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El Consell aplicará el impuesto a las gasolinas en cuanto baje el petróleo

La Generalitat pide al Gobierno cambios de la financiación en sanidad y tributos

El Consell presentó ayer una plan de saneamiento financiero en el que asume que sólo podrá reducir el déficit de 971 millones de euros en un tercio hasta 2007. Para eliminar el resto, reclama al Gobierno central cambios en la financiación que permitan una mayor intervención sobre los impuestos especiales y actualicen la transferencia por el gasto sanitario. La Generalitat, además, aplicará el tramo autonómico del impuesto a las gasolinas en cuanto baje el precio del petróleo.

El plan de saneamiento financiero fue entregado ayer en el Ministerio de Economía y prevé reducir el déficit de 971 millones de euros hasta alcanzar el equilibrio presupuestario en 2008 con sólo 40 millones en números rojos. El consejero de Economía, Gerardo Camps, afirmó que se trata de un plan "riguroso y realista" que será debatido en las Cortes. El plan prevé "medidas correctoras" que permitirán disminuir el déficit "hasta 2007 en 305 millones de euros". El Consell asume que los 571 millones pendientes para ese ejercicio sólo se podrán enjugar "si por parte de la Administración central también se actúa". Camps insistió en que el equilibrio presupuestario está condicionado a que "el esfuerzo" del Consell se vea complementado con medidas del Ejecutivo en el trienio 2005-2007.

Estas actuaciones incluyen "dotar de mayor capacidad normativa" a las autonomías "en la tributación sobre impuestos especiales", entre los que citó el tabaco y el alcohol. También reclama el Consell que se regule el fondo de las personas desplazadas que reciben atención sanitaria, de modo que se financien "los gastos reales" de ese servicio. La revisión de la transferencia sanitaria exigirá, asimismo, "la actualización de las variables del modelo, recogiendo especialmente los efectos que en el déficit ha tenido el aumento de la población y el fenómeno de la inmigración". En ese sentido, el consejero subrayó que el desfase "tiene una explicación bien clara y que cabe imputar, al igual que en otras comunidades autónomas, en su mayor parte, al déficit de la sanidad". Camps remarcó que las competencias sanitarias se transfirieron hace 16 años con una "insuficiencia financiera" que no se ha resuelto con los sucesivos modelos de financiación, el último pactado con el PP en el Gobierno y que se calculó sobre cuatro millones de habitantes, cuando ya se han alcanzado los 4,4 millones. También ha envejecido la población, hay más inmigrantes, y las tarjetas sanitarias han aumentado en 600.000, explicó Camps, quien estimó en 100 millones de euros los ingresos que obtendría si se financiara la atención a los desplazados. La Generalitat atribuye el grueso del déficit al gasto sanitario, arrastrado durante años, al que se suman "tensiones presupuestarias en educación e infraestructuras". El Consell espera del Gobierno "lealtad institucional" para que sus decisiones no aumenten el gasto en las autonomías y un ritmo inversor acorde al peso de la Comunidad Valenciana en el PIB. "La aplicación del actual modelo de financiación hasta sus últimas consecuencias, dando al mismo tiempo mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas puede aportar una estabilidad clara", según el Consell, que también espera la compensación de 270 millones de euros por infraestructuras adelantadas. La consejería afirma que su plan supone desarrollar el actual modelo, no una corrección o revisión.

Las "medidas correctoras" del Consell para reducir una parte del déficit incluyen gravar las gasolinas. Camps aclaró que sólo aplicará el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos en el momento en que se cumpla la previsión de los Presupuestos Generales, que calculan un coste de 33 dólares por barril, para no agravar los efectos de la subida. El consejero estima ingresos de 60 millones de euros anuales por este concepto, destinados a sanidad y medio ambiente. Al tiempo que mantendrá las inversiones, la Generalitat disminuirá en cinco millones anuales su aportación a las empresas públicas, restará un 3% a los gastos de funcionamiento discrecionales, otro 3% en convenios -salvo de acción social-, gastará seis millones menos en publicidad, e introducirá mecanismos de control del gasto de personal y del sanitario, como la centralización de adquisición de bienes y servicios. Con un objetivo de crecimiento del 3% y un aumento de ingresos del 7% en el trienio del plan, Camps considera posible destinar unos 50 millones anuales a paliar el déficit.

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