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Suiza rechaza dar facilidades a la nacionalización de los extranjeros

El 57% de los suizos vota en contra de la reforma constitucional

Cerca del 57% de los suizos decidió ayer en referéndum rechazar una reforma constitucional tendente a facilitar la concesión de la nacionalidad suiza a los extranjeros de segunda y tercera generación. El tono de la campaña estuvo marcado por el radicalismo de la extrema derecha y su temor hacia los musulmanes y la polarización entre el voto de los cantones de habla alemana y los de habla francesa, que votaron a favor de la reforma.

El 56,8% de los suizos votaron en contra de una ley que permita la obtención facilitada de la nacionalidad helvética a los hijos y nietos de extranjeros nacidos y criados en el país. El voto revela una marcada polarización entre los cantones de habla alemana y los de habla francesa. Los francófonos votaron claramente a favor de la reforma mientras que los germánicos se expresaron masivamente en contra.

La reforma hubiera permitido a los jóvenes extranjeros beneficiarse a partir de ahora de las mismas condiciones para la naturalización en todo el territorio de la confederación. La ley se hubiera aplicado a los extranjeros de segunda generación (hijos de inmigrantes) con al menos cinco años de escolarización obligatoria y en posesión de un permiso de residencia válido. El resultado negativo cierra también las puertas a la nacionalización de los extranjeros de tercera generación, o nietos de inmigrantes. Esta reforma ya se intentó en 1994, con resultados similares.

Con unos 1.400.000 extranjeros sobre una población total de más de siete millones, esta medida hubiera afectado a unas 15.000 personas por año. Uno de los colectivos más perjudicados será el italiano. Sobre todo en la Suiza alemana, los familiarmente denominados secondos, o hijos de inmigrantes italianos, son legión. Unos 90.000 españoles también viven en el país, según fuentes del Ministerio de Interior suizo.

En una declaración sin precedentes en la historia política del país alpino, cinco de los principales partidos políticos con representación parlamentaria (socialistas, verdes, radicales, democristianos y liberales) publicaron un comunicado conjunto en los principales medios de prensa del país el pasado jueves instando a los ciudadanos a votar y llamando a un "sobresalto republicano" y descalificando, sin nombrarlo, al SVP (Partido del Pueblo Suizo) del caudillo de Zúrich Christoph Blocher, actual consejero federal (ministro) de Interior y Justicia.

A la vista de los resultados del voto popular, el llamamiento ha sido en vano. El SVP centró su campaña en una agresiva denuncia de la "invasión extranjera" de Suiza y, sobre todo, en tres anuncios que provocaron un gran escándalo. En el primero se advertía a los ciudadanos de que, muy pronto, "los musulmanes serán mayoría en Suiza"; en el segundo se mostraba un pasaporte suizo con la foto de Osama Bin Laden y el tercero mostraba manos crispadas de pieles negras o amarillas en el momento de recoger pasaportes rojos con la cruz blanca suiza. Estos anuncios fueron denunciados por todo el espectro político del país y han causado infinidad de debates televisivos y en la prensa escrita.

A día de hoy se viven en el país alpino situaciones paradójicas como la de numerosos ciudadanos nacidos y criados en Suiza que aún mantienen la nacionalidad de sus abuelos dado que Suiza, a diferencia de Francia o Estados Unidos, siempre ha dado primacía al derecho de la sangre sobre el derecho del suelo o la nacionalidad automática a los que nacen en su territorio. El proceso para obtener la nacionalidad suiza es sumamente largo y costoso, dependiendo del cantón de domicilio.

La negativa del pueblo suizo impedirá la plena integración de miles de jóvenes que no conocen otra patria y que, de ésta manera, no podrán pasar a integrarse plenamente en el tejido social y político suizo, con todos los derechos y obligaciones que ello comporta. El intento de reforma de la ley llegó en un momento de relativa crispación con respecto a los extranjeros, ya que el cantón de Vaud ha decidido la repatriación forzosa de unos 500 demandantes de asilo de la ex Yugoslavia. La controvertida decisión ha sido contestada por numerosas organizaciones de derechos humanos (incluida Amnistía Internacional) y, a día de hoy, sólo unas pocas familias han vuelto a su país por iniciativa propia. Es de destacar que Suiza se compromete a ayudar financieramente a la reinstalación de las personas que se vayan pacíficamente.

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