Cataluña fijará un precio concertado de la vivienda en función de 6 zonas
El Gobierno catalán aprobará a finales de octubre un decreto que fijará precios concertados para las viviendas en función de seis zonas establecidas por la propia Administración. La directora general de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, anunció ayer en una jornadas sobre Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en el salón Barcelona Meeting Point una nueva figura "entre la vivienda de protección oficial y la vivienda libre", con reservas de suelo destinadas específicamente a estos nuevos pisos. Los precios serán "un poco más elevados que los de la protección oficial, pero claramente por debajo de los de mercado, adecuados a las clases medias que no se pueden beneficiar de la protección oficial pero quedan excluidas del acceso a la vivienda por la evolución de los precios".
El decreto incluirá también ayudas a los promotores en Barcelona y el área metropolitana debido al elevado precio del suelo en estas zonas, que impide construir a los promotores sin incurrir en pérdidas, según Trilla.
La responsable de Vivienda del Ejecutivo catalán explicó que el Gobierno catalán prepara una ley de vivienda que estará lista en el primer trimestre de 2005. Esta medida regulará la figura del registro público y establecerá el porcentaje de suelo que debe dedicarse a la construcción de viviendas de protección oficial. Para la responsable de Vivienda de la Generalitat, el incremento del suelo destinado a vivienda protegida no encarecerá los pisos no protegidos, ya que el precio del suelo de la vivienda libre "está basado en las expectativas de venta".
La dotación presupuestaria del plan de la vivienda catalán será de 100 millones de euros durante cada uno de los cuatro años de la legislatura, según el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. El plan incluye ayudas a la construcción, la rehabilitación de pisos y el alquiler, con el objetivo de que se edifiquen 42.000 pisos -la mitad de ellos para el mercado del alquiler- y se rehabilite un total de 40.000 viviendas. El Ejecutivo catalán también persigue que salgan al mercado pisos que están vacíos.
