Fox trata de retomar las riendas

La crispación nacional causada por el descrédito de los partidos mexicanos, el bloqueo de las reformas estructurales y el eventual desafuero, procesamiento e inhabilitación como candidato del presidenciable alcalde de la capital federal, el populista Andrés Manuel López Obrador, favorito en los sondeos previos a las generales del 2006, obligaron un calendario de entrevistas conciliatorias entre el presidente, Vicente Fox, y la oposición. Recibirá al alcalde el próximo miércoles. La reunión del gobernante con el titular de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Mariano Azuela, en abril, para abordar el desafuero, entre otros asuntos, fue percibida por la oposición como "prueba del sometimiento" del poder Judicial al Ejecutivo. La inhabilitación causaría inestabilidad o caos en México, según advierten sus centuriones.

Los empresarios piden a los políticos reformas fiscales, energéticas y legales profundas

Desde hace cuatro años, los empresarios piden a los políticos acuerdos, reformas fiscales, energéticas y legales profundas, porque numerosos códigos datan del corporativismo de principios del siglo XX. No han sido posibles porque, independientemente de las diferencias sobre su contenido, el Gobierno adolece de liderazgo y operadores, y los partidos dedican más tiempo a las pugnas internas, a dañar al adversario, a sofocar escándalos y asegurar impunidades. El miércoles, Fox recibió a la dirección del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quedaron en "reimpulsar el diálogo y a dar resultados concretos que pavimenten la confianza entre las fuerzas políticas y que revaloren a la democracia frente a la ciudadanía".

Nada nuevo. Los retrasos legales, mientras tanto, determinan, entre otras distorsiones, que sólo se denuncien 1,5 millones de los 4,5 millones de delitos calculados anualmente por fuentes oficiales. La deducción es obvia: tres millones de víctimas no perciben la existencia de un verdadero Estado de Derecho. Tampoco quienes observan el todavía impune regreso, extraditado desde Estados Unidos, del ex presidente de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Rogelio Montemayor, implicado en el fraudulento desvío de cerca de 200 millones de dólares de la compañía estatal hacia el sindicato petrolero para financiar la campaña del candidato del PRI, Francisco Labastida, en las generales del 2000, ganadas por Fox. Ninguno de los implicados ha pisado la cárcel.

Pero México aguanta porque cientos de miles emigran anualmente a Estados Unidos, la informalidad laboral es masiva y la macroeconomía es buena. El PIB crecerá este año un 3,8%, según las previsiones, después de cuatro años de contracciones. No obstante, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, advirtió sobre la vulnerabilidad de las finanzas públicas. "México está subinvirtiendo en infraestructura, capital humano y combate a la pobreza y esto, básicamente, es un problema de evasión fiscal y de un muy mal diseño impositivo", subrayó el funcionario durante la II Cumbre de Negocios de Veracruz. La consolidación pasa por políticas fiscales y monetarias prudentes, difícilmente sostenibles con una recaudación tributaria del 15% del PIB, diez puntos por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La creación de empleo es baja o insuficiente en una nación de 104 millones de habitantes, el 50% en la pobreza, y cayeron la competitividad y la penetración mexicana en el mercado norteamericano, según los analistas financieros. "El diagnóstico está claro (...), entonces, si sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué en esta democracia no hemos sido capaces de producir un entorno que permita acuerdos políticos para que avance el país?", se preguntó Ortiz. Excepto un retoque del sistema de pensiones, la democracia mexicana se manifiesta inoperante porque la bronca y la miopía son rayos que no cesan y porque los actores políticos temen que los eventuales acuerdos sobre asuntos de Estado puedan ser aprovechados como bazas electorales por el contrario.

El presidente del Supremo debió salir al paso de las sospechas de que maquinó con Fox la suerte del alcalde, dispuesto a la rebelión si lo eliminan "tramposamente" de la carrera presidencial. Azuela fue convocado por el mandatario para abordar un problema (el desafuero del alcalde por el supuesto desacato de una sentencia sobre paralización de obras) "potencialmente de trascendencia nacional". No hubo menoscabo de la independencia judicial, subrayó el magistrado.