"La reforma no garantiza el pago de las pensiones"

Experto en derecho familiar y miembro de Jueces por la Democracia, José Luis Utrera Gutiérrez, titular del del juzgado de familia número 5 de Málaga ha sido uno de los magistrados pioneros en aplicar el llamado divorcio express en España, destinado a agilizar las rupturas de mutuo acuerdo. Galardonado por el Instituto de la Mujer andaluz debido a su "trabajo por la igualdad", Utrera piensa que la reforma llega con retraso.

Pregunta. ¿Esta reforma cerrará todas las brechas de la vieja ley?

Respuesta. Tenía que haberse hecho en 1990, pero me parece positivo el reconocimiento de la superación de las causas. La mayoría de los jueces teníamos en cuenta la realidad social y no buscábamos culpables: bastaba la pérdida de afecto. Pero hay abogados que siguen utilizándolas.

P. ¿Se agilizarán realmente los procesos? ¿O es escéptico?

R. Se evitarán los dobles contenciosos, pero el problema no son los plazos, sino los medios. Con la ley actual, en Málaga hemos resuelto en diez días procesos de mutuo acuerdo. En Madrid en cambio, se tarda seis o siete meses en dictar un auto de medidas. Si queremos un divorcio de calidad, necesitamos una jurisdicción especial para los asuntos de familia. Y más recursos.

P. ¿Qué le parece la custodia compartida en la práctica?

R. Se está creando un falso debate. La reforma propicia un cambio cultural que implica que las rupturas dejen de ser un campo de batalla, pero no se cuestiona que normalmente son las mujeres las que cuidan a los niños. Hay que reprivatizar el derecho familiar y eliminar el enfoque exclusivamente jurídico. Los jueces necesitamos el apoyo de psicólogos y trabajadores sociales: cuando las cosas están muy enrevesadas hay que mandar a los cónyuges a la mediación para que no deleguen su responsabilidad en el juez respecto a sus hijos. Una vez que se aclaren, el juez resolverá. Lamentablemente, en el anteproyecto se menciona la mediación, pero no se nos faculta expresamente para recurrir a ella. En Cataluña, sin embargo, los jueces de familia están facultados.

P. La reforma anunciada no es perfecta, ¿qué más echa en falta?

R. No se garantiza el pago de las pensiones por los cónyuges que incumplen. Sin embargo, hay informes de Cáritas que demuestran que hay mujeres que, tras la separación, caen en la indigencia por este problema. Tampoco se habla de más recursos para seguir a los hijos y a la familia tras la ruptura. Observo, además, una pequeña diferencia de filosofía respecto al régimen de visitas entre este anteproyecto nacido en Justicia y la Ley Integral contra la Violencia de Género, elaborada en el Ministerio de Trabajo. El anteproyecto tiene un carácter pacificador, señala el derecho de visitas y establece que es la regla general y que la suspensión es una excepción por motivos graves. Eso remite a una posterior valoración judicial de esas causas. En la ley integral, por el contrario, el juez penal puede suspender las visitas de modo automático si hay malos tratos.

P. ¿Insinúa que puede colarse una doble valoración?

R. Puede darse un divorcio de guante blanco en los juzgados de familia, y procesos envenenados en los juzgados de violencia sobre la mujer. en cualquier caso, es un error que los juzgados de violencia doméstica tengan competencias plenas en materia civil. Lo lógico es que los juzgados de familia conozcan los procesos civiles y se coordinen con los juzgados de violencia sobre la mujer si hay malos tratos.