Andalucía, el único objetivo

Desde que el presidente de la Junta de Andalucía lanzó en junio de 2001 su propuesta de reformar el Estatuto de Autonomía andaluz, el Partido Popular (PP), como muchos andaluces, tuvo la duda razonable de si esta reforma era necesaria y oportuna o si en realidad no se trataba más que de una huída hacia delante frente a la carencia de propuestas políticas que ilusionaran a la sociedad andaluza y permitieran hacer frente a los problemas reales que le afectan y preocupan cada día.

Puede parecer baladí detenerse en dar respuesta a dicho interrogante a estas alturas, cuando el proceso de reforma se encuentra en marcha y por tanto resulta previsible que la reforma va a producirse, con independencia de que se haya producido o no un debate riguroso sobre la necesidad de la misma.

Debemos considerar nuestro Estatuto como un limón a medio exprimir

La reforma debe ser consensuada y no rebasar el límite de la Constitución

Sin embargo, aunque sólo sea por contribuir a la comprensión de la realidad política, parece oportuno cuestionarnos sobre la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía en la medida en que dichas reflexiones puedan clarificar el enfoque del debate que debe desarrollarse y de las cuestiones que han de ser abordadas en él.

Esto obviamente no significa que no sea posible la reforma, pero reformar lo que es posible, por la mera voluntad de querer reformar, sin que sea necesario hacerlo supone entrar en contradicción con una serie de principios que deben considerarse esenciales en cualquier ordenamiento jurídico.

Desgraciadamente, el presidente de la Junta de Andalucía antepuso el carro a los bueyes y expresó su deseo de reformar el Estatuto de Autonomía sin explicar qué razones justificaban la necesidad de la misma. Las razones se pretenden encontrar ahora, a posteriori, cuando la decisión de reformar el Estatuto ya está tomada, lo que evidencia que la reforma no se planteaba porque fuera necesaria, sino por la existencia de motivaciones que respondían a intereses particulares del PSOE como eran distraer la atención sobre los verdaderos problemas de Andalucía, hacer frente común con otras comunidades para acosar al Gobierno del Partido Popular o dar cobertura a las propuestas del socialismo catalán.

Como es lógico, una vez abierto el debate acaban apareciendo cuestiones menores susceptibles de reformas, pero lo importante para Andalucía será que se logre encontrar una cuestión central sobre la que basar y justificar la reforma estatutaria.

En Andalucía no ha habido aún un debate de este tipo, como lo ha habido en Cataluña o en el País Vasco. Aquí se ha pretendido emular a Cataluña y País Vasco diciendo "si ellos reforman, nosotros también" sin reparar en que ellos tienen un problema concreto que nosotros no tenemos: la insatisfacción con el grado de autonomía y con su posición en el conjunto del Estado. Por tanto, la pregunta inicial debería haber sido: ¿hay problemas en Andalucía para cuya solución se haga necesaria la reforma del Estatuto? Pero ello exigía debatir, antes de dar respuesta a esta pregunta, cuáles son los problemas de Andalucía, y eso era algo que los socialistas andaluces nunca ha querido hacer.

Pero así han sido las cosas y en esta situación nos encontramos, por lo que sólo cabe esperar que en el debate parlamentario se aborden cuestiones de verdadero calado que justifiquen la reforma. La descentralización de competencias a favor de las corporaciones locales debe convertirse en eje fundamental de los futuros trabajos. Al PP le resultaría incomprensible que se abra un proceso de reforma de nuestro Estatuto que no aborde de forma decidida este proceso descentralizador.

Impulsar la atribución de nuevas competencias y más financiación a los Entes Locales supondrá un mejor cumplimiento de los principios que inspiran la Constitución española, ya que el Título VIII de la Carta Magna no admite que ninguna de las administraciones que integran el edificio institucional permanezca en una posición secundaria, postergada con respecto a las demás.

Una segunda cuestión que conviene abordar en el debate sobre la reforma del Estatuto es el grado de cumplimiento del mismo tras más de veinte años de vigencia. Si bien el cumplimiento del Estatuto no puede servir ni de excusa ni de condición para su reforma, sí debe ser un elemento a tener en cuenta en una posible reforma para que quede explicitado qué disposiciones se han cumplido y cuáles no se han querido o no se han logrado cumplir, y, sobre todo, para que no se incluyan en la reforma nuevas disposiciones cuyo cumplimiento no esté garantizado.

