Los partidos catalanes desoyen al Tribunal de Cuentas y vuelven a repartirse 6 millones de más

Los partidos catalanes han hecho caso omiso de las exigencias del Tribunal de Cuentas y para este año han vuelto a repartirse seis millones de euros más de lo que les corresponde según las normas vigentes. El Gobierno de izquierdas ha mantenido la anómala situación, que consolidó el de Convergència i Unió (CiU), y ha contabilizado la subvención a los partidos como "Aportaciones al Parlament". Fuentes del Gobierno catalán admiten que existe un problema con estas subvenciones y añaden que estudian fórmulas para adaptarse a las exigencias del Tribunal de Cuentas.

En 2001 todos los partidos parlamentarios catalanes firmaron un acuerdo para aumentarse las subvenciones públicas y a cambio avanzar hacia una mayor transparencia de sus contabilidades. Estas ayudas se aplicaron incluso retroactivamente -se autoconcedieron subvenciones también para el ejercicio de 2000- y fueron aumentando año tras año, hasta llegar a los seis millones de euros para 2003 y 2004. Desde que el acuerdo entró en vigor, los partidos catalanes se han repartido 21 millones de euros de más.

El gobierno de izquierdas ha mantenido la misma subvención extraordinaria que otorgó el último Ejecutivo de CiU: seis millones de euros para 2004. En esta ocasión la partida se incluyó en los presupuestos de la Generalitat dentro del Departamento de Relaciones Institucionales y Participación.

Los partidos se reparten la subvención en función de los resultados electorales, con lo que Convergència i Unió (CiU) ha ingresado este ejercicio en torno a dos millones de euros de más; el Partit dels Socialistes (PSC), 1.860.000; Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un millón; el Partido Popular, 660.000 euros; e Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida (ICV-EuiA), alrededor de 400.000.

El Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de velar por la transparencia de las cuentas de las administraciones públicas y de los partidos políticos, sin embargo, lleva dos años desautorizando el mecanismo pactado por todos los partidos catalanes. Lo ha hecho en los dos últimos informes que ha redactado sobre la financiación de los partidos, correspondientes a los ejercicios de 2000 y 2001, cuando las partidas de más eran muy inferiores. Ambos informes fueron difundidos en 2003. Pese a ello, el Gobierno catalán de izquierdas volvió a incluir en los presupuestos para 2004 -aprobados el pasado julio- estas subvenciones extras para los partidos.

En sus dos últimos informes, el Tribunal de Cuentas amonesta a cada partido catalán cuando examina sus cuentas e incluye también su malestar global en las conclusiones que emite. El organismo fiscalizador de las cuentas públicas subraya que estas aportaciones de más están fuera de la ley de financiación y les recrimina además la fórmula utilizada, consistente en una subvención del Gobierno hacia el Parlamento catalán, que después reparte el dinero entre los diversos grupos parlamentarios.

No hay justificación

El último informe, aprobado en septiembre de 2003, censura la "singularidad" de estas subvenciones al tratarse de "financiación del Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo", pese a las "prerrogativas de autonomía reglamentaria, organizativa y presupuestaria que garantizan la independencia de aquél". Además, el tribunal destaca siempre que "la aplicación de esta financiación para funcionamiento ordinario no se ajusta a lo previsto en la ley orgánica, en cuanto a las fuentes de recursos públicos para su actividad ordinaria".

El informe insiste a menudo, cuando examina partido por partido, en que "de la documentación remitida no se deducen los motivos que la justifican ni el fundamento jurídico que las ampara". Pese a que las formaciones políticas suelen alegar que la subvención es para el trabajo de los grupos parlamentarios, el acuerdo alcanzado por los partidos catalanes en 2001 dejó claro que es para "atender a sus gastos de funcionamiento ordinario". Dicho acuerdo incluso sugiere a los partidos que contabilicen las partidas de más como "subvención anual no condicionada".

Fuentes del Gobierno catalán admiten que existe un problema entre las subvenciones concedidas y los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas. Las mismas fuentes oficiales subrayan que están estudiando la situación para adecuarla a las exigencias del organismo fiscalizador de las cuentas. Fuentes de la Sindicatura de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar del dinero público de las administraciones catalanas, explican que han hecho llegar a los partidos políticos su preocupación por estas subvenciones "anómalas", rechazadas por el Tribunal de Cuentas.