Hacia la "imparable" reforma constitucional

El Gobierno considera "imparable", según el término empleado por una fuente oficial, el proceso de reformas de la Constitución y de los estatutos de autonomía, tras la doble ronda con todos los presidentes autonómicos y todos los líderes de los partidos parlamentarios que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero inició en mayo y ha culminado esta semana. Todos los consultados han dado su apoyo al proceso de reformas, incluido el líder del PP, Mariano Rajoy, aunque éste último con algunas condiciones. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en conversación con EL PAÍS, responde a Rajoy -que el viernes reclamó un pacto bipartito para encauzar las reformas territoriales- que "tendrá que haber acuerdo PSOE-PP, pero también con otros partidos".

El Gobierno socialista argumenta la ampliación del consenso a más de dos partidos en que las reformas territoriales afectan a la Constitución, que fue aprobada por todos, excepto el PNV, y en que las de los estatutos de autonomía atañen a comunidades en las que gobiernan más partidos que el PSOE y el PP.

El Gobierno contempla un "giro favorable" a las reformas, incluso en el PP, expresado en la declaración de San Millán de la Cogolla, del viernes, en la que participaron sus líderes nacionales y territoriales, bajo la presidencia de Rajoy. El secretario general del PP ya había asumido la reforma constitucional del Senado para convertirlo en Cámara territorial y se resistía a las reformas de los estatutos de autonomía. Sin embargo, la declaración del viernes acepta las reformas estatutarias que "nazcan del consenso" y "se enmarquen en el respetuoso desarrollo de la Constitución de 1978".

A juicio del Gobierno socialista, esta declaración supone la "luz verde" del PP al proceso de reformas estatutarias y con las "mismas condiciones" que el PSOE. "El PP ha hecho su declaración de Santillana del Mar con un año de retraso", señalan fuentes gubernamentales, en alusión a la declaración autonómica del Consejo Territorial del PSOE del 30 de agosto de 2003, en la que se dio luz verde a las reformas de los estatutos. Las fuentes gubernamentales consultadas señalan que el PSOE decidió aquella declaración hace un año porque, ya que "se veía inevitable el proceso de reformas de los estatutos, una vez que lo habían anunciado en Cataluña y Andalucía", era necesario "encauzarlo".

El Gobierno socialista está convencido de que el "giro" del PP obedece a las presiones de sus presidentes autonómicos y de líderes significados del partido, como Josep Piqué, que entró hace meses a formar parte de la ponencia de reforma del Estatuto de Cataluña.

En la ronda con Rodríguez Zapatero, el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, planteó la conveniencia de reformar el estatuto de autonomía de su comunidad para lograr, entre otros objetivos, que el presidente tenga competencias para disolver el Parlamento autonómico.

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, llevó consigo en sus reuniones con el presidente Rodríguez Zapatero y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, abundante literatura en la que abogaba por la reforma del Senado, de los estatutos de autonomía y por la creación de la Conferencia de Presidentes autonómicos. Llegó, incluso, a ofrecerse a Zapatero como mediador ante Rajoy para convencerle de la necesidad de las reformas territoriales por las que venía abogando, sin éxito, cuando gobernaba José María Aznar.

El presidente de Baleares, Jaume Matas, que también entrará en el proceso de reforma de los estatutos de autonomía, llegó a confesar en su reunión con el ministro de Administraciones Públicas, aludiendo al proceso de reformas: "¡Ojalá lo consigáis!".

También el presidente de Navarra, Miguel Sanz, de UPN-PP, ha mostrado su disposición a reformar el estatuto de su comunidad para eliminar la disposición transitoria cuarta que vincula Navarra con el País Vasco. Y los de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y de Melilla, Juan José Imbroda, ambos del PP, proponen, asimismo, una reforma para que las ciudades autónomas se conviertan en comunidades autónomas.

El Gobierno socialista destaca también el papel del PNV en la ronda de contactos. Su nuevo presidente, Josu Jon Imaz, causó una "excelente impresión" en Rodríguez Zapatero, que ha dicho de él que es "un hombre con el que se podrá llegar a acuerdos". Pero, además, el PNV, un partido tradicionalmente reacio a los foros multilaterales, va a participar en la reforma del Senado y en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes que se celebrará mañana.

También llamó la atención en La Moncloa la "moderación" del presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Josep Lluis Carod, que hizo mucho hincapié en que las reformas territoriales tengan una traducción social. El Gobierno socialista se felicita porque ERC haya postergado el debate sobre el derecho de autodeterminación y la denominación de Cataluña como nación para la recta final del trabajo de la ponencia para la reforma del Estatuto de Cataluña. El Gobierno atribuye el "avance" en este proceso a "la política de diálogo y buen talante" que ha desarrollado Zapatero.