El PSOE apuesta por legalizar las viviendas rurales en suelo no urbanizable en La Axarquía

La imputación del alcalde de La Viñuela, el socialista Juan Millán, por permitir la construcción de viviendas en suelo no urbanizable ha reavivado el debate sobre el futuro de miles de casas rurales diseminadas en la comarca de La Axarquía que son muy codiciadas por los inversores pero que según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no pueden tener más uso que agrario o ganadero y en ningún caso residencial. El PSOE apuesta por la legalización de estas viviendas pues entiende que de su puesta en valor depende el desarrollo económico de la comarca.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Málaga, Luis Reina, consideró ayer que, al margen de lo que establezca la ley, es necesario buscar fórmulas que permitan la legalización de las viviendas ya construidas, y argumentó: "No podemos condenar La Axarquía a que sea un parque temático de la ciudad, donde va la gente los días de fiesta a visitar parajes y pueblos pintorescos".

De momento, el PSOE muestra su apoyo a la actuación del alcalde de La Viñuela, a quien la Fiscalía imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio, aunque condicionado a que se esclarezca el caso y que Millán de las oportunas explicaciones sobre su actuación. "Ni podemos amparar ilegalidades, ni tampoco dejar al alcalde en la estacada, necesitamos más información para analizar detenidamente el caso", reconoció ayer un dirigente socialista malagueño.

Los alcaldes de La Axarquía quieren una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que impide la construcción de viviendas rústicas diseminadas para uso residencial, o que la comarca reciba un tratamiento especial. En La Axarquía proliferan este tipo de construcciones que en su día estuvieron vinculadas a la actividad agrícola. En los últimos años se ha puesto de moda la adquisición de estas viviendas, bien para rehabilitarlas o de nueva construcción, para residencia, especialmente entre inversores extranjeros.

Hace un año, 28 alcaldes de la comarca, la mayoría de ellos socialistas, enviaron un documento a la Consejería de Obras Públicas en el que rechazan el documento previo del plan de ordenación subregional de la zona, según el cual sólo se podrá construir en parcelas con una superficie mínima de 25.000 metros cuadrados y nunca para uso residencial.

El PSOE de Málaga terció en la polémica y, con el respaldo del PP, aprobó una moción en la Diputación en la que se insta a la Consejería de Obras Públicas a redactar un reglamento de desarrollo de la ley que permita en algunos casos y bajo determinadas condiciones el uso residencial. El problema es que muchas de las viviendas diseminadas carecen de la infraestructura adecuada de saneamiento, luz, acceso o abastecimiento de agua.

Entretanto, la Junta mantiene la aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, lo que en ocasiones ha levantado las iras de alcaldes y empresarios de la zona. Según la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, la Consejería de Obras Públicas ha decretado en los últimos meses órdenes de paralización que afectan a unas 500 obras de construcción y reforma de este tipo de construcciones. El presidente de esta organización, José Prado, ha lamentado los perjuicios económicos que estas paralizaciones pueden tener para la comarca porque se ahuyenta a los inversores.

Los constructores entienden que no debe haber freno a la rehabilitación de cortijos o casas abandonadas o en ruina, y que, en todo caso, los propios ayuntamientos se encarguen de exigir a los compradores de las viviendas diseminadas que las doten de los equipamientos necesarios.