Nuestro Estatuto de Autonomía no ha sido plenamente cumplido ni en cuanto a los mandatos imperativos que establece, ni en cuanto a los objetivos previstos, ni en cuanto a las posibilidades de actuación que permite. Y lo cierto es que al ser el PSOE la única formación política la que ha gobernado nuestra comunidad durante su vigencia, sólo a ella cabe imputar la falta de cumplimiento de nuestro Estatuto.

Un ejemplo claro de incumplimiento de un mandato imperativo de nuestro Estatuto es lo establecido en el art. 4.4 con respecto al papel de las Diputaciones en la gestión de los servicios periféricos de la Junta de Andalucía. También resulta evidente que buena parte de los objetivos previstos en el art. 12 de nuestro Estatuto no han sido alcanzados ni de lejos. La superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre las distintas áreas territoriales de Andalucía, la reforma agraria, el desarrollo industrial como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía, el pleno empleo... son objetivos sobre los que nadie se atrevería a decir siquiera que se han empezado a cumplir.

Tampoco las posibilidades de actuación que manan del amplísimo elenco competencial recogido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía han sido por el momento aprovechadas por la existencia de transferencias aún no realizadas, por el desinterés institucional para el ejercicio de algunas competencias, o por la falta de acierto en la gestión de las mismas.

Por todo esto no puede achacarse al Estatuto -a su agotamiento o a sus imperfecciones- la situación actual de Andalucía, ni puede defenderse que su reforma sea necesaria para salir de la misma, puesto que parece constatado que con las políticas adecuadas que lo hubiesen cumplido en su integridad se le podría haber sacado mucho más fruto del que se le ha sacado en estos años. Debemos considerar nuestro Estatuto, por tanto, como un limón a medio exprimir.

Ahora que después de más de cuatro años iniciamos los trabajos de la posible reforma del Estatuto, es bueno aclarar cuáles son los elementos con los que contamos para abordarla. Es cierto que quien propuso la reforma presentó también un documento de bases que, sin embargo, no puede ser tomado como punto de partida puesto que adolece de importantes defectos e insuficiencias. Se trata de una proclamación retórica, ideológica, de un programa político con importantes dificultades para ser convertido en una propuesta jurídica.

Las propuestas, además, resultan en su mayoría innecesarias, ya que carece de sentido plantear una reforma para introducir cuestiones que ya existen (por ejemplo, el pleno empleo), cuestiones cuya realización no depende de regulaciones normativas (por ejemplo, el diálogo social), cuestiones que se pueden lograr con el cambio de leyes de menor rango (por ejemplo, la creación de la Agencia Tributaria Andaluza), o cuestiones que afectan a normas de carácter nacional, la propia Constitución o incluso al derecho europeo (por ejemplo, la reforma del Senado o la participación de la Comunidad Autónoma en las decisiones de la UE).

Si consideramos, por tanto, los elementos básicos de los que debe partir el debate de reforma estatutaria, conviene tener presente una serie de condiciones sin las cuales no sería en absoluto conveniente llevar a cabo la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estas condiciones son a juicio del Partido Popular que no se rebase el límite constitucional, que sea una reforma consensuada, que no sirva de excusa para dar cobertura a la reforma de Maragall y Carod Rovira, que no posibiliten asimetrías insolidarias y que la elaboración de la propuesta corresponda al Parlamento.

Por último, conviene también establecer de forma clara el procedimiento que debe tener el debate sobre la reforma si queremos que los andaluces se sientan aludidos e identificados con los trabajos parlamentarios. Si no es así, corremos el riesgo de abordar un debate meramente político, incluso partidista, desposeído de todo carácter social. El debate, por tanto, debe tener una primera fase informativa, que debe de ser abierta a la sociedad, con un calendario de comparecencias de destacadas personalidades que ha desempeñado o desempeñan puestos de relevancia pública en Andalucía, de líderes y agentes sociales y de expertos en la materia.

Estas son las bases, claras y honestas, con las que el Partido Popular aborda el debate de reforma del Estatuto de Autonomía, en una actitud responsable con Andalucía. El Partido Popular fue el primer partido que puso en marcha un Foro para la Reforma del Estatuto formado por catedráticos de reconocido prestigio de todas las universidades andaluzas, de Derecho Constitucional, Civil, Administrativo, Derecho Financiero, historiadores y filólogos, así como ponentes del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Una vez más hemos demostrado que lejos de rehuir cualquier cuestión que interese a Andalucía, lo abordamos con rigor, lealtad institucional y altura de miras, porque Andalucía es nuestro principal referente y debe ser el único objetivo de la reforma del Estatuto.