Pases de modelos

LA REUNIÓN de consejeros autonómicos celebrada a comienzos de esta semana con el fin de preparar la primera conferencia de presidentes de las 17 comunidades (más los alcaldes de Ceuta y Melilla) el próximo mes de noviembre concluyó -según la versión de los portavoces populares- como el rosario de la aurora. Aunque el fiasco sea sólo provisional (el ministro Sevilla convocará una segunda reunión después del 15º Congreso del PP), el tropiezo resulta significativo. La cita no sólo pretendía poner en marcha la agenda territorial anunciada ya por el Gobierno. De añadidura, la gran mayoría de los expertos en cuestiones autonómicas -incluido el eurodiputado popular Alex Vidal-Quadras- afirman que la institucionalización de la Conferencia de Presidentes -pendiente desde 1983- serviría para reforzar los mecanismos de cooperación de las comunidades entre sí y con el Gobierno central.

El PP puede bloquear cualquier revisión constitucional en las Cortes Generales y la reforma de los estatutos de autonomía en los parlamentos de las comunidades donde tiene mayoría absoluta

Los obstáculos al viaje político-geográfico emprendido por Zapatero tienen causas muy diferentes, cuya interacción puede dar lugar a efectos imprevisibles y consecuencias indeseadas; si un rasgo definitorio de la democracia -como subraya Adam Przerworski- es la incertidumbre, la imposibilidad de predecir el curso de las negociaciones entre los interlocutores impide conocer el itinerario, los tiempos e incluso el destino final de la marcha. Nadie sabe aún si las reformas constitucional y estatutaria caminarán en paralelo o guardarán un orden -¿cuál, en tal caso?- de precedencia.

Las reivindicaciones nacionalistas, orientadas a conquistar para un solo territorio techos de competencia más elevados, ventajas materiales de carácter fiscal o inversor y reconocimientos simbólicos, pueden entrar en contradicción con recomendaciones técnico-constitucionales de alcance general destinadas a mejorar el funcionamiento del Estado autonómico. La tensión entre esos dos polos despierta los recelos no sólo de los portavoces del PP, sino también de dirigentes socialistas autonómicos o municipales como Rodríguez Ibarra o Francisco Vázquez, temerosos de que el debate territorial construya un caballo de Troya contra la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos.

La confrontación entre el Gobierno y el PP introduce igualmente ruidos en la discusión. Si la mayoría cualificada de las Cortes Generales requerida para cualquier reforma constitucional entrega al PP la llave de la decisión, la mayoría absoluta de los populares en varios parlamentos autonómicos les permitirá bloquear la reforma estatutaria de tales comunidades. Tras vanagloriarse de su fuerza disuasoria en ambos supuestos, la plana mayor del PP, reunida en San Millán de la Cogolla hace nueve días, exigió también un doble consenso -de los parlamentos autonómicos y de las Cortes Generales- para las reformas estatutarias en las comunidades donde sus votos (como ocurre en Cataluña y el País Vasco) no son aritméticamente necesarios.

Si aspira a robustecer la autoridad moral de su legítima pretensión al doble consenso, el PP debería renunciar a la estrategia de boicotear cualquier reforma constitucional y estatutaria imaginable. En la reunión de esta semana, la disciplina uniformista de partido estatal sometió la singularidad de las comunidades gobernadas por el PP con una engañosa coartada: los populares no enseñarán sus cartas hasta que el PSOE entregue los planos detallados de su modelo de Estado. Pero el reproche del PP descansa sobre dos premisas falsas. De un lado, el Gobierno ha anunciado tanto las líneas generales de sus cuatro propuestas de reforma parcial de la Constitución (referidas al Senado, la sucesión en la Corona, la enumeración de las comunidades autónomas y la referencia a la Constitución Europea) como su disposición a respaldar las reformas estatutarias que respeten el marco constitucional y tengan un amplio consenso: para seguir con las imágenes lúdicas, ha movido ya pieza en el tablero del ajedrez. De otro, Zapatero no pretende organizar una pasarela Cibeles de vestimenta político-territorial: sólo propone negociar reformas constitucionales y estatutarias del único modelo constitucional existente: el Estado de las autonomías.