El Gobierno aprueba el martes la ley del Suelo después de tres años de trámites

El Gobierno aprobará en su reunión del próximo martes el anteproyecto de ley de Suelo, uno de los planes más largamente esperado de las dos últimas décadas. Desde la instauración del Ejecutivo autónomo en la etapa democrática, ninguno de los diferentes gabinetes había sido capaz de sacar adelante, ni siquiera a nivel interno, un proyecto de ley sobre el suelo. El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, de Ezker Batua, anunció ayer la aprobación del texto, tras tres años de trámites, y su remisión al Parlamento.

Aunque la recta final de la legislatura se presume intensa con el debate del

plan Ibarretxe y el de Presupuestos, Madrazo está seguro de que la Cámara aprobará el proyecto, convirtiéndolo así en ley, antes de que concluya el actual mandato con la convocatoria de comicios.

Atajar la especulación del suelo por parte de sus propietarios y ponerlo rápidamente en el mercado es el gran objetivo del texto. El gran caballo de batalla actual en materia de vivienda reside en disponer de terreno barato para reducir el coste de la vivienda. En la actualidad, el suelo supone por te´rmino medio casi la mitad del precio de un piso libre en las capitales y las grandes ciudades de la comunidad autónoma.

Su gran complejidad técnica y, sobre todo, los diferentes intereses de los sectores que giran alrededor del mundo de la vivienda, desde promotores hasta ayuntamientos pasando por partidos políticos, habían hecho imposible dar el visto bueno hasta ahora a un proyecto. Quien más cerca de lograrlo estuvo fue el anterior titular de la consejería, Patxi Ormazabal, de EA, que llegó a presentar públicamente un anteproyecto, pero no pasó el filtro del Consejo de Gobierno. Euskadi es la única comunidad que aún no cuenta con una ley de Suelo.

La principal novedad del texto es la introducción del agente urbanizador, una figura que ya existe en otras legislaciones autonómicas de la materia. Sin embargo, el agente urbanizador del proyecto de Madrazo presenta importantes diferencias respecto a otras leyes. Desde la aprobación de la norma, los ayuntamientos ya no tendrán que dirigirse a los dueños de un solar para que lo urbanicen con el objetivo de ponerlo en el mercado, sino que podrán adjudicar este cometido directamente al agente urbanizador, que lo hará más rápido. En las demás leyes autonómicas, los consistorios siguen dirigiéndose en primer lugar a los dueños y si éstos se muestran reacios, es cuando actúa el agente.

La segunda diferencia es que se elimina la junta de compensación, que hasta ahora reunía a los propietarios de un solar y cuidaba de sus intereses. Esta junta a menudo ralentizaba la salida del suelo al mercado, bien porque los dueños no se ponían de acuerdo o por desconocimiento de la materia.