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CAE LA CÚPULA TERRORISTA

La fiscalía pide los documentos intervenidos a Antza para ver si puede reclamar su extradición

La Audiencia emite ocho euroórdenes para obtener cuanto antes la entrega de Iparragirre

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado ya una comisión rogatoria a Francia para obtener los documentos intervenidos al máximo dirigente de ETA, Mikel Albizu Iriarte, Mikel Antza, detenido el pasado domingo, día 3, en la localidad de Salies-de- Béarn, junto con su compañera y también integrante de la dirección de ETA, Soledad Iparragirre, Anboto. La petición de la documentación obedece a que la fiscalía quiere apurar todas las vías que puedan incriminar a Mikel Antza y así conseguir su extradición, que por el momento parece complicada, ya que sólo existe una causa contra él en España -tramitada por el juez Baltasar Garzón- y por el mismo delito por el que se le persigue en Francia: pertenencia a ETA.

Garzón, por su parte, ha dirigido otra comisión rogatoria a Francia con la intención de interrogar al líder de la banda terrorista. El magistrado procesó el 5 de febrero de 2002 a Mikel Antza en el sumario abierto contra los responsables de Ekin por formar parte de las estructuras de ETA.Garzón procesó a Mikel Antza por delito de integración en organización terrorista en el nivel directivo y le imputó ser el "máximo responsable del aparato político de ETA, del que dependen KAS en su momento y Ekin en la actualidad, y, por ende, con responsabilidad máxima en la dirección y control de las diversas formas de 'lucha' que desde la estructura de Movimiento de Liberación Nacional Vasco se articulan".

La extradición por ese delito se presenta complicada, ya que es equivalente al tipo delictivo francés de asociación de malhechores con fines terroristas. Y nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Ya en varias ocasiones, distintos tribunales han liberado a procesados por terrorismo que habían sido condenados en Francia por asociación de malhechores. Por eso, Garzón no va a solicitar la extradición por el momento, salvo que el fiscal la inste, y la fiscalía, antes de hacerlo, quiere disponer de pruebas que le impliquen en haber ordenado atentados concretos cometidos por la banda terrorista.

Sin embargo, Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular y ministro del Interior entre 2000 y 2002, declaró ayer a la Cadena Cope que se puede pedir la extradición de Mikel Antza por pertenencia a banda armada y que así se lo planteará al Gobierno. "Éste es el jefe de ETA y hay que juzgarle en España porque, entre otras cosas, ha sido el inductor y averiguar si fue efectivamente el organizador de muchos asesinatos que se cometieron durante su época, como por ejemplo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El jefe era Antza, alguna responsabilidad tendrá", precisó Rajoy.

Sin embargo, no es el Gobierno el que tiene la iniciativa en iniciar los trámites de las extradiciones. Según el artículo 825 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "para que pueda pedirse o proponerse la extradición, será requisito necesario que se haya dictado auto motivado de prisión o recaído sentencia firme contra los acusados". Es decir, que es necesario que antes de pedir la extradición, un juez ha tenido que acordar la prisión del imputado.

Además, el artículo 824 del mismo texto legal establece: "Los fiscales de las Audiencias y del Tribunal Supremo, cada uno en su caso y lugar, pedirán que el juez o tribunal proponga al Gobierno que solicite la extradición de los procesados (...) cuando sea procedente con arreglo a Derecho". Y el artículo 828 recoge que será competente para pedir la extradición el juez o tribunal que conozca de la causa en la que está procesado".

Por tanto, no es el Gobierno quien tiene la iniciativa para reclamar a Mikel Antza, sino la fiscalía y el juez Baltasar Garzón.

La extradición de Soledad Iparragirre, Anboto, está mucho más clara, puesto que tiene numerosos procesos abiertos en la Audiencia Nacional. Mientras se concreta la petición, la fiscalía ha instado a los Juzgados 2 y 4 para que tramiten hasta ocho euroórdenes para la entrega de Anboto por otros tantos atentados cometidos entre 1994 y 1997, entre los que figuran el cometido en la inauguración del museo Guggenheim de Bilbao, el 13 de octubre de 1997, en el que fue asesinado un ertzaina, o el asesinato de dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía en las oficinas del DNI en la capital vizcaína, en 1995.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de octubre de 2004