La rebelión de los barrios

Agobiado por una galopante deuda municipal -que la oposición cifra en más de 200 millones de euros- y por el obligado ajuste presupuestario derivado de las faraónicas inversiones de la legislatura anterior, el alcalde de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar, está recibiendo en los últimos días el acoso del movimiento vecinal, que le reprochan el estado de abandono de los barrios de la capital y el incumplimiento de buena parte de proyectos anunciados hace años. El gobierno municipal, del PP, viene condicionando en los últimos meses cualquier intervención en los barrios de la capital a los ingresos que obtendría de las recalificaciones previstas -de 21 millones de euros en la primera fase del proyecto de la nueva estación de autobuses y de millonarias plusvalías en Las Protegidas, una barriada de viviendas de VPO que se pretende derribar para hacer otrs nuevas-, actuaciones que ahora ha frenado la Junta al proteger ambas zonas.

El último pleno de la Corporación reflejó la crispación de los vecinos de la ciudad y, al mismo tiempo, la soledad del alcalde jiennense, impotente para frenar la división interna instalada en su grupo desde el inicio de esta legislatura y para dar respuesta ahora al aluvión de reivindicaciones vecinales. Uno de los frentes abiertos está en la barriada de Expansión Norte, donde los vecinos -que hoy han convocado una concentración- han llevado al TSJA la adjudicación de las 101 viviendas sociales por entender que se va a crear un güeto en su barrio, además de criticar el estado de suciedad y falta de equipamientos básicos. Algo parecido ocurre en la barriada de Las Infantas, situada a 14 kilómetros de la capital. Los vecinos se manifestaron en el pleno con pancartas donde podía leerse "Las Infantas también existe".

Mayor es aún la indignación entre los vecinos del Polígono de El Valle, que todavía no salen de su asombro al comprobar que el Ayuntamiento ha utilizado el dinero presupuestado este año para construir un paso elevado en la carretera de Madrid -para permitir el acceso al colegio Cándido Nogales- a financiar el concierto del cantante mexicano Luis Miguel. "Quizá están esperando a que atropellen a un niño", censuró Ana Ferreres, presidenta de la asociación vecinal Passo.

Otra reivindicación le llega al Ayuntamiento desde el barrio de La Alcantarilla, donde la asociación vecinal Cauce pide medidas urgentes para contener el deslizamiento que padecen varias calles y que ha generado ya la alarma vecinal por la aparición de grietas en muchas viviendas. Hace tres años se aprobó un proyecto que está paralizado.

Más divididos están los vecinos del barrio de Las Protegidas. Un grupo de vecinos denuncian que sus viviendas se están "depreciando" y alientan al PP a seguir adelante con el proyecto de recalificación, calificado por la oposición como un "pelotazo urbanístico". Pero la llamada Plataforma Ciudadana en Defensa de las Protegidas rechaza la modificación del PGOU que propugna el PP y se oponen a cualquier tipo de "operación especulativa", según el presidente de la plataforma, Juan José de la Torre. El alcalde ha anunciado que planteará una "batalla política y judicial" a la Junta para exigir la desprotección de esas viviendas y del edificio de la estación de autobuses.

Sánchez de Alcázar ha acusado a la Junta de "buscar el estrangulamiento económico de la ciudad" y ayer abundó en sus quejas al indicar que "Jaén es víctima del mayor ataque político de la democracia", tras conocer que el PSOE ha excluido de los Presupuestos del Estado la presa del río Eliche y la remodelación del parque Felipe Arche. Sin embargo, el portavoz socialista, Marcos Gutiérrez, cree que "el Ayuntamiento de Jaén está a la deriva", una situación que justifica en la "vorágine de derroche" del PP en los últimos ejercicios. María Dolores Nieto, portavoz de IU, culpa al PP de "cerrarse a los intereses especulativos" de los grupos de presión de la ciudad y de "esquilmar" el escaso patrimonio público con su política de privatizaciones. De momento, los populares se han visto obligados a aprobar un plan de saneamiento financiero para el próximo trienio que contempla una importante contención del gasto corriente y de la política de personal (no habrá más contratos en los próximos tres años), así como el incremento fiscal y de la recaudación para aumentar los ingresos.