El PSE propone crear un Consejo del Audiovisual con potestad sancionadora

El PSE presentó ayer en el Parlamento una proposición de ley que busca la creación en la comunidad autónoma de un Consejo del Audiovisual similar a los que ya existen en Cataluña y Navarra. La proposición, que cuenta con 19 artículos, tres disposiciones adicionales, dos transitorias y dos finales, concibe la entidad como un órgano-autoridad independiente que actuaría con autonomía orgánica y funcional.

El proyecto prevé la creación de un registro de titularidad de los medios de comunicación audiovisuales y también la obligatoriedad para los operadores de reservar el 10% de su tiempo de emisión a producciones vascas, con especial atención a las independientes y a las realizadas en los últimos cinco años.

El órgano propuesto tendría competencias reguladoras y sancionadoras sobre los contenidos y comportamientos del sector audiovisual, incluida la fijación de medidas provisionales de obligado cumplimiento. Entre ellas figura la retirada de productos y la suspensión temporal de la actividad o de servicios.

Este Consejo sería la "autoridad audiovisual" vasca, encargada de velar por el cumplimiento de la legislación, por el pluralismo interno y externo en los medios y por lograr "una regulación sensata" en el sector que establezca un equilibrio entre la libertad de expresión y el resto de derechos de las personas. Bajo su ámbito de actuación quedarían tanto los medios públicos como los privados y desde las emisoras de radio hasta Internet.

El ente planteado en la iniciativa parlamentaria socialista velaría en especial por el cumplimiento de la normativa reguladora de la programación y la publicidad y de las condiciones para las concesiones de emisoras, así como por la transparencia de la titularidad de los medios y por el pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, incluida la preservación del bilingüismo en la comunidad autónoma.

El diputado socialista Óscar Rodríguez enmarcó la iniciativa en la reflexión impulsada por el Gobierno central y el objetivo de garantizar, en el caso de los medios públicos, "que no estén al servicio del Gobierno de turno". Rodríguez recalcó que su grupo promueve la iniciativa con disposición de "partir de cero" y trata de alcanzar un consenso amplio.

Informes vinculantes

El PSE propone que el Consejo, que podría actuar de oficio o a instancia de parte, esté integrando por un total de siete miembros, entre ellos un presidente con voto de calidad. El Parlamento les elegiría por mayoría de dos tercios entre personas de prestigio contrastado y con experiencia profesional, que deberán ser propuestas por al menos dos grupos parlamentarios y no podrán ejercer ninguna otra actividad paralela que la docencia. Tampoco podrán ser titulares de más del 5% de acciones de empresas audiovisuales.

El mandato del presidente duraría seis años, pero los consejeros se renovarían por tercios cada dos. Entre sus amplias funciones, el Consejo tendría las de emitir informes previos a toda norma para el sector, y esos informas serían vinculantes cuando se trate de concesiones de emisoras de radio o de televisión.

El Consejo vasco del Audiovisual tendría derecho a exigir de los operadores de servicios toda la información que quiera requerirles y él mismo incoaría y resolvería los procedimientos sancionadores con ejecución forzosa y la posibilidad de imponer multas de hasta 1.000 euros diarios. Se plantea también que sea el cauce para las demandas y quejas de asociaciones de espectadores y usuarios, que pueda actuar ante la Fiscalía y ordenar el cese o la rectificación de emisiones de publicidad ilícita o prohibida. El patrocinio y la televenta también serían objeto de su vigilancia.