Benditas sean las incompatibilidades

¿Sería mucho pedir que, entre los jueces, a la hora de instruir un expediente disciplinario, o decidir sobre él, actúe como incompatibilidad la pertenencia a la misma asociación profesional? Quizás sería una buena manera de evitar que la sospecha del corporativismo se vaya extendiendo en el ámbito judicial como la mancha del chapapote, tan pegajosa y negra como él. Porque, por ahora, en el Consejo General del Poder Judicial las cosas funcionan como si en una empresa privada se encargara al enlace sindical de CC OO que investigara a otro conspicuo miembro del mismo sindicato por una presunta falta laboral grave. No quiere decir nada, pero...

Por tres votos contra dos, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha acordado esta semana archivar el expediente abierto al magistrado Gonzalo de Dios, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, por su actuación en el caso de Ana María Fábregas. Esa mujer fue asesinada a martillazos por su marido en junio de 2003, sin que las trece denuncias que había presentado por malos tratos, amenazas, quebrantamiento de medida de alejamiento y coacciones le hubieran llevado a este magistrado, siquiera, a citarla a declarar.

Lo curioso del acuerdo exculpatorio es que hace menos de tres meses, la misma comisión (con otros integrantes) había decidido justamente lo contrario: rectificar al instructor y pedirle que formulara un pliego de cargos por falta grave de desatención. La consecuencia hubiera sido una multa de 300 euros. Pero ni eso.

El recorrido de este caso es muy interesante. Primero: el servicio de inspección que lo estudió inicialmente elaboró un informe de 14 folios en el que consideraba que existían indicios de un retraso injustificado en la atención de la causa. Se establecía que Fábregas nunca fue llamada a declarar por el juez de instrucción que acumuló las sucesivas denuncias presentadas en los juzgados de guardia. Uno de estos jueces de guardia dictó en un momento dado una medida cautelar de alejamiento. Y otro juez de guardia ordenó que se mantuviera esa medida. Los dos, como es obligatorio, remitieron todas sus actuaciones a su colega Gonzalo de Dios, pero éste no llevó a cabo ninguna actuación propia.

Segundo. A la vista de este informe, la Comisión Disciplinaria decidió abrir un expediente al juez y nombró instructor al presidente de la Audiencia Provincial de Girona, Fernando Lacaba. A los tres meses, el instructor, de acuerdo con el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, solicitó el archivo de la causa. Los miembros de la comisión, que en ese momento eran Carlos Ríos, Enrique López, Fernando Salinas, Félix Pantoja y Agustín Azparren, discreparon y decidieron, por unanimidad, devolver el informe al instructor y pedirle que formulara un pliego de cargos por falta grave.

Tercero. El informe rehecho, recogiendo esta vez una propuesta de multa, llegó a la nueva comisión, integrada ya por Carlos Ríos, José Merino, Agustín Azparren, Montserrat Comas y Félix Pantoja (que había sido ponente en la ocasión anterior). Por tres votos contra dos (los de Comas y Pantoja) la comisión decidió el pasado miércoles cambiar de opinión y dar por cerrado el expediente.

¿Que ha pasado? Existirán argumentos jurídicos, más o menos discutibles, pero lo que no es discutible es que la reacción de muchos jueces de Barcelona en este caso fue formidable. Desde el primer momento, levantaron la voz quejándose de que los medios de comunicación estaban haciéndoles responsables de las muertes de mujeres víctimas de violencia doméstica. De nada sirvió que nadie responsabilizara al magistrado en cuestión de algo semejante, sino de haber desatendido su obligación de llamar a declarar a la víctima. Una vez más, se olfatea un ramalazo de corporativismo, ese mismo corporativismo que terminará por hacer imbécil a este país. Y que destruirá nuestra confianza en las instituciones. Anótese que tanto Gonzalo de Dios como Fernando Lacaba pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Y que Carlos Ríos y José Merino fueron elegidos vocales a propuesta de la mayoría conservadora. Azparren llegó al CGPJ como fruto del pacto PP-PSOE. solg@elpais.es