La Junta y el sector rechazan la posibilidad de implantar una tasa turística en la comunidad

El polémico proyecto del Ayuntamiento de Barcelona de instaurar una tasa turística no tendrá versión andaluza. Nadie en la administración ni en el sector está siquiera dispuesto a abrir el debate sobre un impuesto que de momento genera un rechazo unánime y que se considera a todas luces inoportuno en un momento en el que se impone la búsqueda de soluciones a los síntomas de estancamiento en la actividad. Por primera vez en la última década, el flujo de turistas extranjeros llegados a Andalucía en verano ha descendido respecto al año anterior.

"La tasa turística ni está en nuestra agenda ni es un momento oportuno para incluirla", argumenta con contundencia el consejero de Turismo, Comercio y Deportes, Paulino Plata, para quien "no tiene sentido abrir un debate que añadiría además más peso a la preocupación que el sector tiene por su actual situación".

En la misma idea coincide el presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Andalucía, Miguel Sánchez, quien entiende que "no sería inteligente" reabrir ahora ese debate. "Confiamos plenamente en la palabra del presidente Chaves que se comprometió a no castigar nunca a los turistas con ningún impuesto", asegura Sánchez, para quien "el problema que tenemos es atraer turistas y ahuyentarlos con impuestos".

El Ayuntamiento de Barcelona tiene en proyecto imponer una tasa finalista de un euro por persona y día de estancia que los turistas pagarían en los hoteles y cuya recaudación se destinaría a la mejora de los servicios turísticos y a inversiones en promoción. Ciudades como París, Amsterdam o Nueva York ya disponen de impuestos turísticos. En España existe un antecedente muy polémico, la ecotasa de Baleares, que que el gobierno autonómico socialista puso en vigor en 2002 y que al año siguiente abolió el nuevo ejecutivo del PP.

La ecotasa si tuvo eco en Andalucía y propició un largo debate público que el Parlamento zanjó rechazando por unanimidad la imposición de ningún tipo de gravamen a la actividad hotelera.

En su rechazo a la tasa turística, el representante de CC OO en la Mesa del Turismo de Andalucía, Pedro Miguel González, argumenta además que ningún destino turístico andaluz es comparable a la situación de Barcelona, y que si hay problemas de saturación en algunos puntos es por el turismo residencial, cuando la tasa sólo afectaría al sector hotelero. En la capital catalana se producen al año unos 10 millones de pernoctaciones hoteleras, casi el triple de las que suma en su conjunto la provincia de Sevilla, donde en 2003 se produjo un descenso del 6,4% en las estancias hoteleras.

Según Manuel Rey, director del Consorcio de Turismo de Sevilla, el escenario actual hace que no resulte "oportuno" cobrar un impuesto especial a los turistas que visitan la capital. Tanto Rey como los dos grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento sevillano, PP y PA, coinciden que las circunstancias actuales no parecen las mejores para introducir medidas que pudieran disuadir la llegada de turistas.

"Sevilla afronta una pérdida de turistas y lo único que haría falta es que le diéramos la espalda a los que vienen", insiste el concejal del PP Joaquín Peña. "En Sevilla no tenemos saturación turística, sino camas vacías", apunta Agustín Villar, concejal del PA. El andalucista considera que la fórmula propuesta por la capital catalana cae en serias contradicciones. "No se puede hablar de querer promocionar el turismo si luego vas a provocar un efecto disuasorio estableciendo un impuesto".

En el trasfondo de la cuestión subyace un viejo asunto sin resolver, la financiación de los municipios turísticos, obligados a prestar servicios a una población flotante muy elevada que no paga impuestos. La Junta si ha abierto un debate para la revisión del decreto que regula la declaración de municipios turísticos, que da derecho a éstos a programas especiales de inversión autonómica en determinadas materias. Según Plata hay que revisar el decreto para que el criterio imperante para obtener tal declaración no sea el número de turistas en proporción a la población y lo que se tengan en cuenta sea "el compromiso de los ayuntamientos en poner en aplicar políticas urbanísticas, medioambientales y de otro orden que redunden en beneficio de la actividad turística".