Salud realizará el estudio epidemiológico exigido por los ex trabajadores de la fábrica de uranio de Andújar

La consejera de Salud, María José Montero, se comprometió ayer a iniciar los trámites necesarios para la realización de un estudio epidemiológico y un informe pericial que determinen la posible relación causa-efecto entre la exposición a las radiaciones del uranio y las enfermedades cancerígenas que padecen los ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andujar (FUA).

Este colectivo llevó ayer al Parlamento andaluz sus reivindicaciones -llevan 14 años luchando por que les reconozcan sus dolencias como enfermedades profesionales- a través de una pregunta que formuló en el pleno de la Cámara el parlamentario de Izquierda Unida por Jaén, José Cabrero, quien recordó que, tras el fallecimiento, esta semana, de un nuevo ex trabajador, la cifra de muertes asciende a 55, sobre una plantilla de 126 trabajadores de la FUA, que cerró sus puertas hace 16 años tras 22 de actividad.

La consejera de Salud anunció que se reunirá en breve con el colectivo de ex trabajadores de la FUA, que reclaman que los estudios epidemiológicos y el informe pericial estén elaborados por personal de la Administración andaluza y especialistas en medicina nuclear.

José Soto, representante de los antiguos trabajadores, criticó el "abandono" que sufren los afectados y afirmó que, "de igual forma que se enterró la fábrica y su maquinaria porque estaban contaminadas, también lo están sus trabajadores". El portavoz de la asociación recordó cómo manipulaban el uranio directamente con las manos, sin más protección que unos guantes de plástico y, en algunas ocasiones, una mascarilla de papel. "Nos engañaron, formamos parte de un experimento y ahora nadie quiere asumir responsabilidades", subrayó José Soto.

Radiaciones

De otro lado, los ex trabajadores de la FUA han denunciado que en el cementerio nuclear que antiguamente albergó las instalaciones de dicha industria quedan aún 5.500 curios de uranio, cuyas radiaciones ionizantes se están filtrando hasta las aguas subterráneas para pasar más tarde al cauce del río Guadalquivir. Soto señaló que el Gobierno central empleó hace 14 años más de 180 millones de euros en enterrar las instalaciones y la maquinaria de la citada industria nuclear y aseguró que, "aunque las emanaciones al exterior están controladas, todavía hay radiación interior".

Las afirmaciones de los ex trabajadores han sido calificadas como "muy graves" por Ecologistas en Acción, cuyo representante en Jaén, Raúl Montilla, ha pedido a las Administraciones públicas que contrasten con "organismos objetivos" las mediciones de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) sobre el cementerio nuclear de Andújar con el fin de "tranquilizar o no" a los vecinos de dicho municipio.