refiriéndose a los "territorios que en el pasado hubieren explicitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía...". Es decir, se utiliza la expresión "territorios", aunque si bien es verdad que en el artículo segundo se garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. La Constitución no utiliza la expresión "históricas" creo que con criterio sumamente acertado, porque todos los pueblos de España son históricos en el sentido de que todos tienen su historia y muy rica y entra en el terreno de lo subjetivo el valorar su grandeza o su medianía, pero no debería conducir a crear distinciones entre unos y otros.

Lo anterior nos aboca a un tema que deberíamos haber despejado a estas alturas en el seno de la izquierda. Los pueblos no tienen esencia. No hay un ser vasco, andaluz, catalán, etcétera, porque nuestras sociedades son fundamentalmente plurales. Vascos son Arana y Unamuno y es difícil encontrar un elemento común entre ellos salvo su nacimiento en Bilbao, aunque no en el mismo barrio. Los pueblos no tienen por lo tanto esencias, sino que vienen marcados por una historia compartida. Es ésta la que va dejando un poso identitario difícil de definir pero imposible de negar. Desde un punto de vista progresista la identidad debe estar impregnada por el dinamismo del cambio. El pasado marca indudablemente, pero lo que soy y quiero ser va a conformar una identidad necesariamente plural y en movimiento además del signo distintivo de poner una Lengua Propia. Desde esta perspectiva la propuesta de hacer un listado de las comunidades autónomas añadiéndoles a continuación un calificativo gradualista según sus méritos, es decir, nación, nacionalidad, región, archipiélago, ciudad, etcétera, es un despropósito. La Constitución puede, si se quiere, señalar que España se compone de diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades mencionándolas por su nombre, pero nuestro texto magno no debe nunca calificarlas conceptualmente porque este esquema sólo puede ser aceptado por los que pudieran situarse en la primera categoría. Ninguna comunidad autónoma puede aceptar políticamente ser calificada de segundo orden sobre todo si el barómetro para concretar su ubicación se sitúa en el mayor o menor alejamiento de la España que tiene una historia común. Es decir, cuanto más se cuestiona el proyecto de 1978 soy más nacionalidad, y cuanto menos se pone en entredicho soy región intrascendente. Esta dialéctica conduce inevitablemente al levantamiento de los techos autonómicos por parte de todos.

España no es una nación de naciones, como se dice habitualmente un primus inter pares, como si la suma de las "características" de los pueblos que la componen produjera un nuevo producto social. España se forja como Estado-Nación en el transcurso de más de quinientos años de historia compartida que forjan unas señas de identidad, sobre todo hacia el exterior, que es imposible negar y que posee además una lengua oficial hablada hoy por cerca de 400 millones de personas. En el debate constituyente una de las cuestiones más controvertidas fue la inclusión de la palabra nacionalidad como uno de los elementos definitorios de los territorios que componen España. En aquel entonces se utilizó la palabra nacionalidad en el correcto sentido con que fue empleada en el siglo XIX para conceptuar a naciones pequeñas que están integradas por las razones históricas que sean dentro de un Estado-Nación, reservando la expresión nación para aquellas que disponen de una estructura estatal propia. Por lo tanto, soy partidario de mantener la formulación contenida en la Constitución de 1978 en el sentido de seguir sosteniendo que España está compuesta por nacionalidades y regiones. Formulación esta que cobra todavía más sentido político por cuanto que la Constitución europea que vamos a aprobar próximamente señala en su artículo quinto que la "Unión respetará la identidad de sus Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo que respecta a la autonomía local y regional".

Otra cosa diferente es que seamos conscientes de que el País Vasco y Cataluña presentan problemas políticos que son reales y que no existen en otras comunidades, como por ejemplo el que haya un porcentaje de ciudadanos de estos territorios que no se sienten españoles y pretenden otra formulación de Estado diferente a la actual. Estamos ante un problema político y de esta naturaleza deberá ser la solución. Quizá no podamos aspirar más que a "conllevar" como decía Ortega y Gasset los problemas con estos territorios, pero en todo caso cualquier fórmula que pueda ayudar a resolver las cuestiones planteadas por determinados sectores del País Vasco y Cataluña debe ser sobre todo entendida y asumida por las demás comunidades como la solución definitiva a un problema de integración y en ningún supuesto puede significar privilegio o discriminación, ni tampoco concesiones gratuitas periódicas sin que se resuelva el problema de fondo que late en algunos planteamientos, es decir, la unidad del Estado.

Decidimos en 1978 que la soberanía nacional residía en el pueblo español representado a través de las Cortes Generales. Por lo tanto ninguna decisión de otro ámbito, aunque sea por unanimidad, puede precondicionar la autonomía del Congreso y del Senado para tomar las decisiones que entiendan oportunas los diputados y senadores que representan a la soberanía nacional. Políticamente, una propuesta si viene ampliamente apoyada tendrá muchas posibilidades de ser aprobada, pero sólo lo pueden decidir los plenos del Congreso y del Senado reunidos a tal fin. Es decir, lo que aprueben los Parlamentos Autonómicos puede ser apoyado, rechazado o enmendado por las Cortes en el ejercicio de su soberanía, y sólo tiene derecho de veto democrático la mayoría cuando rechaza la toma en consideración de alguna iniciativa parlamentaria. Estas reglas del juego además son sabias porque conducen al pacto y al acuerdo.

La izquierda no puede abdicar de la idea del Estado como instrumento básico para desarrollar las políticas de redistribución, luchar por la igualdad de oportunidades, combatir la exclusión, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, implementar políticas de defensa del medio ambiente, combatir el terrorismo etcétera. Un sano criterio descentralizador no debe llevar a la socialdemocracia a preferir el Estado anoréxico al Estado fuerte y eficaz, ni a caer en la simplificación de que todo lo que es reivindicación autonómica es bueno y está legitimado, o que la defensa de instrumentos esenciales en manos del Estado es un atavismo recalcitrante. Desde hace algún tiempo invoco una frase de José R. Recalde que me llamó la atención en el sentido de que el "máximo autonómico puede no coincidir con el óptimo autonómico". El Estado anoréxico es por razones diferentes un objetivo de los neoliberales partidarios del mínimo intervencionismo estatal y de los nacionalistas porque si algún día llegara el momento del "tirón final", éste será más factible en el seno de un Estado debilitado que en uno sólidamente implantado. No estoy reivindicando un jacobinismo de izquierdas, pero sí la defensa sin complejos de la España común, y de un Estado ampliamente descentralizado pero suficientemente cohesionado, moderno, eficaz y solidario necesario para jugar un papel relevante en la Unión Europea y en el complicado mundo en que nos ha correspondido vivir.

José María Benegas es diputado por Vizcaya y vicepresidente primero de la Comisión de Exteriores del Congreso.