Chaves celebra la "vuelta a la normalidad" de Cajasur

La futura vuelta de Cajasur bajo la tutela de la administración autonómica representa una "vuelta a la normalidad que nunca se debió romper", según consideró ayer el presidente de la Junta, Manuel Chaves. La nueva ley de supervisión de conglomerados financieros, actualmente en trámite parlamentario contemplará este cambio de jurisdicción, según informó ayer El Correo de Andalucía.

El grupo socialista en el Congreso de los Diputados presentará la próxima semana una enmienda al proyecto normativo que modifica la Ley Financiera aprobada en 2002, cuando el PP gozaba de mayoría absoluta, que permitía a las entidades financieras fundadas por la iglesia católica quedar bajo la tutela del Ministerio de Economía. Cajasur ha sido la única entidad de ahorro española que ha permanecido desde entonces bajo la disciplina del Gobierno central.

Agresión

Chaves fue ayer elocuente al valorar el cambio de situación como un vuelta natural a la normalidad. "Fue un atentado al Estatuto de Autonomía y una agresión a la Junta porque supuso quitar a la entidad de la tutela de la administración competente", dijo, y recordó que aquella situación, "que nunca debió de producirse" se debió a "un acuerdo entre el PP y el presidente de Cajasur".

El conflicto entre Cajasur y la Junta se remonta a la entrada en vigor de la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía, en diciembre de 1999. El presidente de Cajasur se negó a reformar los estatutos, a dar entrada en los órganos de dirección a los representantes de instituciones públicas que determinaba la norma. Según la ley autonómica, Castillejo no podía haber sido reelegido tampoco presidente de la entidad por haber agotado los plazos de antigüedad.

El Gobierno del PP puso un recurso en el Tribunal Constitucional contra la norma, que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha retirado, y aprobó en 2002 la Ley Financiera que puso a Cajasur bajo la tutela del Ministerio de Economía. Esta circunstancia ha impedido, al margen de la renovación estatutaria y de cargos de la caja, que la Junta no haya auditado la obra social de la entidad, como hace anualmente con el resto de cajas.