Un informe jurídico deslegitima la postura de Alonso sobre guarderías

Un informe jurídico elaborado por la secretaría del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha deslegitimado el decreto del alcalde Alfonso Alonso destinado a reorganizar las escuelas infantiles municipales y que mantiene en huelga a las educadoras desde el 1 de septiembre. El informe resalta que la creación de la figura de Técnicos de Jardín de Infancia (TEJI), uno de los puntos importantes del decreto, no es competencia del alcalde, sino del Pleno, que es quien puede modificar o anular la plantilla municipal, incluyendo la creación de nuevos puesto como el de TEJI.

El informe a la secretaría del Pleno, la única que es competente para emitir este tipo de estudios jurídicos, fue solicitado por el PSE en agosto, pocos días después de que Alonso aprobará su decreto sobre las guarderías infantiles. Este decreto, que posteriormente fue refrendado por la junta de gobierno local, que preside el propio Alonso, reorganiza el servicio para dotarle de una carácter más asistencial que educativo. Con ese fin, crea la figura de los Técnicos de Jardín de Infancia, una rama de Formación Profesional, en detrimento de los diplomados en Magisterio, que hasta el curso pasado eran mayoritarios en las guarderías municipales al imperar el modelo educativo sobre el asistencial. Así, la orden conllevó el despido de 127 educadoras, diplomadas en Magisterio, que el curso 2003-2004 desempeñaron su trabajo como interinas.

Posteriormente, un centenar de estas diplomadas ha sido readmitida en la bolsa de trabajo confeccionada para el actual curso, pero rebajándoles la categoría. En esta tesitura, las educadoras declararon una huelga indefinida el pasado 1 de septiembre reclamando volver a la situación en la que se hallaban antes de la promulgación del decreto del 27 de julio. El paro de las educadoras está afectando a 1.500 familias vitorianas que tienen a sus hijos de cero a tres años matriculados en los centros municipales.

Informe complementario

Aunque el informe de la secretaría no tiene carácter vinculante y sólo cuestiona los aspectos relacionados con el personal, supone un varapalo muy importante para el alcalde al dejar en manos del pleno, donde se encuentra en minoría, cualquier decisión sobre la plantilla municipal. La aplicación práctica de este informe resulta muy complicada, dado que ahora se debería solicitar un informe complementario que determine si toda la contratación de Técnicos de Jardín de Infancia que ha realizado el Ayuntamiento durante el pasado mes de agosto es legal.

El portavoz municipal del PSE, Patxi Lazcoz, mostró ayer su satisfacción por las conclusiones del informe jurídico. "Es competencia de pleno", recalcó Lazcoz, "dar a las nuevas plazas que se creen soporte legal, jurídico y económico, para que posteriormente el alcalde y la junta de gobierno local organicen los servicios en que se distribuya el trabajo, pero siempre en el marco de lo que apruebe el pleno".

Según Lazcoz, lo trascendente es que el informe declara ilegal el decreto y "deslegitima las formas" con las que ha actuado el equipo de gobierno municipal, al aprobarlo a las puertas de las vacaciones y en minoría. El portavoz socialista considera que el estudio jurídico supone un cambio cualitativo importante en el conflicto que enfrenta a las educadoras con el Ayuntamiento y que podría ayudar a desconvocar la huelga.

Sin embargo, esa posibilidad de momento es remota. Lazcoz y el resto de la oposición trasladaron el resultado del informe al comité de empresa, a la vez que le reiteró el modelo para las escuelas públicas municipales que han elaborado todos los grupos del Ayuntamiento a excepción del PP, que es quien gobierna. Ese modelo primaría más el carácter educativo, pero también tendría en cuenta los aspectos asistenciales. La idea es contratar maestras, pero también Técnicos de Jardín de Infancia, aunque en una proporción menor a la que plantea el alcalde en su decreto.

Por su parte, la concejala de Presidencia, Idoia Garmendia, del PP, aseguró que el decreto del alcalde "no queda afectado porque su legalidad no ha sido discutida en ningún momento", pero reconoció que "otra cosa" es la relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada, donde figuran los Técnicos de Jardín de Infancia. Según Garmendia, incluso esa RPT está avalada por otros tres informes, emitidos por el Organo de Apoyo de la Junta de Gobierno, los servicios jurídicos del Ayuntamiento y los servicios jurídicos de Función Pública.